El millonario reclamo, por tener presos a cinco personas sin pruebas y torturarlos en diversas dependencias del país, es de 3.8 millones de pesos. «La demanda está recién iniciada pero la causa quedó archivada», sostuvo el letrado. Y acusó a los efectivos de asesinar al jornalero.
Cinco de los presos que fueron acusados y condenados por el asesinato de Juan Carlos Canale, jornalero de General Acha, efectuarán un reclamo millonario como indemnización por «daños y prejuicios» al Estado pampeano. El abogado defensor de los acusados y posteriormente absueltos, Omar Gebruers, le dijo a LA ARENA que se presentó en las primeras horas de ayer una demanda al Estado, al Poder Judicial y al Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa por un monto estimado en 3.8 millones de pesos.
«La demanda se efectuó por acusar a estas cinco personas de un hecho tan grave, y que fue caratulado
como homicidio agravado con alevosía», especificó el letrado. Y disparó: «Nunca hubo pruebas de semejante delito y en ningún momento se investigó a los policías de General Acha».
Durante el transcurso de la entrevista con este medio, el abogado sostuvo que, otras de las causas por la cual se demanda al Estado, radica en que los acusados también fueron sometidos a juicio durante siete años. «Tenemos en cuenta que estuvieron presos, y que además sufrieron torturas en la comisaría de General Acha, Unidad 4 de Santa Rosa, Unidad 9 de Neuquen, como así también en la cárcel de Rawson, Ezeiza y Chaco.
Entre otros temas relacionados a la causa, Gebruers recordó que las cinco personas mencionadas (Andrés Tressen, Miguel Ángel Rodríguez, Gustavo Alarcón, Andrés Cheade y Pedro Andrés Roveda) «quedaron absueltos por una sentencia firme». Según el letrado, la demanda está recién iniciada pero la causa quedó archivada. «Nunca se investigó a los efectivos de General Acha, quienes fueron los que mataron a Canale», completó el abogado.

Policías.
Canale fue muerto a golpes en el 2002. En un principio, las autoridades judiciales apuntaron a Tressen, Rodríguez, Alarcón, Roveda y Cheade (que estuvo tres meses preso por este caso y luego fue desvinculado de la acusación). Los cuatro restantes, en tanto, fueron condenados y estuvieron presos durante cuatro años y nueve meses sin embargo la Corte Suprema de la Nación ordenó un nuevo fallo por lo que se comprobó que fueron condenados sin pruebas y quedaron libres.
En un nuevo juicio, se condenó a un grupo de policías pero por «negligencia» en el momento de cuidar a la víctima. Se ordenó investigar a los uniformados pero el juez achense Manuel Álvarez no los acusó del asesinato del jornalero ya que les apuntó a «negligencias en la alcaidía». El magistrado determinó absolver a los seis policías involucrados en el caso. Por pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Impugnación Penal, instancia lograda precisamente por este caso, revocó parcialmente en agosto del 2010 la resolución del Juzgado de Instrucción 1 de General Acha.