El joven presuntamente ultrajado por personal de la Comisaría Segunda de Trelew, la muerte de Julián Antillanca, las vejaciones sufridas por los hermanos Denis y Sergio Aballay, el joven baleado en el rostro en Comodoro Rivadavia, el caso de Esquel de golpizas que comenzó a investigarse; éstos son algunos de los recientes casos de violencia institucional que se han conocido en la provincia. El Diario consultó al doctor Alfredo Pérez Galimberti, Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa del Chubut, quien aseguró que “son casos que tienen una gravedad inusitada”.
Consultado acerca de un posible incremento en casos delictivos que involucren a la policía, Pérez Galimberti aseguró que en datos estadísticos aún no se puede confirmar aunque sí consideró que hay mayor visibilidad de los casos, “No podría afirmar si hay o no más casos de violencia institucional porque aún no tenemos la comparativa de los hechos denunciados, lo que sí se advierte es que hay casos con mayor repercusión pública. Creo que hay un impacto público más importante y que está referido a casos muy resonantes como el de Julián Antillanca, los hermanos Aballay, este caso del menor en la Comisaría Segunda de Trelew, el caso de Comodoro Rivadavia con un joven con un escopetazo en el rostro, en Esquel la Fiscalía ha iniciado una apertura de investigación por vejaciones. Son casos que tienen una gravedad inusitada que antes no aparecían, hay una opinión pública muy sensibilizada pero antes también existían casos de este tipo.”

Menor abusado en Trelew

Consultado acerca del caso del menor presuntamente abusado en la Comisaría Segunda de Trelew, que tuvo repercusión nacional y conmovió a la sociedad en su conjunto, Pérez Galimberti detalló cómo sigue el proceso de investigación del caso: “Ya hubo una formalización de la imputación, las pruebas recogidas en las primeras 48 horas han sido vitales para la investigación, en este momento se está esperando el resultado de la parte pericial de Gendarmería. Por este hecho hay cuatro personas imputadas por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y vejaciones, a juicio nuestro esto es tortura; hay un quinto imputado por participación que a juicio nuestro es encubrimiento. Hay cuatro personas que están con privación de la libertad y se ha otorgado por el término de dos meses. Se hicieron ruedas de reconocimientos que involucró a más de 50 personas y se han recogido testigos que son el propio joven involucrado, la novia, los padres, y amigos del joven. Se ha requisado la ropa de la policía y los bastones, también se hizo una inspección ocular de la Comisaría Segunda. Por lo tanto, hay dos cuestiones que se están esperando que son los resultados de ADN en la ropa de los policías y en los bastones, entiendo que también se han secuestrado teléfonos celulares y se están haciendo investigaciones de las comunicaciones, con cruce de llamadas y mensajes de texto. Por supuesto que también se han hecho los exámenes médicos que corresponden.”

A la espera del juicio

En referencia a los tiempos que se estiman para llegar a develar cómo han sido los hechos y qué responsabilidades caben a los imputados, el Defensor Adjunto estimó que hacia mitad de año debería estar comenzando el juicio. “La investigación tiene un tiempo máximo de seis meses, va a concluir con la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía y seguramente la querella también hará alguna presentación, por ejemplo si no está de acuerdo con la calificación del hecho. A partir de ese momento el Tribunal dará una audiencia para fijar el inicio del juicio, que esperemos que sea antes de mitad de año. La prisión preventiva se le otorgó a la pretensión de la Fiscal por un tiempo de dos meses, esto fue a fines de enero, por lo tanto alrededor del 20 de marzo tendría que estar presentada la acusación y de este modo el Tribunal admitirá o no la prolongación de la prisión preventiva, si es que así lo solicita la Fiscal, que entiendo que será así.”
A título personal, Pérez Galimberti agregó que considera que hay una cantidad de pruebas suficientes como para llegar a la resolución del hecho, “Lo que a mí me parece es que la investigación realizada en las primeras 48 horas es muy eficaz, creo que está muy consolidado el caso, veremos qué pasa con las evidencias que restan pero aún así hay muchas evidencias tanto de la parte física como de la testimonial que ha sido reunida.”

Mayor exposición

En referencia a la mayor llegada a la opinión pública de estos casos de violencia institucional, lo cual podría generar una mayor predisposición de parte de los particulares para denunciar los hechos de tortura y vejaciones en manos de las fuerzas de seguridad, el doctor Pérez Galimberti consideró que es valorable que tengan una mayor repercusión, pero fundamentalmente para que se actúe en prevención.
“Yo creo que es muy bueno que los problemas graves de la sociedad sean públicos y las soluciones puedan ser verificables por el público, aspiro a que esta visibilización de los casos sirva para concretar medidas preventivas, para que esto no vuelva a pasar porque realmente es muy grave. Es difícil evitar delitos que son cometidos por particulares, por ejemplo que alguien no robe en una vivienda, pero impedir que desde la policía no se produzcan delitos es una tarea institucional, se debe garantizar que estos hechos no ocurran o al menos no tantos como los que estamos viendo, esto se requiere que sea ya, es una preocupación muy grande lo que se ve.”

Sobre las medidas de Buzzi

Por último, el Defensor fue consultado acerca de las medidas adoptadas por el actual gobernador, Martín Buzzi, en referencia a los cambios efectuados en la cúpula policial, así como también la voluntad de realizar una nueva Escuela de Policía en Rawson y Comodoro Rivadavia y afianzar la capacitación de los mismos en materia de Derechos Humanos, sobre este punto Pérez Galimberti aseguró: “La primera actitud adoptada por el Gobernador ante los hechos sucedidos en la Comisaría Segunda de Trelew, me parece que es correctísima; en cuanto a un desarrollo político del tratamiento de la conflictividad todavía no aparece totalmente consolidado, esto es así. Pasar de una policía brava a una policía de acompañamiento es una labor institucional muy larga y compleja, que necesita de una profesionalización de la institución policial, sino queda en el discurso político y esto es algo que venimos viendo en Latinoamérica en los últimos años, son cosas que se han generalizado”, aseguró en alusión a que los cambios democráticos vividos a partir del año 1983 no se visibilizan al interior de la institución policial.

Fuente: http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=141403