La Procuración General bonaerense (la jefatura de los fiscales) viene desarrollando, desde hace varios años, la buena práctica de publicar los datos estadísticos del delito en la provincia de Buenos Aires. Esta información pública permite sacar conclusiones con un grado de aproximación bastante más exacto que la mera intuición o las sensaciones y, fundamentalmente, saber cómo vamos, si estamos mejor o peor en materia de seguridad pública y, sobre esa base, diseñar políticas orientadas a incidir en la cuestión.
En estas breves líneas nos ocuparemos de lo ocurrido durante 2017 en el Departamento Judicial Necochea (Necochea, Lobería y San Cayetano) y, además, comparar los datos con los del año anterior (2016), lo que de un modo relativo (los análisis estadísticos hay que hacerlos con información más extendida en el tiempo) nos permitirá observar la forma en que se ha evolucionado (o involucionado) en diversos aspectos.
El primer dato que salta a la vista es que mientras las causas penales crecieron en 2017 en toda la provincia en un 6,9%, comparado con 2016 (51.533 causas más), aquí sólo lo hicieron en un 0,6% (se registraron 41 causas más que en 2016).
Otro dato llamativo es que durante todo 2017 solamente se registró un homicidio doloso (una persona que baleó a otra ya que su hijo le habría indicado que era quien le había sustraído un teléfono celular), a diferencia de 2016, en que se registraron ocho homicidios de esas características (recordemos que en julio de 2016 un vecino mató a su esposa, a tres de sus hijos y a otro vecino, para luego quitarse la vida).
Respecto de los delitos contra la integridad sexual (violaciones y otros abusos) se registró un leve descenso en 2017 respecto de 2016. Mientras que en 2016 se iniciaron 14 causas por abuso sexual con acceso carnal, en 2017 fueron 11 causas, lo que representa un 21,4% de disminución. Con relación al resto de los abusos sexuales, en 2016 tuvimos 97 causas y en 2017 se registraron 95.
Los delitos contra la propiedad integran casi la mitad de las causas del universo penal, tanto en nuestro Departamento Judicial, como en el resto del país. La situación es variada, ya que si bien se aprecia un aumento del 25,2% de los hurtos (apropiaciones sin violencia en las personas o fuerza en las cosas), se ha registrado un descenso del 22,3% de los delitos de robo. Por su parte los robos con uso de armas (no necesariamente con armas de fuego) se han mantenido en el mismo nivel en 2017 respecto de 2016: 136 en 2016 y 137 en 2017 (un hecho cada 2,66 días). Otro tipo de robos agravados (con escalamiento, con fractura, en despoblado, en banda, etcétera) disminuyeron en un 7,9%.
Las causas por infracción a la ley de drogas (recordemos que la provincia únicamente interviene en casos de narcomenudeo) también disminuyeron en el curso de 2017. Mientras que en 2016 se habían iniciado 595 causas, en 2017 fueron 435, lo que representa una baja del 26,9%.
Los números, concretos y objetivos, indican que siempre se puede estar mejor. De hecho, los guarismos muestran que en 2017 se mejoró en calidad de seguridad, si lo comparamos con 2016. Pero también nos dicen que en nuestro Distrito no estamos tan mal como a veces creemos (obviamente, para la persona o familia que sufre un hecho de violencia, con toda la razón del mundo, pensará que nos encontramos en el peor de los mundos).
La construcción de la seguridad pública es un acto colectivo, con distintos niveles de responsabilidad. Naturalmente, no es la misma responsabilidad la de un funcionario público que el resto de la ciudadanía. Pero vivir mejor nos concierne a todos, cada uno en el ámbito de sus respectivos desempeños. Tratar de ser mejores personas, de hacer de la mejor manera nuestros respectivos trabajos y, fundamentalmente, ponernos en el lugar del otro y reconocernos todos como integrantes de una misma sociedad que necesitamos convivir de la forma más armoniosa posible.