Hace veinte días Fernando Carrera, acusado por la “Masacre de Pompeya”, fue liberado después de haber estado siete años preso, debido a que la Corte Suprema de justicia revocara la condena de 30 años de prisión.
Según pudo saber Online-911, desde el Instituto de Estudios comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), consideran que este caso es un ejemplo de la necesidad urgente de reformar el Código Procesal Penal de la Nación, reorganizar el sistema judicial, el ministerio público fiscal e implementar los juicio por jurados.
“El caso de Fernando Carrera no es una excepción de la deficiente administración de la Justicia y la corrupción policial. Este caso nos revela la necesidad de una reforma estructural en la administración de la Justicia, a partir de un nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la transformación cultural que lleva 400 años de escriturismo y de inquisición en materia penal”, explican desde el Inecip a este portal.
Los profesionales que vienen trabajando desde hace más de veinte años por la democratización del sistema de Justicia, consideran que es muy necesario el cambio integral del sistema.
“Los sistemas de administración, anclados en matrices inquisitivas, no sólo son cuestionables por su incompatibilidad con el texto constitucional, sino que han sido diseñados e inspirados en contextos sociales completamente diferentes al actual, y que hoy demuestran su incapacidad para responder a las demandas de la sociedad”.
Una de las principales fallas que advierten los profesionales en el sistema procesal penal actual, es la duración de los procesos, que llevan demasiado tiempo entre que se produce el hecho y la decisión sobre la persona que lo cometió. “Por eso –explican desde el Inceip- es necesario implementar un sistema de audiencias orales, sobre todo durante la investigación, que permita la toma de decisiones judiciales en base a la contradicción entre las partes y la inmediatez entre éstas y el juez”.
Otras de las fallas que toman en cuenta es la intervención del Ministerio Público Fiscal, el que en la actualidad está relegado a un rol meramente formal asumiendo tareas netamente administrativas. “Es fundamental que la dirección de la investigación esté en manos de los fiscales –advierten los profesionales-, que se puedan organizar en unidades de investigación por flujo o salida de casos para que se logre atender los más complejos en forma eficaz, sin desatender los demás casos que ingresan al sistema”.
Desde el Inecip también consideran como falla el sistema recursivo, que produce demoras y congestiona el desarrollo de la investigación, favoreciendo un litigio basado en el tratamiento de nulidades fundadas en cuestiones formales.
También el juicio oral, para los profesionales que impulsan la reforma, está condicionado por lo ocurrido durante la instrucción judicial y funciona como una reiteración de todo lo allí producido. “Si encima la instrucción es delegada íntegramente en la policía -sospechada en este caso de haber originado una balacera en plena vía pública, a la luz del día y de haberse equivocado de persona-, ¿qué podemos esperar de un juicio que es la coronación festiva del expediente?”. Por esto es que la institución propone al juicio por jurado como una opción central en un sistema democrático que propicie a que sea la sociedad quien juzgue públicamente a sus pares.
