Los cargos tienen que ser ocupados por los mejores, sean varones o sean mujeres. La idoneidad es central. El problema está en la dificultad de las mujeres de presentarse a un concurso y saber de antemano que van a perder. Muchas veces a la idoneidad la disfrazan y la transforman con otras cuestiones que tienen que ver con un traslados de las lógicas propias del patriarcado”. Mariana Barbitta, abogada penalista y Presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (Ampa) sintetiza con estos argumentos el espíritu de del II Encuentro Nacional de Ampa que se realizó el viernes en Mar del Plata.
Barbitta, junto a medio centenar de profesionales del derecho –muchas litigantes, otras miembros del Poder Judicial– abordaron la problemática de género que se vive dentro del ámbito del derecho penal. El eje central de los debates estuvo enfocado en el lenguaje como constructor de una realidad en la que la competencia se presenta de manera desleal entre hombres y mujeres.
Ya en el primer encuentro de Ampa –realizado en 2012, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires– se trabajó sobre la necesidad de construir un diagnóstico de cómo se desarrolla el trabajo de las mujeres profesionales en el ámbito Penal. De allí, según relató Barbitta a Infojus Noticias, se extrajo la conclusión de que existe un trato desigual en un ámbito que claramente se visualiza como masculino.
Las experiencias de las diferentes profesionales que participaron del encuentro son más que elocuentes: audiencias en las que los jueces no le otorgan la palabra a las mujeres, otras en las que si la profesional está acompañada por con un colega varón es a él al que se refieren; el rol preasignado que tiene la mujer para las autoridades de las unidades del Servicio Penitenciario tanto Federal como Provincial destinadas a ser la madre, la hermana, la novia o amante de los internos pero nunca la abogada defensora. Y sobre todo, las pocas oportunidades de acceder a los cargos de relevancia tanto en el Poder Judicial como en el ámbito académico.
El diagnóstico inicial –que fue expuesto en la apertura del II Encuentro– fue el disparador, junto con tres ejercicios, para que las abogadas se juntaran en cinco comisiones en las que se debatieron y analizaron las diferentes problemáticas del sector, pero en particular el impacto que tiene el lenguaje en la construcción de esa realidad discriminatoria enunciada.
Patricia Perelló –primera mujer litigante de Mar del Plata y reconocida por su rol como defensora en el caso Monzón– fue clara al decir que, en su caso, lo que más le preocupa de este tipo de discriminación por parte del Poder Judicial “es cómo afecta a la persona que defiendo y no a mí. Es decir, yo sé defenderme de la discriminación, ya aprendí, primero a reconocerla, porque este tipo de discriminación proviene de la naturalización de determinadas conductas. Pero es mi defendido el que se perjudica”.
Perelló encontró una imagen certera para ejemplificar: “entre varones arreglan algo en el vestuario después de un partido de fútbol, mientras que para el mismo trámite, nosotras tenemos que presentar trescientos escritos. Esa cosa de camaradería de la cual las mujeres carecemos”.
De igual forma se expresó el fiscal Federal Pablo Larriera: “La discriminación hacia la mujer en el poder judicial es real. Las cifras lo demuestran. A nivel general el 47 por ciento del personal del Poder Judicial son mujeres, podríamos decir que es un casi un 50 y un 50. Pero el problema surge cuando empezás a mirar para arriba. Por ejemplo el 70 por ciento de los magistrados son hombres”.
Para confirmar esto, Barbitta contó que la mujer llega a roles de secretaria, prosecretaria, pero cuando empieza a competir para ser jueza nunca la nombran. “Hay un caso en el Fuero Penal Económico que es secretaria hace muchos años y hace seis que concursa y gana, pero a la hora de elegir la terna siempre eligen a un varón”, recordó.
Y Perelló reforzó: “Soy consejera académica del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, en Penal la única mujer. Cuando fui por primera vez a tomar un examen vi que había muchas mujeres que se postulaban, y dije ingenuamente a la secretaria del Consejo ‘qué pasa con estas mujeres no aprueban los exámenes”. Me dijo: ‘sí los aprueban, pero no tienen luego el respaldo político para llegar a los cargos’”. Para Perelló es indudable que para las mujeres en el ámbito Penal “siempre hay que trabajar un plus para lograr algún tipo de resultado”.
Desigualdad en la academia
En la Academia también se refleja esta situación de desigualdad. Para demostrarlo, Barbitta apeló a la frialdad de los números: según el Padrón de mayo de 2013 del Departamento Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires –en el cual de los seis cargos ninguno corresponde a una mujer– de los 26 cargos Titulares el 94 por ciento pertenecen a hombres; en Adjuntos la proporción es de 75 por ciento hombres 25 mujeres.
En la carrera Docente, la distribución es más equitativa con un 41 por ciento de mujeres. Así sólo el por ciento de los Jefes de Trabajos Prácticos son mujeres, el 22 por ciento de los Ayudantes de Primera son cupos femeninos, mientras que en lo que tiene que ver con Ayudantes de Segunda si hay mayoría mujeres (63 por ciento). Así, demuestran, que la lógica patriarcal posibilita que en la pirámide de poder la mujer vaya perdiendo espacio a medida que sube.
En este sentido Barbitta enfatizó que desde Ampa se brega por la búsqueda de igualdad de oportunidades para poder acceder a los cargos y en esto incluyó a los roles extraprofesionales que las mujeres cumplen en el ámbito familiar: “Ocho años de la mujer que pierde criando a sus hijos, por eso la necesidad de que le hombre juegue esos roles es también es una forma de equiparar oportunidades en el ámbito profesional”, finalizó.
