El encuentro fue encabezado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien calificó como «embates violentos» a los ataques de diversos medios de comunicación hacia los seis proyectos de reforma judicial enviados por la presidenta Cristina Fernández al Congreso de la Nación.
Pasadas las 9 de la mañana el salón auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UNJU estaba repleto de abogados e integrantes de organizaciones, cuando el rector de la casa de estudios, Enrique Arnau abrió la jornada. A su lado en el panel estaban Gils Carbó, Sala, el titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas de Lesa humanidad, Jorge Auat, y el fiscal en causas de delitos de lesa humanidad en Jujuy, Pablo Pelazzo.
«¿Puede ser que estas leyes que tienen una sustancia democrática que seriamente no se puede discutir hayan causado un debate o mejor dicho, un embate tan acalorado que llega a niveles internacionales? ¿Cual es la raíz del problema, que no se está mencionando de tan inaceptable que es?», se preguntó la procuradora general. Y aclaró: «La raíz del problema es el comportamiento corporativo enrolada en la defensa de intereses económicos concentrados y totalmente alejada del servicio a la comunidad. Esta ha sido la raíz histórica del poder judicial.»
Gils Carbó destacó los valores rescatados por las fábricas recuperadas y las cooperativas de las organizaciones sociales, que cambiaron «capitalismo y vaciamiento por compañerismo e igualación», valores que aseguró «deberían inspirar a todos los magistrados».
«Para que ese sueño sea realidad no basta con dictar algunas sentencias ejemplares de vez en cuando para llenarse la boca y mirar hacia el costado ese aparato judicial montado para cumplir un rol corporativo de legitimar los despojos al pueblo», finalizó.
El rol de la participación popular para que la justicia avance en los juicios contra los responsables civiles y militares de la represión ilegal durante la última dictadura, que la semana pasada tuvo en Jujuy su primera sentencia con condenas a perpetua y 25 años de prisión para tres militares, fue uno de los ejes que atravesó la jornada. En ese camino, Sala subrayó: «Las organizaciones sociales sentimos la necesidad de que todos los sectores participemos en el debate sobre la democratización de la justicia y no sólo los sectores vinculados al Poder Judicial, simplemente porque todos sufrimos las consecuencias de un sistema que responde a los intereses de pocos.» Auat recordó que había catalogado a Jujuy como la «capital de la impunidad», algo que aclaró que fue revertido gracias a la presión de las organizaciones sociales.
