Luego de fracasar en su intento de echarlo, la Procuración bonaerense sancionó con un mes de suspensión sin goce de suelo al defensor oficial de San Martín, Juan Manuel Casolati. El funcionario quedó en la mira de la procuradora María del Carmen Falbo por denunciar las condiciones de detención en la provincia. Casolati se defiende: «Quiere amedrentarme para que deje de revelar los atropellos que se cometen a diario en las cárceles e institutos de menores. En la provincia la justicia no existe y el poder judicial en general es una escribanía de los poderes corrompidos.»
Eran las ferias judiciales de invierno de 2009 y estaba en plena vigencia el debate de la baja de la edad de imputabilidad, cuando Casolati invitó a un periodista al Instituto de Menores Almafuerte en La Plata para describir la situación de los adolescentes alojados.
«Los niños que hoy son peligrosos es porque antes estuvieron en peligro y el Estado nada hizo por ellos», fue una de las declaraciones que el defensor de San Martín brindó en la nota que se publicó en Clarín.
Por esos días, Casolati estaba de licencia –como la mayoría de los funcionarios judiciales de la provincia– y asistió al centro de menores en su carácter de presidente de la Fundación Comprometerse Más, que trabaja con chicos en riesgo, y como director de dos comedores infantiles y una guardería en el barrio San Blas de San Miguel.
«En la nota se identificó a un menor y se publicó una foto pero después el periodista que la escribió, Gerardo Young, aclaró ante la Procuración que la foto la había sacado de manera oculta, sin permiso y que desoyó cuando le pedí que no mencionara a los menores», explicó Casolati a Tiempo Argentino.
«Luego de la visita, quedó en evidencia que el juez y el defensor oficial no sabían nada de él hacía casi un año y que el psicólogo no lo visitaba hacía dos meses», agregó el defensor.
La procuradora entendió que Casolati había cometido «una falta de suma gravedad» y le solicitó a la Suprema Corte bonaerense la «exoneración» del defensor de San Martín. Es decir, su expulsión.
El año pasado, la máxima instancia judicial de la provincia indicó que esa medida era excesiva y echó por tierra varios de los argumentos esgrimidos por Falbo.
Al mismo tiempo, devolvió el sumario administrativo a la Procuración para «que aplique, siempre y cuando así lo considere, una sanción de tipo correctiva».
El 28 de octubre, Falbo le cayó a Casolati con la peor de las sanciones que estaba a su alcance: lo suspendió un mes y le quitó el sueldo.
«Interpuse un recurso de revocatoria ante Falbo y otro ante la Suprema Corte porque considero arbitraria y nula la sanción, además de persecutoria”, detalló el funcionario a Tiempo Argentino.
«En caso de ser rechazados los recursos –continuó Casolati– interpondré un amparo con una medida de no innovar porque la sanción afecta no sólo mi labor profesional de inspeccionar los centros de detención, sino también contra mis obligaciones materiales: mi mujer, mis dos hijas y yo vivimos de mi sueldo.» «
