Algunas cayeron por falta de mérito, otras porque no se preservó adecuadamente la escena del crimen. Un grupo está constituido por denuncias imposibles de investigar y un gran número lo conforman aquellas en las que nunca se da con los autores, comúnmente identificados en la Justicia como «NN», por lo que no se puede imputar a nadie.

En este universo se puede reconocer desde el robo de un celular hasta un triple crimen agravado por el vínculo. Un informe elaborado por la Junta Federal de Cortes muestra que en Mendoza se iniciaron 146.226 causas penales en un año, una cifra sensiblemente superior a la media nacional que marcó 66.014. El 40% fueron resueltas y sólo 1,4%, es decir unos 2.050 expedientes, tuvieron sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Es decir que 98,6 % de los delitos no llegaron a juicio.

Sobre el 40 % de resoluciones generales se pueden ver causas que finalizaron de diferente manera: desde conciliaciones, transacciones, caducidades, hasta archivos por falta de impulso o de mérito.

Estos números adquieren mayor relevancia quizá ahora cuando una ola de crímenes resonantes movilizó a la sociedad y puso en aprietos al Gobierno, que se vio obligado a dar respuestas. Fue en este contexto que el gobernador, Francisco Pérez, reflotó el viejo proyecto de una policía judicial que se dedique exclusivamente a esclarecer delitos que hoy quedan impunes (ver aparte).

Los números de las causas penales contrastan con los que se dan en otras áreas de la Justicia: al observarse la resolución con sentencia en los fueros laborales, se detecta que se dio respuesta definitiva al 21,64 %; en Familia y Minoridad al 27,06 %; en causas contravencionales y de faltas un 24,75 % y en los procesos administrativo- contenciosos un 52,10 %.

Los datos surgen del informe revelado hace días por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) y corresponden al período 2008/09. Esta entidad que nuclea a todos los miembros en ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias elabora el relevamiento cada dos años y lo publica en su página web. Los datos correspondientes a 2010 y 2011 estarán a fin de año. Sin embargo desde el Poder Judicial mendocino admiten que el ingreso de causas penales ha crecido, al menos, 15 por ciento durante el último año.

El referente mendocino en la Jufejus es Jorge Nanclares, ministro de la Suprema Corte de Justicia y administrador de ese poder durante el período al cual corresponden los datos difundidos; actualmente es uno de los 12 vocales de la Junta Federal de Cortes.

El funcionario consideró que la gran cantidad de causas penales que se registran en la provincia obedece a que se contabiliza desde el robo de un estéreo hasta un homicidio agravado. Algunas llegan a un acuerdo a través de la mediación y otras a través de la suspensión del juicio a prueba o probation, además de las que caen por falta de testigos o falencias de la investigación. Esto sin contar que muchos de esos procesos no se convierten en juicios porque no hay méritos suficientes.

Pero, además, Nanclares rescata un dato que aparece en el informe y es que Mendoza es la provincia con mayor índice de litigiosidad del país. Este indicador expresa la cantidad de causas ingresadas cada 100.000 habitantes por jurisdicción. En el período analizado ingresaron 22.593 causas, mientras que en Córdoba -con el doble de habitantes- se iniciaron 12.780 expedientes. En materia penal es donde más alta es esa tasa.

Nanclares consideró que por la forma de registro de los expedientes hay ingresos que no llegarán a ser causas, pero que están contabilizados. Además, recordó que la Justicia tributaria aporta un importante ingreso de procesos que deberían ser resueltos en un tribunal administrativo. En el mismo sentido, consideró que en Mendoza hay una fuerte cultura de la litigiosidad y de apelación, y cuando un expediente pasa a esta segunda etapa también se contabiliza.

Por su parte, Andrea Mazzitelli, directora de Informática del Poder Judicial, recuerda la incidencia de los seguros de viviendas a la hora de hablar de materia penal, teniendo en cuenta que aunque el siniestro sea menor la persona debe tener efectuada su denuncia para poder cobrar y recuperar los objetos robados.

Nanclares se animó a opinar sobre el accionar judicial y policial que llevó a índices tan bajos de sentencias y evaluó que «se está pasando de un sistema judicial poco exhaustivo con hipótesis erróneas que demoraban la investigación hacia la incorporación de la tecnología y procesos más estudiados».

Para citar un ejemplo de las hipótesis que entorpecen la investigación, Nanclares recordó el caso Candela -la pequeña que desapareció de la localidad bonaerense de Villa Tesei y fue hallada muerta 11 días después- en el que se manejaron más de 10 hipótesis en la etapa previa. Sin embargo, el funcionario reconoce que existen errores en la investigación y se remite a policías y fiscales. «La implementación del Código Procesal Penal derivó en la incorporación de muchos fiscales nuevos que, aunque hayan rendido un mínimo de conocimientos teóricos, están aprendiendo en la práctica», admitió.

A la hora de ensayar respuestas Nanclares también apuntó a necesidades presupuestarias originadas en el déficit que arrastran las cuentas públicas. El funcionario asegura que el Código Procesal Penal (CPP) no se pudo extender a toda la provincia -aún faltan los departamentos del Valle de Uco y del Sur- y esto significa otro escollo para acelerar los procesos.

El informe nacional muestra también que, durante el período analizado, los magistrados mendocinos tuvieron a cargo un promedio de 912 causas cada uno, mientras que en Córdoba, por ejemplo, cada juez debió resolver 303 causas, apenas un tercio que sus colegas mendocinos.

«Esto demuestra que cada juez resolvió unas tres causas por día, por lo tanto creo que hay que trabajar fuertemente para tener más jueces, lo que no significa que tenga que haber mayor cantidad de juzgados», evaluó Nanclares. «Si yo lo resolviera estadísticamente, necesitaría al menos 3.000 jueces más para normalizar el sistema», agregó.

El magistrado adelantó que se trabaja con el Banco Mundial en la implementación de un software que permita acelerar los procesos de trabajo en los juzgados. Actualmente, el índice promedio de los procesos alcanza los 18 meses en el 90 por ciento de los casos, mientras que el 2 por ciento llega a los 2 años, el tope que impone el pacto de San José de Costa Rica al cual adhiere la provincia.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2012/3/25/986-causas-llega-juicio-632006.asp