El fiscal general Julio De Olazábal hizo ayer gala de sus dotes de ecuanimidad, apelando a la prudencia compartida entre ambas partes, para llegar a resolver la polémica suscitada entre el Defensor General Gabriel Ganón y la Corte Suprema, que envió cuatro expedientes a la Legislatura para que investigue su accionar. «Todas las partes deberían haber tenido mayor prudencia, y supongo que así se hubiese podido superar esto», remarcó.
De Olazábal explicó que su «análisis es estrictamente jurídico, sin abordar cuestiones de conveniencia ni adelantando opinión alguna con lo que haya hecho o dejado de hacer el doctor Ganón. La ley 13.014 de creación del Servicio Público de la defensa, dice que para que el defensor general pueda ser sacado de su cargo, se tiene que iniciar un jury contra él, y tiene que ser promovido por un legislador o por el Poder Ejecutivo. La Corte ha considerado desacertada algunas actuaciones de Ganón, y todo lo que ha hecho es remitirle al Legislativo esos antecedentes. Pero ningún legislador asumió el papel de denunciante, se abstuvieron de hacerlo, y solo pasaron los antecedentes al Poder Ejecutivo. Ahora he escuchado al propio gobernador en declaraciones periodísticas decir que ‘en estos temas no se tiene que meter porque no son temas propios de él’. Con lo cual no hay iniciado un procedimiento de remoción, y si nadie asume el papel de denunciante, esto quedaría así, sin mayores consecuencias».
–¿Qué opinión le merece que sea este el inicio del nuevo sistema de justicia penal?
–Este no es un inicio feliz porque uno aspiraba a que esto se desarrollara con mayor claridad y mayor rapidez, pero no hay ninguna institución como el servicio de Defensa o el de Acusación, que puedan crearse sin provocar roces de un lado y del otro. Sin embargo no debo adelantar juicio sobre la incorrección o corrección del rol de la Corte. En ese aspecto es el doctor Ganón, quien en el ejercicio de su defensa, tiene que hacerlo.
–¿Le parece que la figura del Defensor General ha sido manoseada a partir de la discusión pública sobre el rol de Gabriel Ganón?
–Por lo menos a mí no me gusta que se esté llevando a este extremo la discusión, realmente no me gusta. Todas las partes deberían haber tenido mayor prudencia, y supongo que así se hubiese podido superar esto.
–¿Si es poco feliz el inicio del nuevo sistema, qué le pediría al gobierno provincial?
–Creo que hay que estudiar otra forma de implementación del Código Procesal, porque se pretendía hacerlo en toda la provincia al mismo tiempo. Eso es imposible, porque es poner en marcha una maquinaria muy pesada a funcionar en un instante. Tal vez haya que implementarlo por territorios.
–Una de las críticas al concurso de fiscales y defensores fue la pertenencia a administraciones socialistas de varios postulantes. ¿Usted que piensa?
–No hay ninguna inhabilitación legal, no veo que sea alguna falta de ética, en todo caso queda para un análisis político. Suponer que porque uno es juez -yo he sido juez treinta años- no tiene convicción política es absolutamente errado. Los jueces tenemos ideas políticas aunque no estemos actuando activamente en política. Esto no puede ser una regla general.
