En los últimos años, los estudios criminológicos sobre seguridad democrática han reconocido la necesidad de incorporar a un actor estatal que históricamente se encontró por fuera de la discusión sobre el delito: los gobiernos municipales.

Dos datos fundamentales explican este cambio de paradigma: por un lado, su inmediación o cercanía con las complejidades territoriales de cada escenario, lo que no puede concretarse con estructuras centralizadas en las capitales provinciales; por otra parte, las posibilidades concretas de intervenir sobre el espacio público, mediante diversas alternativas para modificar la ciudad en miras a reducir las oportunidades de comisión de ciertos delitos.

Los gobiernos locales son los primeros representantes de la ciudadanía en un territorio, pudiéndose distinguir dos grupos de intervenciones:

a) Las que buscan impactar en el ambiente: iluminación de espacios públicos oscuros; desmalezamiento de terrenos baldíos; reacondicionamiento de plazas y parques degradados; instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión para vigilar distintos tipos de espacios públicos y dispositivos de aviso temprano o campañas publicitarias orientadas al fomento de buenas prácticas.

b) Intervenciones que impacten en la dimensión social: políticas de desarmes; reducción de violencia interfamiliar; creación de fiscalías descentralizadas para la mediación en conflictos menores e identificación de los factores que impulsan a los jóvenes al delito para posibilitar intervenciones disuasivas.

En ese marco, se inscribe entonces la creación de las denominadas policías locales, más allá de las distintas denominaciones de “policía comunitaria”, “policía orientada hacia la resolución de problemas”, “policía municipal” o “policía democrática”.

El sociólogo francés Loic Wacquant publicó hace más de una década “Las Cárceles de la miseria”, un texto que denunciaba que el modelo de la mano dura norteamericana importado a otros países omitía señalar que esa política de “limpieza de clase” del espacio público distaba de tener vigencia en la mayoría de los Estados Unidos.

Por el contrario, los modelos a emular eran los de San Diego, Boston o Cincinatti, ciudades donde se desarrolló la policía denominada “de cercanías” que pone el acento en la resolución de las problemas mediante la cooperación activa y regular con los residentes, generando resultados más eficaces en términos de descenso de los índices delictivos respecto a los modelos agresivos de tolerancia cero.

Los cuerpos de policías locales, más allá del poco acuerdo sobre los elementos que los caracterizan y de las reformas normativas necesarias para su implementación, suelen implicar la conformación de cuerpos desmilitarizados, despolitizados y administrativamente descentralizados, que favorezcan la participación comunitaria en los asuntos de la seguridad pública, así como también la resolución pacífica de los conflictos mediante la interactuación con otras agencias estatales.

Este modelo permite un mayor control en el desempeño de la actividad policial, en abierta contraposición al modelo tradicional de la institución que favorece el autogobierno policial mediante una estructura burocrática centralizada.

El esquema “de cercanía” procura una mayor eficacia preventiva, sustentada en el conocimiento del territorio para un adecuado control de las vías de circulación, evitando patrullajes al azar y desalentando la táctica de la sospecha por olfato policial, basada en burdos estereotipos sociales.

Las dificultades estarán dadas por la delimitación de sus objetivos concretos y en función de ello, las eventuales reformas a leyes provinciales que deberían concretarse; el presupuesto para su financiamiento, la profesionalización y equipamiento de sus miembros y la coordinación de acciones con la Policía Bonaerense, encargada del mantenimiento del orden público, serán otros de los desafíos por desentrañar.

Este cuerpo no debería participar de investigaciones criminales. En esa dirección, la inminente puesta en funcionamiento de la Policía Judicial (cuerpo de investigación de delitos complejos) viene a saldar una deuda en la materia.

Finalmente, un esquema de estas características demanda un liderazgo político comprometido y sostenido por parte de las autoridades de Gobierno, para evitar marchas y contramarchas derivadas de situaciones coyunturales o hechos puntuales.

Del mismo modo es fundamental la elaboración de un diagnóstico de los barrios con mayor conflictividad, con actualización permanente de datos sobre la violencia y el delito en cada jurisdicción para diseñar políticas y estrategias localizadas.

(*): Juez de Garantías y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Magister en «Sistemas penales comparados y problemas sociales” (Universidades de Barcelona y Mar del Plata).

fuente http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2013/04/01/239930.htm