En febrero de 2006, Sebastián –quien prefiere mantener su apellido en el anonimato- se convirtió en el nieto número 82 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, hijo biológico de Adriana Leonor Tasca y Gaspar Onofre Casado, este último oriundo de la ciudad de Azul.

Con posterioridad a tan trascendente hecho, el Director del Diario de Azul “El Tiempo”, Alfredo Ronchetti, el 27 de marzo de 2006, escribió una editorial que generara luego el reproche de la APDH de dicha ciudad –como así también de particulares y entidades, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires-.

Ronchetti expresó en su editorial: “…No es el momento de juzgar cuál debería ser el proceder de los responsables en esa época. Si actuaron bien o mal. Si entregaban los recién nacidos como acto de amor o los dejaban morir junto a quien los había parido. La historia, el tiempo y la conciencia de cada uno juzgará las conductas. Lo único que en estos momentos hay que tener en cuenta, que lo que pasó no debería generar más dolor, ni tiene que ser utilizado como una venganza hacia terceros. Esto quiere decir que hay que ser esclavos de la ley, y actuar con amplitud de criterio y afecto hacia el prójimo…”.

En respuesta a dicho contundente mensaje, la APDH de Azul, presidida por la Sra. Luz Ramallo, resolvió actuar, en ejercicio del derecho constitucional de réplica, enviando carta al Sr. Ronchetti, la cual sería publicada –en el mismo periódico- el 30 de abril de 2006, en la sección Cartas de Lectores.

En dicha oportunidad, la APDH expresó que “…[n]o causó sorpresa a la Asamblea el contenido de aquellos artículos, por cuanto reflejaron intachablemente un pensamiento que la Dirección expone en forma constante desde esa columna, obedeciendo su análisis de la realidad -de todas las épocas- a una ideología concreta, formada, consciente y deliberada de quien en estos treinta últimos años, para delimitar el tema que nos ocupa, ha sido un eficiente comunicador de las ideas defensistas del esquema represivo de la dictadura, con todo su contenido: en fines, propósitos, metodología y resultado…”.

El Director del periódico, a raíz de los dichos de una carta que él mismo decidió publicar en el medio que dirige, inició una querella contra la presidenta de la APDH, y contra el secretario de la misma, el Sr. José Luis Alvarez, la cual, inexplicablemente, avanzó hasta la etapa de juicio oral, el cual tendrá lugar el próximo 19 de mayo.

El querellante parece no haberse visto satisfecho con sus dichos iniciales –en los cuales de un modo u otro excusó o al menos minimizó el accionar de los apropiadores de niños durante el oscuro último régimen dictatorial-, sino que luego, al recibir las más razonables y justas críticas, que él mismo decidió hacer públicas a través del medio que dirige, inició esta insostenible causa penal, que llamativamente ha llegado a etapa de juicio.

De esta manera, nos encontramos frente a una situación en la cual, pese a haberse utilizado la vía correcta –esto es, la réplica en el mismo medio en el que se difundió la editorial-, la presidenta y secretario de la Asociación, Luz Ramallo y José Luis Alvarez, respectivamente, se encuentran hoy sometidos a juicio penal por injurias.

Resulta ello absolutamente cuestionable, en un estado constitucional y democrático de derecho, una de cuyas bases está constituida por el derecho a disentir y a hacer públicos tales disensos.

Ante esta situación, la Asociación Pensamiento Penal expresa su profunda preocupación frente al avance de la causa en cuestión, y advierte lo gravoso que resultaría un pronunciamiento condenatorio en el juicio oral a celebrarse a partir del 19 de mayo próximo. Una alternativa de esas características implicaría una grave afrenta a la democracia y la libertad de expresión, aún más perjudicial que los cuestionables dichos agraviantes del Sr. Ronchetti, que originaran la fundada réplica de APDH que hoy pretende criminalizarse.

No obstante ello, ratificamos nuestra confianza en el funcionamiento de la Justicia, en la convicción del rechazo de la pretensión del querellante

 

15 de mayo de 2008