Pidió mucha precisión en todo para contar con un mapa del delito on line y estimar los desembolsos necesarios.
Al flamante secretario de Seguridad, Javier Oteo, le requirió para la próxima reunión de este consejo informe “comisaría por comisaría, con el plan de refacción y/o desembolso, las unidades móviles afectadas a cada una de ellas, el sistema de registro fijo de telefonía, los recursos humanos afectados y sistema de remplazos, acciones en el territorio y el mapa del delito”.
En esta reunión también participaron el presidente de la Legislatura Eduardo Aguilar, el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini, los intendentes Hugo Sager (Puerto Tirol), Alicia Azula (Barranqueras), los diputados Ricardo Sánchez (PJ), Juan José Bergia (NePar), Jorge Varisco (Bases y Principios) y Carlos Martínez (Libres del Sur), entre otros.
Foco en la prevención
Eso es lo que permitirá “la construcción del mapa on line del delito” con el registro de las denuncias, la intervención rápida del sistema 911 y requirió a Oteo “mucha precisión” en el informe que deberá presentar que también debe incluir uniforme, equipamiento, armas y metas políticas que se deben cumplir en plazos de terminados.
La prevención también se respalda en las 112 cámaras de videos fijas y 96 domos en 10.000 metros lineales. El sistema de video vigilancia más el sistema 911, de atención por cuadrícula debe permitir la combinación de tecnología y recursos humanos para la prevención de contravenciones y delitos comunes y complejos.
“Esta ley es avanzada. La ley de Seguridad Democrática es la más moderna de la República Argentina. Es un avance extraordinario con una participación muy positiva de todos los actores del sistema político, económico y social de la provincia”, apuntó Capitanich aunque reconoció que la herramienta legal “por sí misma no resuelve los problemas”.
En cambio destacó la conveniencia de la participación en el Consejo de Seguridad de los diversos sectores de la comunidad: los diputados provinciales, los intendentes municipales, los foros de seguridad y, por supuesto, del Poder Judicial.
Plan operativo
El plan de acción de carácter operativo de seguridad tendrá en cuenta que el 60 por ciento de los delitos se produce en el 2 por ciento del territorio y que el 7 por ciento abarca al 87 por ciento de los delitos. “Es necesario generar una estrategia de intervención territorial”, acotó.
Eso implicará la articulación de la estructura fija de video vigilancia y la capacidad móvil para la intervención territorial en puntos fijos y variables conjuntamente con un sistema moderno de recepción denuncias que se pondría en marcha entre julio y agosto y que no necesariamente estas se hagan en una comisaría.
Esto va a cambiar el rol de la Policía, afirmó el gobernador tras señalar que con distintas acciones se van a liberar a más de 400 efectivos que prestan servicios administrativos o indirectos para que se ocupen en servicios directos o en la presencia efectiva en las calles para combatir al delito.
El sistema de denuncia se simplificará para la información llegue por distintos medios: teléfonos, Internet y hasta de mensajes de texto, que se deberá comunicar a un móvil del Sistema 911 para que pueda constatar en in situ el delito denunciado en una rápida y preventiva intervención dentro de la cuadrícula correspondiente.
“Creo que estos son avances muy importantes. Esto puede funcionar adecuadamente. A la vez se prevé el fortalecimiento de la Policía Rural para resolver de los problemas del abigeato”, añadió.
El jefe del Poder Ejecutivo dijo que la reglamentación de la ley de Seguridad es lo que “va a permitir avanzar en la estrategia de fortalecimiento de la seguridad preventiva”. Al respecto estimó que en 60 días podría estar concluida esa tarea que demandará un detallado enfoque global y un trabajo minucioso en el aspecto de todas sus partes.
El gobierno propició el abordaje del problema de la seguridad en tres áreas muy concretas. En la que tiene que ver con el Servicio Penitenciario Provincial, que está en funcionamiento desde abril de 2008, se realizaron inversiones de carácter estructural para atender a más de 1.000 reclusos.
La meta del segundo semestre “es no tener ningún recluso albergado en una comisaría” y que a la vez “implica respetar los derechos humanos y, obviamente, los mecanismos de prevención en los lugares de encierro”.
Según dijo es necesario mejorar la capacidad instalada de la alcaidía de Sáenz Peña, mientras se avanzará en reformas complementarias en Resistencia como también en las 86 comisarías que están en los 69 municipios.
En paralelo a esto avanza la política de seguridad vial, cuyo consejo se reunirá para analizar las medidas preventivas y sus efectos en los indicadores.
El otro componente es el de la prevención de contravenciones y delitos comunes y/o complejos con distintos grados de estrategias e intervenciones. En este aspecto incluyó el capítulo de la seguridad deportivo y anticipó la propuesta de modificar la ley 4.209, el Código de Faltas y sus leyes complementarias y modificatorias, para establecer mecanismos de penalización.
