La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez lanzó, acompañada por funcionarios provinciales, desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno una campaña nacional contra la tortura.

Stella Maris Martínez, brindó una conferencia relacionada con la campaña que tiene como objetivo fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y sanción, así como sensibilizar a la sociedad en contra de esta práctica.
Esta Campaña Nacional se inició en ocasión del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. Por este motivo, el Ministerio Público de Defensa, en conjunto con otras instituciones estatales, organismos de la sociedad civil y organizaciones internacionales llevan adelante estas acciones en defensa de los derechos humanos.

La funcionaria nacional estuvo acompañada en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por el ministro de Coordinación de Gabinete, Ariel Rauschenberger; el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes y otros representantes del Poder Ejecutivo, ante un auditorio integrado por distintas organizaciones locales.

Funes dijo que “este encuentro tiene que ver con los ideales del humanismo y la dignidad humana. Celebramos este lanzamiento en nuestra provincia, que se inició en marzo de 2013, al conmemorarse el Bicentenario de la conocida Asamblea del año 1813 que estableció entre otras medidas fundamentales, la abolición de la tortura sus  elementos de uso”.

“Apoyamos esta iniciativa porque consideramos que la tortura, los tratos inhumanos o degradantes que afectan a la condición humana no deben tener cabida en un estado democrático, en un estado de derecho” dijo el funcionario.

Asimismo consideró que “en 2013 celebramos 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y por ello la defensora General de la Nación ha manifestado que la deuda más grave es la persistencia de la tortura que se ejerce de manera sistemática y cotidiana en nuestro país. Consideramos que el estado de derecho de una sociedad democrática debe reaccionar ante fenómeno sin tolerancia alguna, porque son prácticas degradantes de la condición humana”.

Además, el estado argentino suscribió convenios internacionales para la eliminación de la tortura adoptada en la década de 1980, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos. La Argentina se ha comprometido ante la comunidad internacional a cumplir con los objetivos allí previstos en defensa de los derechos humanos y de las personas privadas de libertad, que no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estado y ética

La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez precisó entre otros conceptos  que el estado no puede valerse de medios ilícitos nunca “el estado debe ser un paradigma ético”, dijo.

Amplió este concepto diciendo con respecto a la tortura que a veces se la utiliza para obtener supuestamente información, “información que muchas veces es falsa porque una persona sometida a violencia extrema no es confiable, y si llegara a tener algún efecto y fuera incorporado a un proceso judicial, debería anularse por la jurisprudencia pacífica que señala que no se puede obtener información por estos medios porque -ratificó- el estado no puede valerse de medios ilícitos nunca, el estado debe ser paradigma ético, por lo cual, aunque se obtuviera algún resultado, eso sería finalmente anulado y nunca se arribaría a una condena sobre estas bases”.

Pero además de esa tortura que sería inútil -prosiguió- “existe otra tortura que es la tortura para disciplinar. Es la que se usa en las cárceles  o en los neurosiquiátricos: golpear para doblegar la voluntad”.

 

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