Organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, el pasado miércoles 14 de marzo se realizó con éxito en Azul una Jornada de Análisis Crítico de la Función Judicial denominada “Etica y política del operador judicial” que forma parte de un Ciclo de Conferencias para el presente 2012.
En este primer encuentro el disertante fue el Dr. Mariano Hernán Gutiérrez, Especialista en Derecho Penal y Magister en Criminología, quien fue director de la investigación «El tejido de la trama política del poder judicial. Dependencia política y ascenso en la carrera judicial» del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entre los años 2008 y 2010.
Precisamente, la disertación versó sobre “Etica y política del operador judicial” y a lo largo de dos horas el especialista invitado expuso diferentes aspectos en torno a este eje temático, y a su término se abrió un rico y extenso debate con la participación de los asistentes.
Basándose en su investigación, describió las características de la estructura y funcionamiento del poder judicial, probando que la falta de autonomía judicial no es un defecto o un problema de la invasión de un poder sobre otro, sino que se construye principalmente desde adentro del mundo judicial y sus normas y que por tanto resulta una ficción la dicotomía dependencia/independencia del Poder Judicial respecto del Poder Político.
En la mencionada investigación intentó demostrar que la estructura interna del Poder Judicial y la forma en que ésta organiza los ascensos a distintos cargos en la carrera judicial está dirigida a crear una progresiva pertenencia y dependencia del operador judicial a ciertos referentes políticos internos o externos que están conectados y subordinados con estructuras políticas mayores como los tradicionales partidos políticos.
Al término de su disertación, el Dr. Mariano Hernán Gutiérrez ofreció una entrevista donde comentó detalles sobre su investigación y explicó analíticamente las conclusiones a las que arribó:
¿Cuál fue el origen de la investigación y con qué objetivos fue desarrollada?
“La inquietud me surgió por mi propia experiencia al intentar ascender en la carrera judicial, al concursar para diferentes cargos, ahí se te devela todo un mundo de relaciones políticas que en general queda oculto para la mirada exterior, que no se dice. Me interesó investigar ese mundo y comencé a preguntarme cómo describirlo sociológicamente. Luego realicé encuestas a colegas y ahí me surgió la pregunta o hipótesis: cómo son las relaciones políticas hacia el interior y hacia el exterior del Poder Judicial”.
¿Y a qué conclusiones se arribó? ¿Cómo es la institución y el operador judicial en la actualidad?
“La conclusión a la que arribé es metodológica: que no se puede analizar como una institución invadida por otros poderes, ni como una institución cuyos jueces no hacen lo que el sentido común quiere porque para el común de la gente son corruptos, pero tampoco se puede analizar -como suele decir el propio discurso judicial- como que simplemente sus operadores están aplicando el Derecho. Sí se puede analizar entendiendo cuál es la lógica que hace que esos operadores actúen así y cómo esa lógica está determinada por su política de ascensos y nombramientos, pero no como una invasión de lo político hacia lo judicial sino como un tipo de política interna que se ata y se reproduce dentro del mismo mundo judicial y que tiene rasgos comunes y está comunicada con la política exterior al mundo judicial. Es decir no es real el modelo de la invasión de poderes o de la victimización de lo judicial por lo político ni tampoco el modelo de la reivindicación de lo judicial como lugar del Derecho, sino que es un lugar donde hay luchas políticas internas que están muy interpenetradas y son muy dependientes de las luchas políticas partidarias ajenas al Poder Judicial”.
¿Es una institución muy conservadora con una cultura judicial que está muy arraigada en el operador judicial y que se va reproduciendo?
“Esta investigación no hace tanto hincapié en qué tan conservadora es la institución judicial o cuál es la ideología de las producciones del operador judicial para con el justiciable, como por ejemplo cuáles y cómo son sus fallos, pero sí en cómo ésta forma en que están construidas las relaciones en el Poder Judicial hace que todo intento de reforma institucional o legal sea reinterpretado conservadoramente para mantener las viejas formas y prácticas. Es decir que es autoreproductivo, ya que tiende a generar una respuesta adaptativa para seguir funcionando como siempre”.
¿Y cuáles son las principales problemáticas o consecuencias que esta realidad ocasiona?
