Ese lugar alberga alrededor de 500 reclusos y desde el año pasado hasta el momento se llevan presentadas una decena de causas provenientes de inspecciones que detectaron torturas y condiciones irregulares de detención, denigrantes para la integridad humana.
El requerimiento judicial al que accedió NORTE tiene nueve firmantes: Abel Darío Córdoba, fiscal de la Procuración General de la Nación subrogante a cargo de la Procuvin; Roberto Cipriano García, coordinador del Área Lugares de Encierro de esa misma dependencia; Patricio Nicolás Sabadini, fiscal federal de Primera Instancia de Resistencia; Carlos Martín Amad, fiscal general subrogante ante la Cámara de Apelaciones; Federico Martín Carniel, fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal; Gonzalo Javier Molina, defensor ante el Juzgado Federal de Primera Instancia y ante la Cámara Federal de Apelaciones; Juan Manuel Costilla, defensor ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, todos de Resistencia; Mirta Liliana Pellegrini, defensora ante el Juzgado Federal de Corrientes; y Mario Federico Bosch, presidente del Comité Provincial contra la Tortura del Chaco.
Por denuncias de torturas y malas condiciones de alojamiento, fiscales y defensores de la justicia federal presentaron un hábeas corpus colectivo para proteger los derechos de todos los internos de la U7.Entre varias medidas inmediatas (cautelares urgentes), como la clausura de los Pabellones 1 y 2 hasta tanto se hagan reformas estructurales, le piden al magistrado federal que se constituya en el penal federal para que realice una inspección ocular de las condiciones de detención y se entreviste con detenidos alojados en los distintos pabellones. En especial, le solicitaron que se constate las condiciones y régimen de los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 y 14 y el estado de sus celdas y espacios comunes.
Detalles del pedido
Enumerando varios artículos constitucionales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos (Cadh), así como también Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas y la Constitución del Chaco, fiscales y defensores solicitaron a Skidelsky “un pronunciamiento que ordene el cese del agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones de detención que padecen los internos”.
Luego resaltaron que la presentación y su amplitud “constituye un procedimiento ágil y desformalizado destinado a reparar de inmediato la situación de todas las personas alojadas en el centro de detención”. Y también proponen la búsqueda de “una instancia de ejecución en la que, a través de un mecanismo de intercambio de propuestas entre todos los actores responsables, se determine el modo en que pueda hacerse efectivo el cese del agravamiento de las condiciones de detención”.
En ese contexto, cinco puntos son los que detallan el pedido, entre ellos la resolución “con carácter urgente” de las medidas cautelares solicitadas y que se dé curso a las restantes a partir de la creación de una mesa de dialogo; la habilitación de una “mesa o instancia de trabajo con todos los interesados, a fin de discutir y consensuar medidas adecuadas para subsanar los problemas estructurales verificados, conforme los temas planteados en el presente y los que pudieren surgir durante su tramitación”, y finalmente que se haga lugar a la acción interpuesta, disponiendo el inmediato cese de las condiciones de detención que importan un agravamiento ilegítimo de las mismas, y su reparación.
Luego resaltan que, por encontrarse involucrados derechos y garantías reconocidas constitucionalmente, formulan expresa reserva de la cuestión federal para resolver al respecto. Y adelantan de igual forma que, si la solicitud no prospera, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
