Con el Código Penal actual, quien roba cinco cabezas de ganado puede recibir una pena mayor que quien comete un homicidio. La anécdota levanta algunas risas en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, pero genera mucha más preocupación. Quien la cuenta es Roberto Carlés, coordinador de la Comisión de Anteproyecto de Reforma al Código Penal. A su lado espera el turno al micrófono el juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien luego explicará que lo peor que puede pasarle a esa persona que cometió el delito es ser hallada inimputable: «Las penas en algún momento se cumplen, pero una medida de seguridad (como una internación psiquiátrica) puede ser indeterminada.»
La escena transcurre en el marco del encuentro «Impacto de la reforma del Código Penal en Salud Mental», organizado por la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, la Federación de Psicólogos de la República Argentina y la organización Salud Mental Legítima. El objetivo es conocer más en profundidad las modificaciones introducidas en el anteproyecto, que actualmente está en proceso de audiencias abiertas en el Congreso, para luego formular sugerencias. Los temas de mayor interés para el auditorio, compuesto en su mayoría por psicólogos y psiquiatras, fueron la tenencia de estupefacientes para consumo (ver aparte) y el régimen de inimputabilidad.
«Hoy, el peor castigo es ser declarado inimputable.» Con esa provocación introdujo a los panelistas Adelqui del Do, integrante de Justicia Legítima. El proyecto que Zaffaroni y Carlés se disponían a presentar propone cambiar esto poniendo límites al encierro (sólo serán susceptibles de esas medidas los responsables de «hechos realmente graves» que pongan en riesgo bienes jurídicos), especificando mayores controles durante la internación y remplazando el viejo criterio de «peligrosidad» por otro «más clínico y determinable de agresividad».
Además, el nuevo proyecto instituye la figura de «inimputabilidad atenuada» para los casos en que haya una comprensión parcial del hecho, para lo cual se promueve una reducción de la pena y un tratamiento. Finalmente, para los delitos excarcelables, el anteproyecto prevé que la persona inimputable sea derivada a la justicia civil para que esta actúe de acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada a fines de 2010 y reglamentada en mayo del año pasado.
«Vivimos en tiempos de fetichismo punitivista, en los que se promueve el mismo remedio para distintas enfermedades», diagnosticó Carlés. En temas de Salud Mental, sin embargo, el objetivo del sistema penal tiene que ser la rehabilitación de la persona. «Hay que buscar la emancipación del sujeto. Sacarlo de la situación de vulnerabilidad que lo hizo quedar preso en el sistema punitivo», agregó.
Zaffaroni, a su turno, historizó la génesis del Código Penal argentino y explicó que el sistema actual conserva la esencia de otros códigos europeos que le sirvieron de modelo a fines del siglo XIX. Parte de esa herencia son las «medidas de seguridad» que se aplican a los considerados inimputables. Para el magistrado, esas medidas no son más que «penas con otro nombre» y que incluso pueden ser peores, por ser indeterminadas.
Al finalizar la presentación, Tiempo Argentino consultó al juez su opinión sobre el futuro del proyecto que todavía no tiene fecha de discusión en el Congreso. «La historia de las reformas penales en la Argentina siempre fue problemática. Hay momentos en que un proyecto se interrumpe por imponderables de la política, pero cuando la reforma es necesaria, porque es imprescindible, a la larga se retoma, y si no sale ese, se toma como base. Lo importante es ir caminando en ese sentido.»  «

Grupo de trabajo

Entre la justicia y la salud mental

Salud Mental Legítima es un grupo de trabajo orientado al análisis y estudio de las relaciones entre justicia y salud mental. Se presentó en sociedad en junio del año pasado, con un encuentro, precisamente, en la Biblioteca Nacional.

Drogas: no punibilidad de la tenencia para consumo

«Poner límites a la posesión de estupefacientes está probado que es ineficaz», señaló el coordinador de la Comisión de Anteproyecto de Reforma al Código Penal, Roberto Carlés. «Por eso lo que se promueve en el anteproyecto es la no punibilidad de la tenencia para consumo como primer paso a la despenalización de la tenencia en general», completó.
La necesidad de adecuar el Código Penal de manera de no seguir llenando las cárceles de consumidores ya fue largamente discutida y cuenta con el aval de un número cada vez mayor de legisladores y funcionarios oficialistas que, desde hace meses, formulan declaraciones en favor de un nuevo enfoque para combatir el narcotráfico y sus efectos. Zaffaroni es uno de los jueces que desde hace años se expresa en ese sentido.
«Si alguien creyó en serio en la ‘guerra contra las drogas’ (como se conoció la estrategia promovida desde EE UU para combatir el narcotráfico), tiene que reconocer que se perdió», señaló el juez en diálogo con Tiempo Argentino. «Hoy tenemos 60 mil muertos en cuatro años en México y se hubieran necesitado 200 años para que muriera esa cantidad de gente por sobredosis de cocaína.  Entonces, ¿qué estamos haciendo?», se preguntó Zaffaroni. «En la Argentina nosotros tenemos dos problemas serios: como criminógeno el alcohol, y como letal, el paco. Si no nos dedicamos a eso, estamos desbarrancando para cualquier lado», concluyó.

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