Los políticos y candidatos que tienen el “combate contra el delito” como eje principal de sus discursos suelen repetir que “la inseguridad no es de derecha ni de izquierda”. Pero, oh casualidad, las soluciones que presentan siempre son de derecha o conservadoras: más policías, más patrulleros, endurecimiento de penas, baja de la edad de imputabilidad, etcétera.

Con el ánimo de revertir esa tendencia, desde la Universidad Nacional de Avellaneda se entusiasman con la posibilidad de generar datos concretos para “desmitificar” y “dar la batalla cultural” con respecto a las aseveraciones que aparecen en los medios masivos de comunicación. Así lo expresó el ingeniero Jorge Calzoni, rector de esa casa de altos estudios, en diálogo con Contexto, en la previa de la firma de un acuerdo de colaboración con la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura bonaerense.

“LOS MEDIÁTICO CONSPIRA CONTRA LO SERIO, Y ES NUESTRA OBLIGACIÓN EN ESTA ETAPA DE RECUPERACIÓN DE DERECHOS PODER DESMITIFICAR UN MONTÓN DE LATIGUILLOS.”

La idea comenzó a hacerse realidad tras una conversación formal que Calzoni mantuvo con el diputado kirchnerista y presidente de la Bicameral, Marcelo Torres, donde plasmó el interés de incorporar el trabajo de expertos, docentes e investigadores.

“La cuestión de la inseguridad es un tema complejo, y lo que hay que tener es información precisa y concreta”, dijo Calzoni a este medio, quien explicó que la demanda legislativa llegó después de la realización de un observatorio de casos en Dock Sud y otro creado para colaborar con la formación de la Policía Local en su distrito.

“Los mediático conspira contra lo serio, y es nuestra obligación en esta etapa de recuperación de derechos poder desmitificar un montón de latiguillos que se escuchan en la radio y en la televisión, permitirnos dudar”, agregó.

“Se escucha a ciertos candidatos decir cada cosa sobre esto, que da un poco de miedo, y por eso nosotros tenemos otro punto de partida, tenemos que poder decir qué Policía queremos tener”, completó Calzoni.

Una experiencia novedosa

De concretarse, sería una de las primeras participaciones concretas de una Universidad pública en las políticas de seguridad de un Estado provincial. Calzoni admitió que para avanzar “se debe vencer el prejuicio de opinar sobre este asunto”.

“SIEMPRE HABLAMOS DE LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN, Y AQUÍ HAY UN EJEMPLO QUE NOS ENORGULLECE.”

Calzoni explicó que en la UNDAV son dos investigadores del CONICET los que se dedican a estudiar y a analizar las situaciones de violencia y homicidios, y serán los que continuarán a cargo si se cierra un esquema conjunto con diputados y senadores.

“Siempre hablamos de la Universidad al servicio de la resolución de los problemas, al servicio del bien común, y aquí hay un ejemplo que nos enorgullece. El aporte de nuestros académicos enriquecerá la labor de la Comisión, para que nuestra legislación sea más eficiente y moderna”, dijo Calzoni tras la primera reunión con Torres.

A su vez, el diputado del FpV había sugerido que “para encarar la cuestión de la seguridad, es clave escuchar a los expertos”, porque “no se puede tocar de oído ni especular políticamente, porque el tema requiere la mayor seriedad”.

 

La Comisión Bicameral

Fue creada por ley en 1998 bajo el nombre de “Comisión Bicameral de seguimiento y fiscalización de las políticas de prevención del delito, seguridad, criminalística, criminología e inteligencia y de los órganos y actividades que desarrollan las mismas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

Está integrada por cuatro representantes de cada una de las Cámaras en igual número por la mayoría y la minoría de cada Cuerpo Legislativo. Entre sus funciones está:

-Llevar a cabo un control directo y permanente de las tareas, medidas y normas que se implementen con motivo de la reorganización del sistema de seguridad.

-Participar en la elaboración de todos los proyectos de ley a que dé lugar la reorganización del sistema de seguridad.

-Producir un informe periódico de carácter público cuando lo estime necesario.