Abrió la puerta del despacho, y ante la sorpresa de El Atlántico, Manuel Fernández Daguerreenseguida aclaró: “Sí, me saqué el bigote porque me aburrió. A mi mujer le encanta, pero mis hijos me lo critican. Yo creo que me hace más joven, no?”. La respuesta, independientemente de su veracidad, le llegó con la debida condescendencia. Para las fotos, el presidente del Colegio de Magistrados posó contento.

La entrevista se prolongó por más de una hora. Fernández Daguerre confió apoyar el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces, aunque consideró vital el otorgamiento de un plus para no reducir los sueldos.

Durante la conversación, aseguró descartar la participación de los funcionarios judiciales en el debate por gestión de seguridad, pero no desestimó la responsabilidad del Ministerio Público en el control de la policía. Reclamó a la Provincia por más presupuesto anual y defendió a viva voz al juez Pedro Federico Hooft, que en los próximos días atravesará un juicio político acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

-¿Qué opinión le merece el proyecto de ley para que magistrados paguen, como el resto de la ciudadanía, el impuesto a las ganancias?

-El proyecto no es nuevo. Esto se debate desde los noventa y siempre se planteó que no se puede vivir de un presupuesto para el que no se aporta. Entonces, creo que el pago de ganancias es una cuestión de equidad. Ningún habitante de la Nación que gane por encima de lo que es la base imponible puede estar exento del pago de ganancias. De hecho, los funcionarios judiciales pagan ganancias, los secretarios de los juzgados pagan. Con lo cual es mayor la inequidad de que los jueces no paguen.
Pero se entiende que no deben pagar porque dentro de las funciones para la independencia del Poder Judicial hay dos cuestiones que son básicas: la inamovilidad, para que no se pueda mover a un juez porque no me gusta cómo resuelve. Y la intangibilidad, para evitar –en pos de sacarme de encima al que me molesta- que los jueces se sientan desalentados con la reducción del salario. Los jueces de la Provincia ganan mucho menos que los nacionales y los de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando a mi me dicen que encima ahora me sacarían un 35% de ganancias, parecería que viola la intangibilidad. Y eso fue lo que dijo la Corte en la época de Menem. Yo creo que no viola la intangibilidad de la Constitución, pero sí creo que habría que recomponer el salario; equiparlo a otros poderes del Estado. Hay jueces que ganan menos que los funcionarios municipales que dictan las resoluciones que ellos revisan. Entonces, acá se creó la idea de que los jueces no sólo ganan mucho sino que además no quieren que los alcance el impuesto a las ganancias. Y no es así.

-¿Está proponiendo, como algunos legisladores de la oposición, el pago de un plus compensatorio para no “quebrantar” la intangibilidad?

-A ver… lo primero que hay que hacer es poner blanco sobre negro: es de toda justicia que los jueces paguen ganancias y es de toda justicia también que los jueces no se vean reducidos sus deberes y ganen menos que otros. Entonces, habría que pensar es cómo compensar, de alguna manera, a los jueces a los que se los quiere incorporar en ganancias. El primer proyecto que hubo era darle un plus a los jueces equivalente al impuesto que tienen que pagar. Son muy pocos los jueces provinciales, el impacto en lo que sería el presupuesto no sería tanto y se acabaría la discusión.

-¿Pagar ganancias es un principio de democratización de la Justicia?

-Brinda equidad, es justo pero no democratizador. Eso es una falacia. El poder judicial tiene que estar inserto en la democracia, en el sistema republicano. Así que el tema de la democratización tiene que ver con el compromiso que los jueces tengamos con el sistema democrático. Pero una cosa es el compromiso y otra que a los jueces los elijan popularmente. Los jueces no tienen que ser ni lo que la gente, ni lo que los medios, ni lo que el Gobierno les pide. Si uno es permeable a eso, no sirve para juez. Junto con la resolución, tiene que firmar la renuncia. Entonces, el Poder Judicial no tiene que ser democrático. Tiene que estar inserto y defender el sistema democrático pero tiene que dictar resoluciones conforme a derecho. Cuando hablan de democratización, parecería que más que democratización, lo que se quiere es sumisión.

-¿Entonces qué implicaría para usted democratizar la Justicia?

