Amnistía Internacional presentó en el país un documento sobre protesta social en el que advirtió que, si bien es «legítimo» comunicar al Estado antes de una manifestación, no debe pedirse autorización porque «sería violatorio de la libertad de expresión».
En el documento, que fue entregado a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Amado Boudou y Julián Domínguez, respectivamente, y a las autoridades de distintas comisiones, Amnistía brindó información para que sea tenida en cuenta en la discusión parlamentaria.
El organismo sostuvo que, según estándares de derecho internacional, «es legítimo establecer el requisito de que se debe comunicar a las autoridades antes de realizar la protesta, pero no el de pedir autorización, ya que eso sería violatorio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión».
«Aunque los Estados tienen la obligación de garantizar el orden público, es importante que las autoridades muestren un cierto grado de tolerancia ante la alteración inevitable que las manifestaciones suponen», puntualizó Amnistía Internacional.
La presentación del documento se produjo en momentos en que el Congreso debate distintos proyectos para regular la protesta social, luego de que una iniciativa en ese sentido del Frente para la Victoria tuviera una réplica opositora a fines de permitir manifestaciones en la vía pública.
En ese marco, Amnistía sostuvo que «las reuniones deben poder celebrarse de manera que puedan ser vistas y oídas por el público destinatario. Si se impone alguna restricción respecto al momento, el lugar o la manera de celebrar una reunión, deben ofrecerse alternativas razonables».
El organismo internacional manifestó que «en tanto las protestas sociales son ejercicio de la libertad de expresión, el Estado no puede supeditar su determinación respecto de la legitimidad o ilegitimidad en función de su mensaje».
De ser así, contrapuso el organismo, «se estarían censurando o privilegiando determinadas opiniones por sobre otras, según criterios arbitrarios, en clara violación a los derechos fundamentales».
Amnistía también expresó que el Estado «debe garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente».
«Incluso aunque los manifestantes actúen de manera violenta, la policía debe reaccionar de forma proporcionada, utilizando únicamente la fuerza mínima necesaria para contener la situación y restablecer el orden», definió Amnistía Internacional.
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