Cualquier política criminal seria requiere que funcionen los tres pilares del sistema penal: Justicia, Policía y Cárcel.

Hay que asumir que para que haya más y mejor Justicia se necesitan más inversión, estructuras y recursos.

Miguel Antonio Medina, juez federal de Salta y docente universitario, acaba de publicar su undécimo libro de derecho: “Sistemas procesales penales argentinos”.

En la obra, el jurista salteño analiza las normas procesales aplicadas en distintas épocas y naciones, pasando desde la Sharia islámica que rige entre los musulmanes y la Justicia Comunitaria que imponen los pueblos andinos hasta los más variados sistemas inquisitivos, mixtos y acusatorios usados en los Estados Unidos, Europa y en distintas jurisdicciones de nuestro país.

Salta acaba de aprobar un nuevo Código con nuevos paradigmas, roles y desafíos. Medina, quien integró las comisiones reformadoras de 1985, 1989 y 2003, compartió con El Tribuno algunas consideraciones sobre la situación actual y los cambios que asoman en la Justicia.

Con la reforma procesal penal recientemente aprobada en Salta, en junio empezaremos a transitar gradualmente desde el actual sistema mixto a otro de perfil acusatorio. ¿Qué puede esperar la sociedad salteña de este cambio de reglas?

Soy naturalmente optimista y creo que, con una debida preparación, docencia y articulación de planes de formación y actualización para jueces, fiscales y abogados, las nuevas normas procesales pueden funcionar bien. Esperemos que se concreten las medidas necesarias para poder ver los beneficios del cambio de sistema.

Hoy las causas con detenidos son demasiado lentas y las que no tienen detenidos terminan generalmente en la prescripción ¿Cree que la reforma procesal ayudará a modificar esta realidad en Salta?

El nuevo código plantea una solución a futuro y con etapas graduales, de modo que recién dentro de dos años regirá en toda su plenitud el nuevo sistema acusatorio. Mientras tanto, a las causas pendientes se les aplicará el Código actual. Debemos preguntarnos qué pasará con las causas actuales y qué cabe esperar que ocurra con las que se inicien con el Código nuevo. En lo que respecta a las causas actuales, la transición estará a cargo de los jueces que se determinen para ello, quienes seguramente tratarán de hacer todo lo posible para resolver expedientes que se cuentan por miles. En ese sentido, no deben esperarse grandes cambios, porque es demasiada la tarea y los órganos judiciales, que aparentemente serán los mismos, no estarán en condiciones de procesar todas las causas, como hubiera sido lo deseable.

Con las causas que se inicien con el nuevo Código, empezará a correr otra historia, en la que veremos si el nuevo sistema es superior al actual respecto de la rapidez del juzgamiento de los delitos, ya sean leves o graves.

¿Reclama este cambio de reglas otra Justicia, otra Policía, otro sistema carcelario?

Absolutamente. Cualquier política criminal contemporánea más o menos seria en materia penal requiere que funcionen adecuadamente los tres grandes pilares que tiene el sistema penal: la Justicia, la Policía y la Cárcel. Cuando digo Justicia incluyo al Ministerio Público, porque con la reforma procesal aprobada en Salta tendrá un papel protagónico, virtualmente fundamental, puesto que la etapa de investigación penal estará a cargo de los fiscales y ya no de los jueces.

¿Cómo ve a la Policía?

La Policía es una gran asignatura pendiente de la democracia argentina. Este es el país donde hablamos frecuentemente de la maldita Policía, del gatillo fácil y de la corrupción policial. Es evidente que hay que trabajar a fondo, con reformas profundas en este nivel. En lo personal, siempre defendí y sigo abogando por la Policía Judicial, como así también por un control interno mucho más firme. En la actualidad es muy laxo, muy “light”. Hay que instituir y darle mucha fortaleza a un área que se llama Asuntos Internos y que ha demostrado en los países más avanzados su eficiencia para llegar a los casos de corrupción policial mucho antes que la Justicia. Por lo general, cuando la Justicia llega a la corrupción policial ya es demasiado tarde, porque las pruebas se han diluido y no hay casi nada que encontrar. Adentro del sistema carcelario también se necesita un órgano con suficiente poder para controlar los episodios de desviación y corrupción de sus miembros.

¿Sirve el sistema carcelario que tenemos?

Es indudable que, así como está, no le sirve a nadie, y esto no pasa sólo por un problema edilicio, como se puede creer por ahí. Ojalá tuviéramos todas las cárceles sanas, limpias y nuevas, como la de General Gemes. También se necesitan estructuras, medios y profesionales suficientes dentro de los penales para que puedan cumplir con su propósito de fondo, que es readaptar socialmente a la personas detenidas.

Hoy tenemos las cárceles salteñas nuevamente abarrotadas de presos, muchos de ellos por procesos federales relacionadas con el tráfico de drogas. ¿Cuántas causas se tramitan actualmente en su Juzgado?

En estos momento tenemos 5.664 expedientes penales, 3.902 civiles, 3.500 previsionales, 8.364 tributarios y 37 causas por violaciones de derechos humanos.

