San Carlos de Bariloche, 21 de mayo (Télam).- La Asociación Pensamiento Penal (APP) presentó hoy en Bariloche un informe sobre la situación crítica de tres cárceles de Río Negro, en el que se destacan problemas de higiene y salubridad, hacinamiento e inadecuada infraestructura.
El informe, en base a un relevamiento realizado en abril en las unidades penales provinciales de Viedma, General Roca y Bariloche, permitió observar una problemática común a todas, además de serios defectos específicos de cada una.
La entidad destaca que en función de un convenio de cooperación entre la Nación y la provincia el gobierno rionegrino promoverá la construcción de nuevas unidades, la mejora de otras y la puesta en marcha de programas educativos y de capacitación, en especial en Viedma y Bariloche, que tienen mayores problemas.
También consideró «relevante» que Río Negro, otras provincias y el Estado nacional establezcan «con claridad su capacidad real de alojamiento», para evitar la superpoblación carcelaria y sus consecuencias, tales como hacinamiento y deterioro acelerado de los edificios, entre otras.
Si bien consideró que esto «permite avizorar ciertas esperanzas de modificación de las adversas condiciones carcelarias», el informe señaló que en las tres cárceles investigadas hay «instalaciones eléctricas deficitarias, extrema humedad en paredes y techos, ausencia de limpieza y condiciones de salubridad, y escasez o ausencia de vidrios en las ventanas».
Agregó que es «crítica la situación de las cámaras sépticas, hay escasa o nula posibilidad de salida a espacios abiertos, deficiente calidad y escasa provisión de comida; colchones no ignífugos, con carencia de cobertor; y atención médica inadecuada o directamente nula».
Agregó la «ausencia de programas para el tratamiento de adicciones y de trabajo remunerado, una instrucción primaria escasa y no incentivada, carencia de acceso a educación superior (secundaria, terciaria y universitaria), y alojamiento conjunto de procesados y condenados».
El informe fue presentado por el vicepresidente de APP, Darío Martín, quien agregó que en el caso de Bariloche es particularmente grave el tema de la calefacción, ventilación de espacios y ausencia de ventanas, que se reemplazan con pedazos de colchones en tanto usan hornallas como calefacción.
«Los detenidos deben optar entre la calidad de aire puro y exceso de frío o ambiente calefaccionado y aire absolutamente viciado», precisa el informe.
Martín destacó que se registraron numerosas acciones de amparo o habeas corpus tramitados por jueces, aunque responsabilizó también a la justicia tanto como al gobierno provinciales de la ausencia de «políticas carcelarias adecuadas».
Ponderó que la provincia haya adherido a la ley nacional de Prevención de la Tortura, aunque destacó que la determinación no tiene sentido sin la creación de un Comité para aplicar esa normativa, ante lo que la legisladora Beatriz Contreras destacó que esa medida será adoptada por el gobernador Alberto Weretilneck el próximo 6 de junio.
Por su parte, el abogado de la APDH Rubén Marigo señaló que en los tres últimos años la entidad presentó informes sobre «la indignidad de las condiciones» de la Unidad Penal III de Bariloche, sin que se tradujeran en cambio alguno.
«Las cárceles están en manos de la policía no de un cuerpo penitenciario especializado. «Hay nuevos aires en la provincia y creemos que habrá cambios», sostuvo, y destacó el trabajo de la Pastoral Carcelaria para suplir algunas de las carencias de los establecimientos. (Télam)
El informe, en base a un relevamiento realizado en abril en las unidades penales provinciales de Viedma, General Roca y Bariloche, permitió observar una problemática común a todas, además de serios defectos específicos de cada una.
La entidad destaca que en función de un convenio de cooperación entre la Nación y la provincia el gobierno rionegrino promoverá la construcción de nuevas unidades, la mejora de otras y la puesta en marcha de programas educativos y de capacitación, en especial en Viedma y Bariloche, que tienen mayores problemas.
También consideró «relevante» que Río Negro, otras provincias y el Estado nacional establezcan «con claridad su capacidad real de alojamiento», para evitar la superpoblación carcelaria y sus consecuencias, tales como hacinamiento y deterioro acelerado de los edificios, entre otras.
Si bien consideró que esto «permite avizorar ciertas esperanzas de modificación de las adversas condiciones carcelarias», el informe señaló que en las tres cárceles investigadas hay «instalaciones eléctricas deficitarias, extrema humedad en paredes y techos, ausencia de limpieza y condiciones de salubridad, y escasez o ausencia de vidrios en las ventanas».
Agregó que es «crítica la situación de las cámaras sépticas, hay escasa o nula posibilidad de salida a espacios abiertos, deficiente calidad y escasa provisión de comida; colchones no ignífugos, con carencia de cobertor; y atención médica inadecuada o directamente nula».
Agregó la «ausencia de programas para el tratamiento de adicciones y de trabajo remunerado, una instrucción primaria escasa y no incentivada, carencia de acceso a educación superior (secundaria, terciaria y universitaria), y alojamiento conjunto de procesados y condenados».
El informe fue presentado por el vicepresidente de APP, Darío Martín, quien agregó que en el caso de Bariloche es particularmente grave el tema de la calefacción, ventilación de espacios y ausencia de ventanas, que se reemplazan con pedazos de colchones en tanto usan hornallas como calefacción.
«Los detenidos deben optar entre la calidad de aire puro y exceso de frío o ambiente calefaccionado y aire absolutamente viciado», precisa el informe.
Martín destacó que se registraron numerosas acciones de amparo o habeas corpus tramitados por jueces, aunque responsabilizó también a la justicia tanto como al gobierno provinciales de la ausencia de «políticas carcelarias adecuadas».
Ponderó que la provincia haya adherido a la ley nacional de Prevención de la Tortura, aunque destacó que la determinación no tiene sentido sin la creación de un Comité para aplicar esa normativa, ante lo que la legisladora Beatriz Contreras destacó que esa medida será adoptada por el gobernador Alberto Weretilneck el próximo 6 de junio.
Por su parte, el abogado de la APDH Rubén Marigo señaló que en los tres últimos años la entidad presentó informes sobre «la indignidad de las condiciones» de la Unidad Penal III de Bariloche, sin que se tradujeran en cambio alguno.
«Las cárceles están en manos de la policía no de un cuerpo penitenciario especializado. «Hay nuevos aires en la provincia y creemos que habrá cambios», sostuvo, y destacó el trabajo de la Pastoral Carcelaria para suplir algunas de las carencias de los establecimientos. (Télam)