“Si bien es imposible pensar en una Justicia independiente porque siempre va a depender de algo, por ejemplo de la ideología de sus miembros, el problema que tiene esta lógica política en el interior del Poder Judicial es que habilita y facilita que los ascensos y los cargos sean absolutamente determinados por la política partidaria general. Actualmente, hay un lugar muy secundario para la idoneidad y el prestigio jurídico de un operador judicial, y por el contrario es cada vez más preponderante su pertenencia, a quién y cómo responde, su grado de lealtad y de confiabilidad desde una lógica puramente política. No técnica ni jurídica, sino política en el sentido partidario y faccioso del término. Y esta forma en que está organizado el Poder Judicial lo hace una parte más del sistema político partidario y no un sistema que funcione con cierta autonomía a partir de su interpretación del Derecho o de su relación con las academias y universidades”.
¿Cómo se visualiza esta realidad en el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura?
“Hoy por hoy el Consejo de la Magistratura funciona más que nada para estabilizar las reglas del mercado político de los nombramientos, que con anterioridad a su creación corría riesgos de estar en permanente pugna entre las distintas corrientes y sectores. Lo que hizo el Consejo de la Magistratura fue poner reglas claras de cuánto es la cuota de influencia que va a tener cada uno de los poderes en nombrar a quien quiera. Pero sin embargo esto no funcionó y hasta resultó perjudicial a los efectos de examinar la idoneidad de los candidatos porque esta institución tiene muchas trampas entrecomillas procesales para ejercer un poder absolutamente discrecional y arbitrario sobre quien nombra e incluso quien deja presentarse a examen y luego sobre cuáles de todos los que aprueban el examen nombra en la terna. Es decir que el Consejo de la Magistratura, al estar formado por los distintos sectores del poder político, está legitimando la política partidaria como forma de controlar al Poder Judicial a través de determinar quién accede a los altos cargos de la magistratura”.
¿Y se podría decir que esta lógica de funcionamiento que existe hoy con las características que denuncia es uno de los factores que deteriora la imagen o credibilidad de la Justicia?
“Primero deteriora el nivel y la calidad de prestación del servicio de justicia que se ofrece a la sociedad porque no se le da lugar al más idóneo sino que al que responde políticamente, y a su vez ayuda al desprestigio de la institución. Si demostrase cierta autonomía respecto de la lógica política partidaria basada en el prestigio de los profesores o de los juristas contaría con más herramientas para contrarrestar la crítica pública. Por ejemplo: esta Corte Suprema de Justicia ideológicamente puede ser muy cuestionable para algunos sectores pero todos saben que se trata de buenos juristas, entonces esta Corte institucionalmente es mucho más sólida para la crítica del público”.
Por último, desde el enfoque de su investigación ¿qué cuota de responsabilidad tienen los grandes medios de comunicación masiva en ese aumento de la crítica de la opinión pública a la Justicia?
“Desde mi interpretación, en realidad esta crisis institucional no sólo está producida por un ataque desde el exterior, en este caso por los medios, sino que además está sostenida y reproducida desde adentro. No obstante lo cual hay una progresiva judicialización de los conflictos en la cual los medios tienen un rol activo importantísimo. Y para que se comprenda mejor mi argumentación es importante explicar lo que pasó en el 2001 cuando se dio una crisis general de las representaciones colectivas institucionales, o sea tanto del sistema político como de los medios de comunicación, ya que en un comienzo eran impugnados todos. La primera reacción de los medios fue construir en su discurso mediático un sujeto social que era la clase política. Creándolo los medios se podían despegar de la responsabilidad de esa clase política y así pasa a ser esa clase política la culpable de todos los males. Fue ahí cuando se genera el discurso de la antipolítica o la apolítica, discurso que por ejemplo está muy presente en la crisis institucional como la que generó el caso Blumberg, ya que a este último no ser político le dio prestigio. Todas las respuestas de políticos y profesionales se veían desacreditadas, en cambio se veía como la respuesta la de un ciudadano común que para la gente, por no participar en la política, estaba menos sucio. Pero el sistema político profesional, es decir las cabezas políticas de los partidos quienes compiten profesionalmente en la política, también comienza a generar un discurso para despegarse de la crisis institucional que es el que dice que hay que volver a la política, repolitizar los problemas, volver a rescatar una idea noble de la política como militancia, una idea fuerte de gobierno ideológico. Por lo que hasta ahora el único sector que por su propia tradición se mostró incapaz de generar un nuevo discurso legitimante en este cuadro de situación fue el Poder Judicial”.

Fuente: http://www.colegioabogadosazul.org.ar/info/nota/364-etica-y-politica-del-operador-judicial