“Cantidad de personas privadas de su libertad no es sinónimo de una mayor seguridad”, dice Raúl Salinas, Co-coordinador del Área Cárceles y Política Penitenciaria del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en un análisis publicado en el sitio Online-911. Y aunque parezca un cliché, la realidad actual de las cárceles bonaerenses es una prueba concreta de eso. Las garantías de los derechos deben ser para todos los ciudadanos, y para que esto se cumpla, entre otras cosas, es fundamental repensar el sistema carcelario.
Salinas propone llevar a cabo dos modificaciones fundamentales (el artículo completo, en Online-911):
“La primera es la reforma y democratización del Servicio Penitenciario Bonaerense. Debe abandonarse el esquema de autogobierno para pasar a un modelo moderno de conducción civil por parte de las autoridades políticas. Su organización tiene que dejar atrás su actual modelo militar, que se desprende de las normas que lo regulan y que fueron aprobadas durante la última dictadura militar que ejerció el terrorismo de estado y que hizo de las cárceles una de sus principales herramientas de represión.
Deben establecerse controles internos sobre la transparencia y los abusos funcionales que dependan orgánica y funcionalmente de las máximas autoridades políticas, desconcentrar funciones dando paso a la intervención de los distintos ministerios y actores de la sociedad civil, establecerse una nueva carrera profesional eliminando las diferencias entre oficiales y suboficiales, habilitar los ascensos mediante concursos, limitar la cantidad de grados, fijar nuevas políticas de reclutamiento y capacitación, asegurar derechos para los trabajadores penitenciarios y aprobar nuevas reglas y principios de actuación acordes con la función social y el contexto democrático.
La segunda cuestión transita por hacer un uso racional del encarcelamiento que permita garantizar condiciones dignas de detención y tratamientos tendientes a la reintegración social de los encarcelados. La construcción desmesurada de cárceles, además de resultar costosa y lenta, no constituye una solución sustentable. Al mismo tiempo, la investigación comparada demuestra que la cantidad de personas privadas de su libertad no es sinónimo de una mayor seguridad. Es necesario establecer cupos y criterios para evitar el encierro por pequeñas ofensas, condenados primarios, enfermos terminales y de todas aquellas personas que puedan cumplir penas de modo alternativo, seguro y controlable”.
