El Colegio de Abogados de Tucumán pidió a la Corte Suprema provincial que los deje acoplarse a la Comisión Interpoderes que elaborará la reforma de la Justicia Penal. La iniciativa se da luego del fracaso de su implementación a través de acordadas.
Desde fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) buscó implementar un plan previo a la reforma de la Justicia Penal a nivel provincial. La idea era llevar a cabo la iniciativa a través de acordadas y los mecanismos administrativos de los que dispone el Máximo Tribunal tucumano, pero por diferentes motivos no se pudo lograr.
Por eso, ahora la propuesta se amplió y se buscó generar una Comisión Interpoderes que buscará lograr una iniciativa en común con representantes de la legislatura y el Poder Ejecutivo para llevar a cabo una reforma integral del Código Procesal Penal de esa provincia.
En estos términos, Antonio Estofán, presidente de la CSJT, ya brindó los nombres de los representantes del Poder Judicial que formarán parte del organismo de trabajo en conjunto, pero al plan original se sumó un nuevo pedido.
Se trata de la solicitud del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), desde donde indicaron que quieren participar de la iniciativa en representación de los letrados de la provincia.
En una carta firmada junto al titular del Colegio de Abogados del Sur (CAS), Diego Eduardo Vals, el representante del CAT, Francisco García Posse, aseveró que «consideramos que la iniciativa de la CSJT es una muy buena base para empezar a trabajar. Y se la puede enriquecer con la participación no sólo de los demás poderes del Estado, sino también con el aporte de otras instituciones».
Al mismo tiempo, los integrantes de ambos Colegios consideraron que en la discusión también deben intervenir los miembros de la Asociación de Magistrados y del ámbito académico en general del mundo del derecho.
El año pasado, cuando surgió la idea de llevar a cabo la reforma, los integrantes de la Corte tucumana decidieron implementar el sistema acusatorio por una acordada en dos localidades provinciales. Pero la Justicia en lo Contencioso Administrativo determinó que ese no era un canal válido para llevar a cabo un cambio de semejante magnitud.
También se había firmado otra acordada en la que se establecía la autorización de un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con la idea de que los integrantes del organismo diseñaran un plan que permitiera la “profundización del sistema acusatorio”.
Pero nada de todo eso pudo ser llevado a cabo debido a la decisión de la Justicia, desde donde se consideró que una decisión de esa índole debía ser tomada en el ámbito parlamentario. Legisladores oficialistas y opositores criticaron a la Corte tucumana, alegando que el Máximo Tribunal provincial se había atribuido poderes que lo excedían.
