El crimen de Matías Quiroga, tras el cual se planteó una aireada crítica hacia la Justicia, reavivó la discusión sobre la implementación de juicios por jurado de modo de involucrar a los ciudadanos en los procesos judiciales de materia penal. La primera piedra la lanzó Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte, quien adelantó a este medio que se podrían comenzar a implementar “en algunos casos puntuales” y a “pedido de los imputados”.

“Vamos camino a hacer algunas pruebas piloto para ir probando; se puede trabajar en este sentido porque la Constitución nacional lo prevé”, sostuvo el integrante del máximo tribunal local, quien ya había insistido en este tema cuando era ministro de Gobierno de Celso Jaque.

Para el supremo, se trata de un mecanismo que tiende un puente a la participación ciudadana y que ayuda a “mejorar la credibilidad de la gente en la Justicia” justamente en un momento en el que el crimen de Matías, ocurrido tras el atraco a un blindado, puso la lupa sobre el sistema judicial ya que el sospechoso de matarlo gozaba de salidas transitorias de la Granja Penal de Gustavo André (Lavalle). Las mismas fueron otorgadas por el juez de ejecución penal Eduardo Mathus, aunque existía un dictamen desfavorable del Organismo Técnico Criminológico de la cárcel.

No obstante el entusiasmo inicial, para implementar los juicios por jurado habría que modificar el Código Procesal Penal y otras normas inherentes, según subrayó el mismo Adaro.

“Si bien está contemplado en la Constitución, no está reglamentado”, aclaró, pero a la vez lanzó que se podría “buscar una posibilidad” para comenzar con las pruebas piloto sin necesidad de una ley o de modificar la norma penal. “Hay posibilidad de hacerlo –remarcó–, pero con cierto nivel de consenso por parte de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)”.

De todas maneras no brindó mayores detalles al respecto y por el momento la única certeza es que existe la posibilidad, según sostuvo, de habilitar pronto este mecanismo de manera experimental y en el solo caso de que así lo requiera el o los acusados.
El intento de Julio Cobos
En la Legislatura provincial hay un proyecto de ley que duerme allí desde enero de 2004. La autoría es del actual diputado provincial Daniel Cassia, quien en su momento fue convocado por el ex gobernador Julio Cobos (2003-07) para interiorizarse de la norma y para avanzar así en su tratamiento.

“Nunca se trató pues luego Cobos se echó para atrás”, se lamentó Cassia, quien después trató, sin éxito, de buscar consenso legislativo para debatir la normativa. Más tarde, durante el gobierno de Celso Jaque fue el mismo ministro de Gobierno y actual juez de la Corte quien reflotó la iniciativa, pero también todo quedó en la nada.

El proyecto de Cassia contempla que se aplique el juicio por jurado en el caso de delitos aberrantes, tales como violaciones, secuestros y homicidios. En este se estipula que en los procesos participen integrantes de la ciudadanía “para tomar la responsabilidad de decidir si existe culpabilidad o inocencia de un eventual acusado”.

En este caso se prevé que el jurado esté conformado por 13 miembros de la comunidad, los que serán elegidos por sorteo público. Serán estas personas, según el proyecto presentado por Cassia, las que tomarán la decisión siempre que haya acuerdo de los dos tercios.

“Creemos que con la aplicación del sistema de juicio por jurado se abre la puerta de la participación ciudadana y de una nueva Justicia”, se había esperanzado Cobos en aquel momento, pero ese nuevo impulso no tardó en desvanecerse.

Poco tiempo más tarde Córdoba se convirtió en la primera provincia en el país en implementar, mediante una ley, este mecanismo particular, en tanto que el año pasado fue la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que manifestó la necesidad de “recuperar el mandato constitucional de implementar los juicios por jurados”.

El reparo de especialistas
Algunos constitucionalistas consultados por este medio plantearon reparos a la realización de pruebas piloto sin el respaldo de una ley que reglamente los juicios por jurados. Sostienen que de no realizarse esto último la única posibilidad sería que la participación de los legos –no entendidos en la materia– sea no vinculante.

Asimismo, advirtieron de que este tipo de propuestas surgen cuando se dan casos de inseguridad tras los cuales afloran críticas hacia la Justicia, tal como pasó con el asesinato de Matías Quiroga.

“Es como que se dice: ahora le damos la posibilidad a la gente de que participe, que controle a la Justicia”, comentó uno de los especialistas consultados, quien prefirió mantener el anonimato.

Se llevan adelante en Córdoba desde 2005
Aunque el juicio por jurados está previsto en la Constitución nacional, no ha sido reglamentado y por el momento sólo Córdoba lo ha instrumentado, convirtiéndose en la primera provincia en poner en marcha el sistema de participación popular para el enjuiciamiento de acusados que hayan cometido delitos graves.

Lo hizo en 2005 mediante una ley provincial que reglamentó la aplicación de ese sistema. En la norma se previó que el jurado esté conformado por ocho ciudadanos, los que en conjunto con dos jueces del tribunal deben votar para decidir si el o los acusados son inocentes o culpables. Luego el tribunal es el que decide la calificación del delito cometido e impone la pena.

En otras provincias, en tanto, hubo intentos por hacer lo mismo pero no se llegó a nada en concreto. En Chubut, por ejemplo, se confeccionó un proyecto que se debatió en la Legislatura pero no prosperó. Y en Neuquén se presentó una iniciativa para regular la implementación de este tipo de juicios, pero aún no se debate.

El avance más reciente en este asunto se dio en Buenos Aires, donde el reelecto gobernador justicialista Daniel Scioli anunció a fines del año pasado que enviaría un proyecto de ley a la Legislatura para implementar este sistema de participación popular en los procesos judiciales.

Dos alternativas
Hay dos modelos bien definidos de juicios “populares”: el anglosajón, en donde un jurado de enjuiciamiento establece la inocencia o culpabilidad del acusado, siendo el juez quien califica el hecho y luego cuantifica la pena, y el europeo, adoptado por países como Francia, Italia y Alemania, compuesto por jueces letrados y un jurado lego, quienes en conjunto elaboran la sentencia.

Según precisó el juez de la Corte Mario Adaro, si en Mendoza se avanza en la implementación de este sistema de participación ciudadana lo primordial sería definir y consensuar qué modelo finalmente se materializará, o bien si se llega a establecer alguna variante de aquellos dos.

Un reclamo, varias respuestas 
-Baja de la credibilidad
“El reclamo –a la Justicia por darle salidas transitorias al supuesto asesino de Matías Quiroga– tiene su fundamento y por eso la misma posee el nivel de credibilidad que tiene. La Justicia tiene muchas respuestas para dar, mucho para reflexionar y mucho para trabajar”. A partir de este pensamiento es que el ministro de la Corte Mario Adaro propone la creación de los juicios por jurado.

-La policía judicial
Otra propuesta que emanó de la Corte fue la puesta en marcha de la policía judicial. Esta iniciativa se encuentra en la agenda de la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, quien cuando asumió dijo que era una de sus prioridades. Para Adaro es el momento ideal para crearla. “Tendrá más capacidad de actuación que los investigadores actuales”, resumió el supremo.

-Cambios inminentes
La instauración de la policía judicial y los juicios por jurado son las dos medidas concretas que desde el Poder Judicial plantean para mejorar el accionar de ese cuerpo del Estado. La sociedad reclama cambios, mayor visibilidad y participación en los procesos judiciales, según se pudo apreciar tras el asesinato de Matías. El poder político y la Corte se mostraron permeables a los cambios.

Fuente: http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Se-implementaran-juicios-penales-con-ciudadanos-como-jueces-en-Mendoza-20120318-0004.html