Las sospechas de irregularidades son cada vez más fuertes dentro del ámbito del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa). Es que la institución, que debe trabajar en la resocialización de los menores en conflicto judicial, parece no funcionar con demasiada normalidad, por actitudes de los propios funcionarios del área de Bienestar Social y sus extrañas decisiones.
Una nueva denuncia llegó en las últimas horas a LA ARENA. Se marcan en la misma ciertas irregularidades que tienen como protagonista al subdirector de la institución estatal, Rubén García, y al ministro Gustavo Fernández Mendía por su pasividad en los temas relacionados con los menores que están internados allí.
El Ipesa es una institución creada durante la gestión del actual senador Carlos Verna, mediante la Ley 2116, y que además ha encontrado muchas deficiencias en su funcionamiento, con irregularidades denunciadas principalmente por familiares de los internos. La función del organismo público es trabajar en la contención, protección y la posterior reinserción en la sociedad de los menores, que están institucionalizados por orden judicial y en conflicto con la Ley Penal.
La denuncia pública señala que, el 22 de mayo de 2010, el titular de la dependencia estatal, García, habilitó con su firma «el ingreso sin autorización judicial, a dos adolescentes, quienes pertenecen al Hogar de Varones y tienen medidas asistenciales». Se afirma, en este sentido, que así se constituye «lisa y llanamente una situación de privación ilegitima de la libertad, transgrediendo los tratados internacionales y la Convención Internacional de los Derechos del Niño».

Policías.
El instituto pampeano tuvo su última acusación por irregularidades cuando el titular de la dependencia posibilitó el ingreso de policías retirados a la entidad para trabajar con los menores con conflicto con la justicia. La función de estos hombres es la de operadores socializadores.
García había mencionado, en su momento, que los ex efectivos de la policía realizarían sus actuaciones en el establecimiento hasta el regreso del personal que se encontraba de vacaciones, algo que no se habría cumplido realmente. Estas personas cumplen sus funciones con remuneración mensual, en condición de monotributistas, «violándose así por parte del Estado provincial la Ley 2116». «Los operadores que se encontraban de vacaciones -sigue- se reintegraron a sus tareas habituales y los ex policías aún en el mes de marzo continúan prestando servicios en el Ipesa. Esto confirma que García está de acuerdo con la actual gestión de implementar con el tiempo un sistema carcelario», menciona la denuncia. Señalan que así «existe la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Violencia.
El jueves 1º de marzo, a las 9.50, un menor alojado en el sector sur del edificio habría agredido a un operador con una «faca» apuntándole al cuello y al abdomen, y sin mediar consecuencias con arma en mano se dio a la fuga; el menor depende de un juez de General Pico, y el operador herido sería Diego Mollo, según se desprende de la denuncia.
La nota enviada a este diario también indica que actualmente existe un clima de improvisación dentro del propio instituto de resocialización, porque «por ejemplo se incorpora personal policial que ya se sabe no puede convivir con los menores institucionalizados en el Ipesa, exponiendo a todo el persona a un conflicto latente, que terminará siendo grave».

Peligro.
La nota, por otro lado, menciona cierta preocupación porque se habrían cambiado los colchones ignífugos que estaban destinados a los menores por otros de goma espuma, algo que acerca a los funcionario a una metodología de trabajo «que no tiene en cuenta el acompañamiento, el cuidado y la preservación de la integridad física de los menores, lejos del cumplimiento de la Ley 2116 y su reglamentación por el Decreto 644/05».
Los colchones ignífugos, que no son inflamables ni tóxicos, tendrían un valor mayor al de los otros colchones. Este sería uno de los motivos principales por el cambio que podría generar importantes inconvenientes y graves consecuencias ante un mínimo accidente. Sobre esto, el denunciante indica que si uno de los internos armó una faca para amenazar a las autoridades, también podría ocurrir «una tragedia».

Discriminación a operadores
Rubén García, director del Ipesa, había señalado en LA ARENA que él no contrata y no echa al personal. La denuncia indicó que el titular del organismo «debe recordar que él mismo convocó a ex operadores socializadores con cinco años de experiencia en el trabajo con menores, les pidió que se inscriban como monotributistas y cuando comenzaron a trabajar les exigió el título de operadores», algo que no tenían con lo que no pudieron realizar aquellas tareas. En el escrito se identifica el caso de Fabián Molina, quien adeudaría en aquel momento una materia para llegar a finalizar con el curso de operador.
Denuncian, de esta forma, ciertos «acomodos» políticos porque al tiempo de aquel episodio ingresaron al establecimiento ex policías. «Es discriminatorio», agregan.

http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-ipesa__denuncian_que_entran_jovenes_sin_orden_judicial-71860-115.html