La especialista Paula Litvachky cuestionó la formación que reciben los miembros del sistema carcelario y policial a nivel nacional.
Además consideró que la Policía debe modificar sus estructuras y su funcionamiento, su control y también la formación de su personal.
Especialista en la defensa de los derechos humanos de los detenidos, Paula Litvachky analizó el caso de violencia policial ejercido en una comisaría de General Gemes. En diálogo con El Tribuno, cuestionó la formación que reciben los miembros del sistema carcelario y policial a nivel nacional.
“En el caso de las torturas procesales se ven claramente las fallas en el sistema de investigación criminal que en general son muy deficientes en todo el país. Las torturas y apremios no deben considerarse hechos aislados”, aseguró Litvachky, quien se desempeña como directora del Area de Justicia y Seguridad Democrática del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
La reforma del Código Penal, la necesidad de un apoyo por parte del Estado hacia las organizaciones que quieran colaborar en la reinserción de los presos y la falta de compromiso social a la hora de aceptar a un exconvicto como empleado fueron algunos de las temáticas que analizó la especialista.
Los casos de abuso de la autoridad policial, como el ocurrido en la ciudad de Gemes, ¿se repiten en otras ciudades del país?
Las prácticas de torturas y de apremios no pueden ser consideradas como hechos aislados. Por supuesto que cada jurisdicción federal tiene sus propias características, pero hay cierta sistematización y estructuralidad sobre los hechos de violencia en las personas detenidas que no permiten hablar de casos excepcionales o casos aislados. Presentar este tipo de prácticas como casos aislados hace perder de vista la necesidad de impulsar reformas importantes, ya sea en los servicios penitenciarios o en los centros de menores para erradicarlas.
¿Qué fallas hay en el sistema que generan este tipo de acciones por parte de las fuerzas de seguridad?
Es difícil generalizar. Lo que sí se puede plantear en términos más generales en relación con la Policía es la necesidad de modificar sus estructuras y su funcionamiento, su control y claramente su formación para evitar casos como estos. Se puede prever la existencia de los que se llama tortura procesal, que son las torturas que se emplean para sacar información a los detenidos. Las policías utilizan este tipo de prácticas para poder investigar y en otros casos -como sería lo que ocurrió en Gemes- lo que existió fue un hostigamiento hacia los chicos. Esto ya tiene que ver con una forma de realizar el control territorial por parte de la Policía que implica no solo una falta en la preparación de los efectivos, sino un problema dentro de la estructura jerárquica. También se suma el diseño de las políticas de seguridad y como se controla internamente a los policías. Hay que analizar las distintas prácticas para poder ver las deficiencias.
En el caso de las torturas procesales se ven claramente las fallas en el sistema de investigación criminal que en general son muy deficientes en todo el país. Ahí los policías apelan a prácticas de otros momentos históricos, de la dictadura, y demuestran que el Estado es incapaz de investigar los delitos de otro modo. En el caso de los hostigamientos, tienen que ver con el modo como la Policía gobierna algunos territorios. En el caso de los sistemas penitenciarios hay una dura discusión sobre la necesidad de reformar su estructura militarizada, el control y la formación de los propios servicios.
¿Qué descripción puede hacer del sistema penitenciario argentino?
La estructura federal del país hace que cada provincia tenga una particularidad. Uno encuentra algunas notas comunes de algunos servicios que son muy graves. La estructura militarizada y muy violenta de algunos servicios en los que se denuncian algunos hechos muy graves, como los ocurridos en Corrientes o la provincia de Buenos Aires. Aparece también el problema de hacinamiento, que implica una violación estructural de los derechos de los detenidos. Viven con problemas de salud, de educación y laborales. Hay prácticas violentas como las requisas o el uso del aislamiento. Estas son notas comunes pero no se puede hacer una generalización. Lo necesario es estudiar cada uno y diseñar políticas institucionales.
¿La violencia que ejercen las fuerzas de seguridad no genera más violencia cuando el detenido recupera su libertad?
