Ayer, el TSJ difundió un nuevo análisis en el que se cruzaron diferentes variables para analizar este nuevo antecedente que amenazaba, apenas se conoció, con generar un cambio radical en la Justicia cordobesa, algo que en la práctica hasta ahora no sucedió.

Según ya adelantó La Voz del Interior el domingo 14 de este mes, la anunciada “puerta giratoria” no terminó de cumplirse en Córdoba.

Sólo poco más de 27 por ciento de los más de 900 recursos presentados fueron acogidos de manera positiva. O sea, en menos de tres de cada 10 casos se ordenó una excarcelación de alguna persona detenida sin fallo firme (en proceso o ya juzgado en primera instancia).

Esta catarata de recursos comenzó a llover en los diferentes tribunales de la provincia tras el fallo de la Corte del pasado 5 de marzo, cuando el máximo Tribunal del país ordenó al TSJ rever su habitual negativa para dejar sin efecto las prisiones preventivas.

La resolución de la Corte fue el resultado de un recurso extraordinario planteado por el abogado José Ignacio Cafferata Nores, quien representa a Gabriel Loyo Fraire, condenado por la megacausa del Registro General de la Provincia.

De esta manera, se ordenó flexibilizar las excarcelaciones hasta que los fallos queden firmes.

Según una proyección que se realizó en aquel momento en el Ministerio de Justicia, había entre 800 y mil presos que estaban en condiciones de ampararse en este beneficio. Algo que en la práctica no sucedió.

Proporción

Aunque con relación al número total de beneficiados aparecen como escasos, en proporción, los que más provecho sacaron de aquel fallo fueron aquellos procesados o condenados por los delitos conocidos de manera popular como de “guante blanco”, que hace referencia a los delincuentes que se aprovechan de los recursos públicos o que realizan estafas.

Según este nuevo estudio ahora conocido, en total se concedieron 250 ceses de prisión preventiva ante 903 pedidos.

De estos casos, 23 excarcelados tienen causas penales por delitos “contra la administración pública” o “contra la Fe Pública (falsificación de documentos)”. Representan el 66 por ciento de los 35 recursos de excarcelación presentados por personas procesadas por este tipo de figura penal.

La proporción es mucho mayor en comparación con cualquier otro tipo delito.

Por ejemplo, en causas “contra la propiedad”, la principal que figura en los ceses de prisión presentados, 130 recursos fueron concedidos y 207 denegados (en el 38 por ciento de los casos hubo un fallo positivo).

Otro grupo en el que hubo muchas excarcelaciones fue el de los procesados por “narcomenudeo” (también se tiene en cuenta, en estos fallos, una discusión sobre si es desproporcionado el monto del mínimo de las penas por esta delito). En total, hubo 132 recursos y se ordenaron 51 ceses (38 por ciento).

También intentaron regresar a la libertad 112 personas acusadas de delitos “contra la integridad sexual”, de las que sólo 18 lograron dejar las cárceles (16 por ciento).

Según publicó este diario el domingo 14 de este mes, al momento de evaluar los “riesgos de entorpecimiento de la investigación o de elusión de la acción de la Justicia”, se valora, sobre todo, el factor socioeconómico.

Según la Corte, para considerar que no existe peligro de fuga y se pueda conceder la eximición de prisión se debían contemplar circunstancias personales del acusado o condenado, como la falta de antecedentes penales, residencia estable, familia cercana, trabajo fijo, fianza y haber estado permanentemente a disposición de la Justicia.

Por ello, se vieron favorecidos aquellos condenados por delitos de “guante blanco”, como los procesados en la megacausa del Registro de la Propiedad.

En cambio, con los detenidos sin empleo ni domicilio fijo (por lo general aquellos en la cárcel por homicidios o robos), se supone que al carecer de un arraigo van a tener mayores motivos para intentar escapar de la provincia, por lo que se les niega la excarcelación.

Otros datos

El estudio del TSJ también arrojó otras conclusiones.

El 58 por ciento de las solicitudes fueron presentadas cuando la causa ya estaba en juicio o había una fallo no firme de primera instancia, mientras que el 42 por ciento restante fue interpuesta en la fase de la investigación penal preparatoria.

El 44 por ciento de las mujeres que pidieron la excarcelación lo logró, mientras en entre los hombres sólo fue beneficiado el 27 por ciento.

Huelga de hambre

Bouwer. Un grupo de presos anunció que, a partir de ayer a la mañana y por tiempo indeterminado, estará en huelga de hambre en protesta porque el Tribunal Superior de Justicia no seguiría, según ellos, los lineamientos fijados por la Corte Suprema de la Nación en torno al cese de la prisión preventiva.

Monitoreo. Ayer temprano, los que reclaman, que están alojados en el pabellón MX2, de la cárcel de Bouwer, anunciaron la medida y se negaron a recibir la primera ración del día, según indicaron fuentes del Servicio Penitenciario de la Provincia. Se agregó, además, que por el momento se trata de un grupo “reducido” de internos alojados en ese pabellón y que la protesta no se ha extendido al resto.