-Desde siempre, la justicia estuvo lejos de la gente. La gente no sabe cómo llegar, tiene limitaciones económicas y también culturales. De hecho, en las últimas tres conferencias nacionales de jueces se debatió sobre el acceso a la justicia, cómo acercarse, cómo modificar algunas actitudes que llevan a la gente a visualizar al Poder Judicial como muy parco e inexpugnable. En Mar del Plata, trabajamos para que la justicia sea independiente en la función y humilde y normal en su trato con la comunidad.

-En una nota publicada en un medio nacional, a propósito del debate por la democratización, el juez Mario Portela criticó el actual sistema de concursos, la superintendencia, la falta de equidad en los salarios y el modo en que es elegido el empleado judicial. ¿Coincide?

-Conceptualmente si. Aunque difiero en algunos mecanismos. Yo creo que al sistema de concursos no hay que transparentarlo, porque para mí lo es. En todo caso, hay que evitar algunos vicios. La idea es que lleguen los mejores, y no estoy diciendo los técnicamente más capaces. Porque hay que adicionar mecanismos de gestión, mecanismos de presencia y de valentía, de los que también habló Portela. Un juez tiene que ser valiente. Tiene que decir que es esto lo que cree y hacia allá va. No importa lo que podría opinar el gobierno nacional, el provincial, ni un medio ni una corporación. A decir verdad, entiendo que la discusión por la democratización tiene que ver con la Justicia Federal, que es la justicia que la gente toma como justicia.

RELACIÓN DE PODERES

-Tanto el Ejecutivo como el Legislativo le reclaman al Poder Judicial un cambio, una democratización. ¿Qué les pide, a cambio o por necesidad, el Poder Judicial?

-Nosotros tenemos varias cosas para pedirles. Pero es verdad que el Poder Ejecutivo de Daniel Scioli, en estos cinco años, ha tenido para con Mar del Plata muchos gestos de apertura que nosotros valoramos plenamente. Por ejemplo, la transferencia de las tierras para la Ciudad Judicial. La realización de esa obra es, sin duda, un gran avance en materia de democratización de la justicia.
El Poder Ejecutivo ha tomado resoluciones. Uno siempre le pide un poco más de presupuesto. Hay órganos que no están en funcionamiento, pero reconocemos los problemas que tiene la Provincia por la ley de coparticipación. Hasta ahora, nos respondieron con cuatro juzgados civiles, de los cuales ya se concursaron dos y dos restan concursarse porque hay problemas presupuestarios para el espacio y el personal. Lo que sí se necesitan son dos cámaras civiles, porque ahora tienen que atender en apelación los temas de familia. Ya no son un tribunal, sino individual y son apelables. Se necesita que el Ministerio Público tenga todos los elementos para investigar. Acá se va a dividir el Ministerio de la Defensa con la Fiscalía. Se necesita dotar de todas las herramientas para que realmente haya investigación, haya un funcionamiento acorde de los órganos encargados de perseguir en el Sistema Penal. Y se ha hecho algo ya, pero aún quedan para crear juzgados en el fuero laboral. En general, seguimos necesitando la cobertura inmediata de los cargos; necesitamos que una vacante no tarde dos años en cumplirse.

CRÍTICAS AL MINISTERIO PÚBLICO

-Socialmente, se le reclama al Poder Judicial participación en el debate de la gestión de la seguridad. ¿Tienen los magistrados que intervenir en la discusión?

-No tienen que participar en el debate, porque todo lo que tiene que ver con la prevención, que es el tema principal de la seguridad, está relacionado con la policía y con las medidas sociales para contener a los excluidos.
Yo creo en la necesidad de impulsar una importante reforma policial que, entre otras cuestiones, garantice un buen ingreso a un policía para que no tenga que hacer horas extras y llegar a su función fulminado por todo lo que tiene que trabajar para hacer un sueldo digno. Si el problema que tenemos hoy es la seguridad, sin desmerecer ni al maestro ni al médico, habrá que jerarquizar, formar y dotar también de elementos económicos a nuestros policías. Se gasta mucho en patrulleros, pero no se capacita a la gente. Y tenemos graves casos de corrupción, en quienes tendrían –paradójicamente- que combatirla. Recién cuando esa prevención está hecha, empieza a jugar un estamento judicial: puntualmente, el Ministerio Público. Y ahí tendrá el Ministerio Público que ponerse las pilas para ver de qué manera controla a la policía, que sí es una de sus funciones.

