En el aire hay aroma a café. Y un clima de bar en un martes sin partido. Marcelo Caponio, de traje oscuro y con una escarapela en la solapa, cuenta con entusiasmo el run run de su reciente viaje a Sucre junto a una comisión legislativa. Desde la cabecera, Gerónimo Vargas Aignasse, vestido con un pantalón y una remera informal bien combinados, escucha con atención el ameno relato de su compañero. Silvia Elías de Pérez, única mujer y única radical de la mesa, hace aportes de interés, colaborando con la charla. Fernando Juri, que siempre luce como en los afiches, demuestra su experiencia cada vez que interviene. A José León también le gusta darle letra a la conversación con sus modales bonachones.
Son las 18.15 del viernes cuando José Teri entra a la sala de la comisión de Seguridad y Justicia. Saluda a todos con efusividad y simpatía, justificando el mote de «Loco». Se sienta. Con él han alcanzado el quórum (sólo falta Gregorio García Biagosch, que está de viaje). Vargas Aignasse, que preside el grupo de trabajo, interrumpe el diálogo amistoso y enuncia, con tono aséptico, la primera frase de la reunión.
-La idea es formalizar la propuesta de la participación de diferentes sectores de la sociedad. He hecho una ronda informal de invitaciones, para ver quiénes eran los interesados. Me llamó la atención para bien el entusiasmo de las universidades.
– Perdón, Gerónimo -intercede Juri-, ¿estamos hablando del Código de Contravenciones o de la seguridad en general?
– De las contravenciones policiales-, responde el ex diputado nacional.
Fue en ese momento cuando la Cámara comenzó a tratar, en la mesa chica, los primeros pasos de la reforma de la ley 5.140.
Obrar en contra
La norma en cuestión fue elaborada en 1980, durante la dictadura militar, y enumera una serie de conductas que son consideradas contravenciones (contravenir es «obrar en contra de lo que está mandado», según la RAE). La autoridad de aplicación es la Policía, que arresta, investiga y sanciona al presunto infractor. Por lo general, la Justicia toma conocimiento varias horas después de que se ha privado de la libertad a una persona por estas faltas, ya que no configuran delitos.
Un ejemplo es cuando alguien genera disturbios en la vía pública. Eso hizo un joven en 2005, luego de un partido de fútbol en «La Bombilla», y terminó en un calabozo. La Policía aplicó la ley 5.140.
En el caso intervino un equipo de la ONG Andhes, que ya venía analizando este tipo de episodios. Apelaron el dictamen del jefe de la fuerza, llegaron con su reclamo al entonces juez de Instrucción Alfonso Zottoli (hoy es camarista) y pidieron por la inconstitucionalidad del proceso. El magistrado les dio la razón. La causa siguió su curso hacia los tribunales superiores. El Poder Ejecutivo, como contraparte, reclamaba la aplicación de la ley. Era evidente que cambiar el Código (que ya tenía 25 años de vida y uso) no era del interés del Gobierno provincial en aquel momento. Y primero tuvo suerte, porque la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) le dio la razón. Pero en octubre de 2010 tuvo que resignarse a replantear las cosas, cuando el máximo tribunal de la Nación emitió un fallo marcando los puntos inconstitucionales de ese proceso, en el que el jefe de Policía es juez y parte, el individuo no tiene derecho a defensa letrada ni a juicio oral, y la Justicia empieza a jugar cuando el partido ya ha terminado.
Ahora, la intención es cambiar la ley 5.140. Vargas Aignasse, desde hace algunos meses, había comenzado a convocar a distintos sectores especializados en el tema, asegurando que era un objetivo de la comisión para este mandato. A su vez, el también alperovichista Caponio ya tenía su propio proyecto de ley. Buscó el aval de algunos referentes del bloque Tucumán Crece y envió el texto a mesa de entradas el 18 de mayo. Fue un trago amargo que el ex diputado no pudo digerir. Criticó la iniciativa vía Twitter. Y la polémica aumentó cuando el camporista Jesús Salim anunció que también tenía un borrador, que formalizará en cuestión de días. Ni hablar de la polvareda que levantó el jefe de Policía, Jorge Racedo, cuando reveló que la fuerza enviará su propio texto.
