Los fiscales de toda la provincia se reunieron el viernes para aunar criterios sobre la prisión preventiva. Se quejaron por la falta de herramientas para soluciones. “Estamos en crisis y necesitamos herramientas para dar soluciones”, dijeron.
Los fiscales de instrucción de toda la provincia se reunieron para aunar criterios respecto de cuándo y cómo solicitar la prisión preventiva. Además reclamaron celeridad a los legisladores por la reforma del Código Procesal Penal que desde 2004 no avanza en la Legislatura. El cónclave se realizó en el marco de un taller el viernes en el Colegio de Magistrados.
El Fiscal General de la provincia, César Sotelo, encabezó el encuentro junto al ministro del Superior Tribunal, Alejandro Chaín. Los 18 fiscales de todo Corrientes asistieron para unificar un criterio respecto de la prisión preventiva. Además hubo críticas a los legisladores por la demora en la reforma del Código Procesal Penal.
Sobre el proyecto de reforma que permanece en la Legislatura, el fiscal Buenaventura Duarte reclamó celeridad a los legisladores. La iniciativa espera avances desde 2004.
“Ellos (por los legisladores) tienen que ser conscientes de que necesitamos herramientas para la solución de los conflictos y que los más simples sean resueltos de forma alternativa, mientras que nosotros nos ocupamos de los más graves”, explicó el fiscal Buenaventura Duarte.
“Estamos en crisis con el proceso penal”, afirmó y recordó que en varias provincias se hicieron reformas de fondo, que en Corrientes todavía están siendo discutidas en varios ámbitos, menos el Poder Legislativo.
“Nosotros seguimos con el Código Procesal Penal de 1972, cómo quieren que demos soluciones serias si no nos dan las herramientas”, se quejó.
También el Fiscal General César Sotelo salió al cruce por la demora legislativa.  “El Código tiene más de 40 años y la sociedad cambió mucho en estos años, por lo que se debe trasladar esos cambios a las leyes”, fustigó,
Por eso resaltó la necesidad de avanzar en la cuestión ya que la norma vigente data de los años ‘70 y urge adaptarla.
Prisión preventiva
En el encuentro se debatió además sobre prisión preventiva.
“La idea es conocer la realidad de cada localidad, que siempre es distinta comparada a otras. Para dejar en claro los criterios de cómo y cuándo pedir la prisión preventiva”, explicó Sotelo.
“Es facultad exclusiva del fiscal de instrucción pedir la prisión, que debe realizar la investigación del hecho como lo ordena la Ley de Ministerio Público”, dijo.
“Buscamos dejar sentado un criterio uniforme al respecto y por eso es bueno que todos los fiscales hayan asistido”, detalló.
“La libertad la otorga o la deniega siempre el juez. El fiscal es el que puede pedir extender la prisión preventiva y de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica puede ser de hasta 2 años y extenderse dependiendo de la gravedad del hecho”, recordó.
“Hay que analizar cada caso, la sociedad reclama respuestas y nosotros, como funcionarios públicos, debemos responder sus demandas”, insistió Sotelo.
Por otra parte aclaró que “los fiscales no sentimos presión, sentimos preocupación por estos temas que afectan a toda la sociedad”.
“Ningún funcionario ha sido improvisado en el cargo, todos tienen una trayectoria y están preparados para analizar una solución solvente”, aclaró.

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