Sí. En términos académicos y teóricos, es muy discutido el instrumento de la cárcel como herramienta útil para la sociedad. La experiencia de la cárcel es una experiencia fracasada con la aplicación de los castigos y en la posibilidad de que las personas se reinserten. Ahora, más allá de esta discusión que es universal, lo que está claro es que ningún procedimiento como el uso de la tortura pueda llevar a que una persona se reinserte socialmente. Sin duda, la sociedad tiene que discutir sobre el tipo de castigo que está dispuesta a tolerar.
¿En las zonas carentes se ejerce mayor violencia policial?
Exacto. Lo que se advierte es que la violencia policial está dirigida a los sectores que tienen menor capacidad de recurrir a la Justicia, menor capacidad de interpelar a las autoridades. La Policía ingresa en estas zonas sin temor a las consecuencias. La violencia policial tiene como víctima a las sectores más empobrecidos, y esto es un dato importante para dar cuando se reclama mayor seguridad. Los recursos que se destinan para brindar seguridad están desigualmente distribuidos. Existe un fuerte hostigamiento sobre los grupos con menos posibilidades sociales, se les arman causas judiciales, terminan detenidos para que denuncien a otras personas o quedan entrampados en una red ilegal que recauda siempre para los mismos.
¿Existen organizaciones que se encarguen de la reinserción de los detenidos?
Hay organizaciones que se dedican a colaborar, realizando actividades culturales o de tipo educativo; ahora, el peso de ese tipo de actividades debe estar puesto en el Estado; ahí hay una gran falencia. El Patronato de Liberados no está solo para hacer el monitoreo de los que salen en libertad condicional. Se debería conformar un red de contención para las personas que cumplen un período de detención para poder facilitar su reinserción social.
¿A la sociedad argentina le cuesta aceptar a un exconvicto como empleado?
Sí, hay una resistencia social para reincorporar a esas personas. Sin embargo, se piden mayores castigos para quienes comenten delitos, pero socialmente no se está preparado para aceptar a quien vuelve de un período de detención. Generar estos lazos es tarea fundamental del Estado para que las organizaciones sociales que quieran hacer este trabajo se acerquen. Hay una gran discusión sobre si se debe tener un sistema de detención más grande, pero no se discute sobre los recursos que se deben destinar para las personas que están dando este último paso, tras haber cumplido una pena. Serían mucho mejores los resultados si la política pública estuviera enfocada en esta etapa.
Pasaron 15 días desde lo ocurrido en Gemes, y desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no se expresaron sobre la situación…
Esperamos que todas las áreas del Gobierno se involucren en este tipo de hechos y puedan de alguna manera impulsar políticas que generen cambios eficaces. Todavía se espera que se sancione el proyecto de ley sobre el mecanismo nacional para prevenir los casos de tortura, que ya tiene media sanción en Diputados. Este sería un paso importante para generar un control mayor sobre los procesos provinciales. Se necesitan políticas activas, tanto del Ejecutivo nacional como en las provincias, para erradicar las prácticas de tortura.
Luego de lo ocurrido con el exbaterista de Callejeros, la Presidenta ponderó el sistema carcelario…
Planteó que el sistema federal tenía muy pocos problemas de sobrepoblación, pero me parece importante destacar que en muchas provincias no están bien. Hay deficiencias en el sistema carcelario federal y en las provincias. Las provincias como Salta deberían acompañar una política para mejorar el sistema y hacerlo más eficaz.
¿Considera que la reforma del Código Penal traerá soluciones a la crisis del sistema carcelario y policial?
Depende de la reforma. Vemos con buena cara que se impulse una reforma integral al Código, porque ha perdido gran parte de su sistematicidad. Creemos que puede generar un mejor funcionamiento del sistema penal, pero esto no es lo único. Los sistemas judiciales y penales deben funcionar bien para poder aplicar el nuevo Código. La legislación de fondo del Código debe estar acompañada por un compromiso y una discusión sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales.
