La mayoría de los argentinos no confía en sus instituciones judiciales. Pero no es correcto hablar de “crisis” porque un fenómeno que se acentúa año a año no es coyuntural, sino estructural. Por eso, hace falta analizar las causas del descrédito para revertir la tendencia: la República se resquebraja sin un sistema judicial confiable.
Cierto, no es un problema exclusivamente argentino: según el último informe de Latinobarómetro, la satisfacción con el sistema de justicia descendió un tercio en América Latina (del 33 al 20%) en sólo dos años. El Poder Judicial es el menos confiable de los poderes del Estado en casi toda la región, tendencia que se contradice con el paulatino crecimiento de la confianza pública en los gobiernos.
Los fenómenos sociales nunca son lineales. Pero ¿no están entre las causas evidentes la casi invencible lejanía de la Justicia respecto del ciudadano, su manía autorreferente, y la actitud de nunca sentirse responsable de rendir cuentas de nada?
En este marco, celebramos que la provincia de Buenos Aires impulse medidas democratizadoras de la Justicia:
· El juicio por jurados, vieja e incumplida manda constitucional, es la conquista del último espacio estatal cerrado a la participación popular. El jurado aumenta además la calidad de los juicios, al impedir que se transformen en interminables discusiones de abogados sobre actas y expedientes.
· Un sistema de defensa pública autónomo y potente para disminuir los errores judiciales (que dejan impunes a los culpables) y garantizar juicio justo para los más débiles.
· El diseño de una policía judicial, que signifique la creación de un cuerpo profesional abocado a las tareas de investigación penal con control ciudadano para que la policía de seguridad se ocupe de su función específica, la prevención y disuasión del delito.
Si estas medidas avanzan, y se conjugan con una reestructuración de las Fiscalías que transparente la política criminal y las vincule al interés social, y con una renovación del Consejo de la Magistratura, para hacerlo más democrático, ágil y transparente, estaremos por fin comenzando a abandonar el último reducto de la monarquía.
Es fundamental que el debate parlamentario de estas leyes sea abierto y participativo, y no se limite a discursos eruditos. Debate abierto y participativo no significa cabildeos infinitos sino amplia difusión de los temas y espacio para que todas las voces sean oídas, herramientas claves para acercar la democracia representativa a la auténtica participación popular.
Tampoco debemos olvidar que las leyes no son palabras mágicas, no basta con pronunciarlas para esfumar los problemas. Las transformaciones exigen inversión de tiempo y recursos, mediante planes concebidos desde la enorme experiencia que ha acumulado el movimiento latinoamericano de reforma procesal penal. Ni apuro, ni improvisación, ni laberintos infinitos. Afortunadamente, contamos en la provincia con personas e instituciones de acreditada capacidad de gestión transformadora.
La democratización de la Justicia (en especial, de la justicia penal) no es una utopía inalcanzable pero es un tema demasiado serio para dejarlo sólo en manos de los abogados. No entender esto, nos ha impedido abandonar el sistema colonial de Justicia. Creemos que ya es hora de ir por más.
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Guillermo Nicora. Junta Directiva INECIP