-¿Hoy la controla?

-El Ministerio Público no puede creer como verdad revelada lo que le dice la policía. Hemos encontrado muchas deficiencias entre la versión que viene de un hecho por vía policial y la que traen los testigos.
En lo que tiene que ver con la impunidad, con los delitos no castigados, el Ministerio Público sí tiene que ver, como el Poder Judicial que es el que resuelve. Pero creo incluso que muchas veces no podemos llegar a una sentencia condenatoria por deficiencias en la investigación. Soy un convenido de eso. Y es una disputa que tenemos los integrantes de la jurisdicción con el Ministerio y que tendremos que saldar. Es una deuda pendiente hacia el interior del Poder Judicial.
Pero ojo que hay excelentes fiscales, que investigan y tienen vocación.

-¿Es viable la descentralización de las fiscalías?

-Podría ser. Pero lo tiene que analizar el Ministerio Público en términos de eficiencia. Tras la reforma del 98, en un delito grave, homicidio o robo con arma, el fiscal estaba en el procedimiento a los diez minutos de ocurrido. Sobre todo para cuidar la escena, que en general hoy no se preserva como debiera. Hemos notado en alguna causa que el fiscal en hechos graves no ha ido. En su lugar, manda a algún instructor o secretario.
No sé si es bueno descentralizar, porque no sirve un fiscal dando vueltas en un patrullero, ni estando en una oficina. Pero sí, por lo menos, la presencia inmediata en el hecho. Tiene que haber en forma inmediata un control del procedimiento, para saber que no haya nulidades, como ya pasó con un caso resonante de Balcarce. Y además para llegar a asistir a la víctima, porque el fiscal es el abogado de la víctima. Muchos fiscales son excelentes, en su formación profesional, en su vocación por investigar y en su compromiso con todo esto, pero a veces pareciera que con eso no alcanza. La comunidad tiene que saber que la Justicia no es responsable de la seguridad. Sí es responsable de la impunidad si las cosas no se hacen como se debe. Y tenemos que estar desde el primer momento para evitar esa impunidad.

ALGUNAS DEFINICIONES

Presupuesto y paritarias

“Del presupuesto total de la Provincia, el del Poder Judicial no llega al 5%. Estamos muy por debajo de otros ámbitos, y somos un poder del Estado. La Provincia dijo que el 22% es el techo, y eso sólo sirve para recomponer lo que la inflación se llevó. Vamos a tener un problema muy grave de paritarias”.

Juicios por jurados

“Los fiscales y jueces estamos preparados para un juicio por jurados. Al horizontalizar la decisión, nos sacamos de encima la decisión. Nosotros sólo ponemos la pena. Igual soy crítico por dos motivos. Uno, el presupuestario. Dos, los argentinos somos medio ciclotímicos, y esa ciclotimia en la justicia sería terrible”.

Magistrados maltratadores

“Los hay en Mar del Plata y en Necochea se ha llegado a separar a un juez. Y a mi me parece muy bien. Estamos en una época en donde todo tipo de violencia tiene que ser severamente castigada. A los afiliados, el Colegio dará garantía de defensa procesal, pero nada más”.

UNA DEFENSA A HOOFT

En quince días, Pedro Federico Hooft atravesará un juicio político por delitos de lesa humanidad. Junto a Juan Carlos Hitters, ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Luis Núñez, Eduardo López Wesselhoefft, Héctor Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello, determinarán si cabe, a la espera de un debate oral, la suspensión del juez marplatense.

El Atlántico consultó al presidente del Colegio de Magistrados sobre la causa de uno de sus afiliados. Sorpresivamente, con la respuesta de Fernández Daguerre llegó a la conversación una defensa aHooft.
“Yo soy un convenido, y he tenido problemas por esto, que las imputaciones contra Hooft no tienen fundamento porque no ha sido participe. Y si es una responsabilidad objetiva haber sido juez durante la dictadura, esa decisión debería de alcanzar a todos los jueces y camaristas de esa época. Y por ahora, nadie los involucró. Yo vi prueba que acercó Hooft, que es asociado al Colegio de Magistrados, y que demuestra que su actividad estuvo enmarcada dentro del cumplimiento de las funciones. Algunos plantean que había más para hacer. Pero la pregunta es a qué costo, con qué posibilidades. Yo soy un convenido que los cargos contra Hooft deberían de ser desestimados”.