Las instituciones mexicanas están divididas respecto a la reforma de la polémica figura jurídica del arraigo. Mientras que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal discute estos días su eliminación y sustitución por otro modelo, los diputados federales planean aprobar una versión descafeinada de esta figura propiamente mexicana que permite que alguien pueda estar “arraigado” (detenido) durante 40 días prorrogables a otros 80 sin necesidad de que haya pruebas de su culpabilidad. Las asociaciones de derechos humanos en México llevan tiempo pidiendo su desaparición total puesto que consideran que es una fuente de abusos para los ciudadanos.

Esta práctica, que originariamente solo se pensó para casos de nexos con el crimen organizado, ha tomado especial relevancia a partir de 2008 y se aplica en otro tipo de delitos como homicidios o secuestros. La Procuraduría General de la República calcula que desde ese año hasta 2012, unas 7.000 personas han sido arraigadas después de ser detenidas y de obtener la aprobación de un juez, que es quien tiene que dictar la orden.

“Uno de los grandes problemas es que los jueces pueden firmar las órdenes sin necesidad de que se presenten pruebas de que existe conexión con el crimen organizado. Pueden ser solo sospechas, lo que deja a los ciudadanos en un estado de auténtica vulnerabilidad”, asegura Daniel Joloy, coordinador del área de incidencia internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “Además, no está siendo un arma eficaz para luchar contra el crimen”.

Los datos de la Procuraduría apuntan en esa dirección y señalan que en estos cuatro años, el 90% de los arraigados han tenido que hacer frente a un proceso judicial pero solo un 3% ha recibido sentencias condenatorias. El resto han sido puestos en libertad sin ser declarados culpables y después de haber pasado semanas o meses en una especie de ‘limbo legal’. Y sin recibir ninguna reparación a cambio, como denuncian las organizaciones que piden que sean compensados conforme a la Ley de Víctimas.

Varios organismos internacionales han denunciado esta práctica y han recomendado a México que la haga desaparecer, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados de Yucatán, Oaxaca y Chiapas ya lo han eliminado y se espera que Distrito Federal sea el siguiente después de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentara la semana pasada una iniciativa en ese sentido.

Sin embargo, las organizaciones civiles alertan de que se produzcan ‘miniarraigos’ con los cambios legales y no se solucione el problema de raíz. La reforma que se estudia en la asamblea capitalina sustituir el arraigo por una “detención de control judicial” que reduciría los plazos a cinco días prorrogables a otros cinco. En el caso del texto que votarán los diputados mexicanos, el arraigo será de 30 días que pueden extenderse a 15 más.

“Esta figura jurídica viola derechos como la presunción de inocencia y la libertad de circulación”, explica Silvano Cantú, del Instituto para la Seguridad y la Democracia. “La reducción de los plazos no reduce el riesgo de abusos que se producen en especialmente en los primeros días. Es como dar una carta blanca a la tortura”.

Sus palabras hacen referencia a unos datos escalofriantes: los que presentó el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU tras su visita a México donde corroboró que aproximadamente la mitad de los detenidos en el centro de arraigo nacional de DF presentaban lesiones de origen reciente cuando llegaron a esas instalaciones.

El arraigo pasó a formar parte de la Constitución mexicana con la reforma de 2008 y como parte de la estrategia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. En otros países del mundo no existe una figura similar aunque a veces se pone como ejemplo el caso de Reino Unido, donde se puede retener a una persona hasta 14 días en casos de terrorismo.

Algunas organizaciones internacionales como Human Right Watch y Amnistía Internacional también han solicitado la desaparición total de esta figura. José Miguel Vivanco, director para la Américas de HRW hizo un llamamiento la semana pasada a los diputados para eliminar el arraigo. “La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficiente y profesionales, y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar completamente el arraigo de la Constitución”, aseguró.

Incluso el procurador (fiscal) general, Jesús Murillo Karam, insistió recientemente en que reducir los plazos “obligará al Ministerio Público a forzarse, a meterse profundamente en una averiguación, de manera que pueda probar la culpabilidad o que pueda probarse la inocencia, que también es tarea del Ministerio público”. La idea la comparte Daniel Joloy: “El arraigo pervierte todo el sistema de justicia: te detienen para investigarte y no al revés, como debería ser. Antes de que se garantice que eres inocente, ya te están definiendo como culpable”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/29/actualidad/1367270372_448630.html