El juicio debió realizarse días atrás en la Cámara 1, pero no se hizo porque el original del documento supuestamente falseado nunca estuvo en el expediente. Debió ser entregado por la Dirección General de Personal.
En el Estado pasan cosas que si sucedieran en el ámbito privado seguramente sería causal de despido. Pero el Estado otorga beneficios tales como que un médico acusado de fraude sea absuelto porque, al momento del juicio oral y público, la prueba clave en su contra no estaba… porque el propio Estado provincial nunca la entregó.
Esto ocurrió hace unos días en la Cámara en lo Criminal 1 en el inicio del proceso contra Hugo Cruse, por los delitos de adulteración de instrumento público agravado y fraude a la administración pública en su condición de empleado público.
La acusación contra el médico retirado, nacido hace 57 en Jacinto Arauz, era que «habría suprimido con corrector líquido lo que la directora del hospital de Bernasconi (Mónica Etcheverry) escribió en la planilla de horarios perteneciente al imputado, y además las habría escrito y modificado en distintos días». Por ello habría cobrado días que no trabajó, ni tampoco los habría justificado con la presentación de certificados médicos.
Sin embargo, en el arranque del juicio, su defensor, Juan Carlos Resia, planteó previamente que se declarara la nulidad de la declaración indagatoria de Cruse, tomada durante la etapa de instrucción, porque en el expediente no estaba incorporado el original de la planilla que supuestamente había adulterado y que era la base de la acusación fiscal. Adujo que, en caso contrario, se afectaría su defensa en juicio y el debido proceso.
Ante ello, el fiscal de la Cámara, Jorge Marcelo Amado, le dio la derecha y aceptó que era imposible, mediante una fotocopia, determinar si Cruse había o no adulterado el documento público. Por eso no lo acusó y pidió que sea absuelto. Frente a esa petición de Amado, y atento a la falta de acusación, los jueces Alejandra Ongaro, Elvira Rossetti y Miguel Gavazza fallaron por la absolución.
La causa se inició el 29 de diciembre de 207 y fue instruida por el juez de General Acha, Alvaro Reyes. Como fiscal de la instrucción actuó Hugo Vercellino, actual defensor oficial. Fuentes ligadas a la investigación aseguraron ayer que el original de la planilla «nunca figuró en el expediente» pese a que el Juzgado de Instrucción 2 lo requirió en más de una ocasión a la Dirección General de Personal, que funciona en la Casa de Gobierno. Por eso, tampoco, nunca puso realizarse una pericia caligráfica.
Cruse, que fue director del hospital de General San Martín y presidente del Concejo Deliberante de esa localidad por el justicialismo a mediados de los ’90, apeló el procesamiento dictado por Reyes, pero el Tribunal de Impugnación Penal lo confirmó y por eso se llegó al juicio. El TIP también había rechazado la nulidad que ahora la Cámara 1 admitió.