Recientemente ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para establecer un régimen jurídico procesal destinado a regular las formalidades y condiciones bajo las cuales se tomarán las declaraciones judiciales de niños, niñas y adolescentes o incapaces que resulten víctimas o testigos de un delito. La iniciativa fue presentada por la diputada Cecilia Guerrero, presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja.
Según el articulado, se estipula que las disposiciones, una vez convertida en ley, son aplicables a todo niño, niña o adolescente que no haya alcanzado la mayoría de edad al tiempo de tomarse su declaración judicial o a personas mayores incapaces. Además, se aplicará a los procesos penales llevados a cabo por órganos jurisdiccionales penales de la Provincia de Catamarca, en todas las etapas del proceso.
La diputada fundamentó que el proyecto tiene por objeto establecer las normas jurídico – procesales que se propician para la regulación de las condiciones y formalidades que deben rodear a los actos de declaraciones judiciales que deban ser prestadas por niños, niñas, adolescentes e incapaces que sean víctimas o testigos de la comisión de un delito. El establecimiento de normas claras persigue la finalidad de asegurar en todos los casos el interés superior del niño, niña, adolescente o incapaz, en consideración a su estado madurativo y para enervar el riesgo de afectación psíquica y emocional con la realización de actos y diligencias procesales, así como de pericias que deban realizarse respecto a aquellos, indicó.
“Nuestro país se encuentra obligado a establecer y aplicar normas que aseguren el trato respetuoso a los niños, niñas, adolescentes e incapaces, en atención a la especial situación de cada uno de ellos, para asegurar la efectiva vigencia de sus derechos, y el tratamiento adecuado en su condición de sujetos de derecho que garanticen su protección integral por parte del Estado. Muchas veces, los engorrosos laberintos de la administración de Justicia, ocasionan la configuración de la denominada violencia institucional, que a estar de numerosas y dolorosas experiencias padecidas por personas que resultaron víctimas o testigos de delitos, les dejaron la percepción de que miembros del Poder Judicial, llamado por la Constitución y la ley a ser garante de sus derechos y auxiliares de la Justicia, incurren por la vorágine de la tarea cotidiana en acciones u omisiones que implican un trato desconsiderado que termina generando como consecuencia una nueva victimización de las personas, o como se la denomina generalmente, la victimización secundaria”, sostuvo.
En este sentido, argumentó que cuando estas situaciones no deseadas se producen respecto a las personas que por su propia condición, estado madurativo y edad son consideradas más vulnerables, el anhelo de una Justicia verdaderamente accesible para todos termina siendo un ideal de difícil realización. En este orden de ideas, remarcó, es que se vela por la sanción de normas jurídicas de naturaleza procesal, que aseguren a los niños, niñas, adolescentes e incapaces que hubieran sido víctimas o testigos de un delito, que sean tratados por jueces, fiscales, peritos y miembros del Cuerpo Interdiscipliario Forense o Equipos Técnicos Interdisciplinario, con el debido respeto y la adecuada consideración al estado emocional y psicológico que les hubiera ocasionado la configuración de un delito en su contra, o el haber presenciado el hecho como testigo.
“El Poder Judicial de Catamarca ha incorporado hace tiempo atrás el sistema de Cámara Gesell, dispositivo implementado en el ámbito del CIF, con la finalidad de posibilitar que las entrevistas que se realicen en ella, puedan ser observadas desde el exterior en forma directa, preservando a los niños, adolescentes e incapaces del temor que pudiera ocasionarles la presencia de otras personas y evitando así mismo que dicha presencia pudiera ser percibida como un factor de presión o de incomodidad para las víctimas y testigos”, destacó.