Cinco firmas
En este contexto, Vargas Aignasse decidió convocar a los integrantes de la comisión de Seguridad y Justicia a que se reunieran en la Cámara el viernes último.
«Hay un proyecto de ley para reformar el Código que lleva la firma de cinco integrantes de esta comisión (Caponio, Teri, Juri, García Biagosch y León, todos oficialistas). He estado convocando informalmente a un foro, pero antes de avanzar y atento a lo que dije, quiero ver qué piensan ustedes», anunció el ex diputado.
Los demás integrantes de la mesa respondieron rápidamente que se debía abrir el debate. Fue el primer punto de consenso. Luego empezaron a proponer invitados. Las tres universidades; el Colegio de Abogados de Tucumán; jueces y fiscales; Andhes; la Defensoría del Pueblo.
– Bueno, está bien -interrumpió Caponio-, estoy de acuerdo en que debemos escuchar a todos los sectores. ¿Pero cuál va a ser la metodología del foro?
Vargas Aignasse respondió en seco, pero sin ir al choque.
– Escuchar. Vamos a escuchar qué posiciones tienen. Quizás digan que hay que corregir determinados puntos respecto de la Constitución; quizás emitan alguna opinión sobre el espíritu que debe tener la nueva ley?
– Pero considero que el debate debe apuntar a algo específico-, replicó Caponio.
– Todos los invitados conocen el tema. Hay puntos que son discutibles, como si tomaremos las contravenciones como faltas sociales o como cuasidelitos. Porque uno de los proyectos (sólo hay dos presentados, y uno es de Caponio) determina sanciones de cuasidelitos, como el arresto, cuando el propio Código Penal prevé delitos excarcelables.
El clima no llegó a enrarecerse porque Elías de Pérez intervino rápido.
– Apoyo un foro lo más grande posible. Si sancionamos leyes forzadas vamos a fracasar. Contá conmigo, esto vale la pena, Gerónimo-, dijo la radical. El peronista le agradeció el gesto.
León apoyó a Caponio.
– Hay que hablar de cosas puntuales con cada estamento-, dijo el primo del gobernador.
Juri lanzó una pequeña bomba que tenía guardada.
– Yo tengo un proyecto para un Código de Contravenciones casi terminado. Pero no lo presenté por esta cuestión mediática, de que se decía que estamos todos peleados. Cada integrante tiene derecho a aportar su iniciativa.
– ¿Cómo que tenés un proyecto? ¿Vos no firmaste el de Caponio? -, le preguntó Vargas Aignasse.
– Sí. Yo lo firmé también. El suyo llegó primero, lo apoyé y quizás yo también presente el mío. Quizás no. Quizás lo termine llevando sólo al foro de debate.
Entonces, apareció en la sala, agitado, Ariel García, que no pertenece a la comisión de Seguridad y Justicia, pero no quería perderse la reunión. Sucede que, en diciembre, el radical hizo un proyecto de ley para modificar el Código vigente, pero nunca fue tratado.
La discusión siguió en buenos términos. Plantearon la necesidad de un cronograma, que seguramente tendrá a las universidades como primera fuente de consulta. Incluso, valoraron el aporte que hará la Policía, y Vargas Aignasse reconoció haber conversado con el ministro de Seguridad,Mario López Herrera, sobre este tema hace algunos días. Teri recordó la importancia de convocar fiscales y jueces, y advirtió sobre los peligros de que la discusión del foro se diluya. García fue mucho más allá, y recordó la aparición del Parlamento del Pueblo, que se realiza en forma paralela al Parlamento del NOA; allí convergen los grupos que no se sienten representados por la agenda oficial.
– En la medida en que nosotros respetemos el debate eso no va a pasar-, se esperanzó Vargas Aignasse.
El plan para reformar el Código de Contravenciones ya está en marcha. En ocho días, cuando comience a organizarse el foro de debate, empezará la parte más compleja y encendida del debate. Y es una discusión que, en algún momento, debe llegar al recinto de la Cámara.
