Desde la Asociación Pensamiento Penal (APP) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al proceso de juicio político y la suspensión del juez Sebastián Sarmiento dispuestos por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza, fundados exclusivamente en el contenido de decisiones judiciales adoptadas en el ejercicio regular de su función.
El juez no fue suspendido por la comisión de un delito, por incumplimientos funcionales ni por conductas arbitrarias, sino por cómo resolvió casos dentro del marco de la ley. Esto constituye una grave afectación a la independencia judicial, que no es un privilegio de los jueces, sino una garantía esencial para toda la sociedad frente al poder punitivo del Estado.
En una democracia constitucional, los desacuerdos con las decisiones judiciales deben canalizarse por las vías procesales correspondientes, como los recursos ante tribunales superiores, y no mediante mecanismos excepcionales de control político. Utilizar el juicio político para revisar el contenido de las sentencias vulnera el principio de división de poderes y debilita el Estado de Derecho.
Las resoluciones cuestionadas fueron dictadas dentro de la competencia legal del magistrado, con fundamentos constitucionales, legales y convencionales, y en algunos casos contaron con dictámenes favorables del Ministerio Público Fiscal o no fueron impugnadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al establecer que los jueces solo pueden ser sancionados en supuestos excepcionales, como conductas dolosas o manifiesta incompetencia, extremos que no se verifican en este caso.
Advertimos que este proceso se inscribe en una preocupante tendencia a disciplinar judicialmente a quienes deciden con independencia, lo que erosiona la confianza pública en la justicia y aumenta la vulnerabilidad de la ciudadanía frente al poder estatal.
Repudiamos el intento de sancionar a magistradas y magistrados por el contenido de sus fallos y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial como condición indispensable para la vigencia de los derechos, la justicia y la democracia.