¿Es posible resolver tamaña cantidad de causas?

Es humanamente imposible. Aún así, nuestra filosofía es no quejarnos y darle para adelante todos los días, mañana, tarde y noche. Alguna vez se deberá asumir en nuestro país que para que haya más y mejor Justicia se necesitan más inversión, estructuras y recursos.

¿Cómo cree que se puede mejorar la imagen de la Justicia ante su desprestigio y pérdida de credibilidad?

En los últimos tiempos se ha evidenciado un cambio muy positivo, que reflejan incluso algunas encuestas recientes: una de las instituciones más creíbles de la Argentina es, en estos momentos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El prestigio que bien ganó la Corte actual, tanto por sus decisiones como por la enorme jerarquía de sus miembros, es un buen punto de partida para empezar a recobrar la confianza en la Justicia. Y espero que se generalice, porque sin Justicia no hay República. No basta con la Constitución para tener independencia judicial: la tenemos que defender cada día todos los jueces argentinos, desde La Quiaca a Usuahia, con hechos más que con palabras.

¿Está preparada la Justicia argentina para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia transnacional?

Siempre que se habla de la delincuencia transnacional, relacionada con el tráfico de estupefacientes, la crítica apunta a que, en general, la Justicia se dedica a los consumidores y no a las grandes organizaciones y comercializadores de droga. Eso es parcialmente cierto porque, como están más expuestos, los consumidores son los primeros a los que los operadores policiales detectan y detienen. Todo lo demás requiere de tiempo y paciencia. Le aseguro que quienes dicen que nos dedicamos solo a los que consumen, se asombrarían de ver la importancia de algunas organizaciones que la Justicia Federal de Salta consiguió desbaratar en los últimos años. Hay mucho tiempo y paciencia invertidos también por los organismos que trabajan con nosotros, como Gendarmería Nacional, que es la más preparada para investigaciones de largo aliento.

¿Una buena radarización alcanzaría para evitar que la frontera norte sea tan permeable a los vuelos ilegales del narcotráfico? ¿Ayudaría tener una ley de derribo?
Estoy de acuerdo con que una buena radarización resulta fundamental en una frontera típicamente porosa como la nuestra. Nos ayudaría por lo menos a detectar los vuelos ilegales que en ciertas zonas de Anta, Metán y Rosario de la Frontera tienen enclaves muy sospechosos. Estos han sido objeto de más de una investigación, con aviones caídos, droga secuestrada y gente detenida y procesada.
Una eficaz radarización, que suministre información sobre vuelos ilegales a las unidades terrestres y a los helicópteros de Gendarmería, serviría de mucho. Al menos estaríamos bastante más cerca de lo que estamos hoy.
Ahora bien, tengo mis reservas y profundos temores con respecto a la ley de derribo; es una medida drástica que habría que meditar con detenimiento; conozco los antecedentes y sé que hay países vecinos que tienen previsto en su legislación el derribo de aeronaves, pero en nuestro caso tendríamos serios problemas. Para empezar, la Fuerza Aérea no parece contar con equipamiento suficiente y el Gobierno nacional tiene otras prioridades en el gasto militar. Hay una iniciativa en el Congreso, pero no sé si estamos preparados para una ley de derribo.

Se aguarda un fallo en la causa por supuesta estafa con fondos de la ley de bosques…
Desde que se reinició la actividad, estamos trabajando para darle una definición, al menos provisoria, a esa causa, porque tenemos a una persona detenida y esa es una prioridad para nosotros. Necesitamos que ese detenido sepa lo más rápido posible qué pasará con él. Ya pidió en dos oportunidades su excarcelación, la que le fue denegada y confirmada por la Cámara Federal, así que en los próximos días habrá seguramente una definición, al menos, provisoria en esa causa.

Usted también se declaró competente en el caso de María Cash, la joven desaparecida. ¿Qué puede informarnos sobre esta causa?
La causa fue tramitada durante algún tiempo por el Juzgado de Instrucción Formal de Octava Nominación de Salta, a cargo del doctor Federico Diez, pero después apareció una declaración de incompetencia previo dictamen fiscal. En este Juzgado se requirió la opinión de nuestro fiscal, quien se pronunció en favor de la competencia federal; nosotros hemos compartido ese criterio y hemos asumido la investigación. Ya se han dispuesto varias medidas y con todas las fuerzas que nos acompañan estamos comprometidos en tratar de encontrar con vida a María Cash. Hemos recibido oficialmente la comunicación del Ministerio de Justicia de la Nación, dando cuenta de su ofrecimiento de una recompensa de 200 mil pesos, por datos que contribuyan a ubicar a la joven. Apostamos a que no sólo la recompensa, sino también ese sentido de solidaridad que siempre ha distinguido a nuestra gente, nos ayude a mantener viva la esperanza de encontrarla con vida y en buen estado de salud. Por el momento la causa está bajo secreto de sumario y es todo lo que podemos informar.

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