El procurador creó una comisión de seguimiento del rol policíal, y aunque se trató de mostrar que existe armonía con la Jefatura, en la práctica hay claras diferencias entre ambas instituciones.
Ante las fuertes disputas entre fiscales y policías por las atribuciones que el nuevo Código Procesal Penal le confiere a ambas partes, el procurador general Mario Bongianino tomó el toro por las astas.
Por intermedio de la resolución 06/12 dispuso la creación de la «Comisión de Seguimiento del Rol Policial», y designó a tal efecto al fiscal general Guillermo Sancho (habría sido pedido por la Mesa de Enlace Rural) y a los fiscales Gastón Boulenaz, de Santa Rosa, y Máximo Paulucci, de General Acha, para coordinar la labor investigativa con la Jefatura.
Lo que queda en claro en el resolutorio es que la policía es auxiliar de la justicia, sin facultades para cuestionar sus procederes. Para amortiguar el choque entre ambas instituciones del Estado -una que depende del Poder Judicial y otra del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Gobierno y Justicia-, la resolución del M.P.F. se apoyó en la disposición 132/11-J de la Jefatura. En efecto, el jefe de la Policía, Ricardo Baudaux, emitió el 6 de diciembre esa disposición para mejorar la «picante» situación, aunque el procurador -en su resolución- recurrió al uso de las facultades que le confiere el artículo 96, inciso 22, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una tirantez evidente.
La experiencia de los fiscales, con la aplicación del nuevo Código, ha mostrado durante el año pasado los múltiples problemas que existen entre el Ministerio Público que ellos representan y la Policía provincial, en el ámbito de la investigación preliminar del delito.
Sin embargo, a la relación entre ambas instituciones siempre se la ha querido mostrar como si no tuviera fisuras, cuestión que ya nadie cree. Está claro que la justicia en La Pampa es lenta, y muchas veces perezosa, pero la policía es su auxiliar y no tiene atribuciones ni para condenar ni para abrir juicios de valor (muchas veces los hace públicos) sobre las causas que se investigan.
Lo concreto es que hay fuertes cruces entre fiscales, autoridades de las cuatro unidades regionales (Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo) y hasta con algunos jueces de control, que han visto avasallados sus funciones por los nuevos y jóvenes fiscales, y han pasado a estar del lado de los altos jefes policiales.
La resolución por la que se creó la comisión de seguimiento busca poner coto a estas disidencias con una guía para controlar el rol policial. Se apunta a que, previamente a la investigación de un delito, se reúna ese equipo de trabajo para decidir conjuntamente las estrategias a seguir (objeto de la investigación, formalidades, empleo de pautas, técnicas, capacitación y medios necesarios para ser eficaces); y que a su vez el fiscal tenga reuniones diarias con la policía para conocer de los avances dentro de los plazos acordados.
La pretendida decisión conjunta de Bongianino y Bodeaux acerca de que el trabajo conjunto es cordial no es creíble, y cada día trabajan más en forma independiente unos de otros.
A partir de marzo, cuando comience a regir la resolución del M.P.F., se limarán las asperezas y se podrán ejecutar y evaluar las investigaciones según una programación preestablecida de objetivos y actividades, lo que sin dudas asegurará transparencia, eficiencia, responsabilidad y eficacia de la tarea de cada uno. Esta polémica saltó con el nuevo Código, ya que ahora los fiscales dejaron de esperar pasivamente la investigación preliminar que hacía la policía y son ellos los que toman las decisiones.

El fiscal del campo.
En octubre de 2011 la Comisión de Enlace puso en tela de juicio la decisión del fiscal Rivarola de no mandar a detener a dos abigeos que cruzaron disparos con la policía en Toay. Según fuentes rurales el fiscal habría llegado a un acuerdo con los abogados defensores (Carlos Pérez Funes y Vanesa Ranocchia) para que permanecieran en libertad hasta el día del juicio, aunque autoridades judiciales negaron esa versión.
Lo concreto es que el 22 de noviembre, en el predio de la Asociación Agrícola Ganadera, estuvieron reunidos dirigentes ruralistas con jefes policiales de la División de Seguridad Rural, fiscales y productores de la zona. El tema clave, que ya había sido acordado en la reunión de cuatro días antes en la Asociación de Fomento y Rural de Realicó, eran los hechos de inseguridad y vandalismo rural: abigeato, furtivismo y las cada vez mayores contravenciones a la Ley de Caza.
Allí se solicito una reunión con Bongianino y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Pedro Goyeneche, para reforzar las patrullas rurales y se gestionaron mayores controles ante la proximidad de las fiestas de fin de año. Además surgió la posibilidad de que se nombre a un fiscal para que se encargue de los delitos rurales, aunque desde el Poder Judicial relativizaron que sea «tiempo completo» para esa función.
Las entidades apoyaron la propuesta, confirmada con el nombramiento de Sancho como integrante de la comisión de seguimiento. El, Boulenaz y Paulucci deberán coordinar la labor de investigación con la Policía habida cuenta de la notificación realizada a las fiscalías y a la Jefatura.

Fuente: http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-bongianino_le_pone_freno_a_la_policia-70851-115.html