CIPOLLETTI (AC).- El ministro de Gobierno Luis Di Giacomo oficializó ayer un conjunto de medidas que permitirán sostener el trabajo de intervención que se realiza en el penal de Cipolletti. La creación de un grupo especial para «reorganizar» la situación, el traslado de las oficinas del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados y la instalación de líneas telefónicas, internet y comunicaciones formaron parte de los anuncios.
Di Giacomo insistió en que el viernes no hubo «atrincheramiento» a pesar de que los medios de comunicación registraron videos y entrevistas que mostraban a los penitenciarios acuartelados y reclamando condiciones de seguridad y objetando excesos en las atribuciones de los presos.
Ayer cerca del mediodía, el ministro se presentó en el penal del paraje El Treinta y sus colaboradores bajaron cajas que contenían 61 uniformes con bombachones, camisas, chombas, remeras, cintos y botines. Aseguró que esa vestimenta estaba licitada desde hace tres meses y sostuvo que fue una casualidad que la ropa haya llegado después de los reclamos del viernes.
Di Giacomo estuvo acompañado por la interventora Fabiana Sandoval y por el titular de la cárcel de Roca, Emilio Martínez. El ministro habló de la creación de un grupo especial, conformado por unos 10 agentes. Se capacitarán durante 20 o 30 días y su función será contener situaciones de conflicto. También anunció el traslado de las oficinas de IAPL desde los tribunales cipoleños a un salón ubicado en el ingreso de la cárcel. «Es para que haya un contacto directo entre los internos, familiares y el equipo técnico de profesionales», dijeron.
Aseguraron que en los próximos días instalarán líneas telefónicas, internet y equipos de comunicaciones. Hasta ayer, la penitenciaria de Cipolletti alojaba a 107 internos. El viernes, cuando los celadores hicieron declaraciones a la prensa, manifestaron que en los pabellones, que son de mediana seguridad, había presos peligrosos y que los agentes carecían de herramientas para desactivar los conflictos.
Ayer, la interventora indicó que IAPL realizará una evaluación y que luego determinarán si es necesario efectuar traslados.
La cárcel fue inaugurada en diciembre de 2010 y en una primera etapa el régimen arrojó buenos resultados. Sin embargo, cuando el resto de los penales de la provincia entraron en emergencia, el establecimiento de El Treinta quedó al límite y comenzaron los problemas.
Se registraron fugas masivas, motines y serios enfrentamientos con presos heridos que derivaron en la intervención.
El sábado, los legisladores Jorge Barragán y Viviana Pereira recorrieron las instalaciones del penal y mantuvieron conversaciones con el personal, con los internos y algunos familiares. Luego se comprometieron a buscar las herramientas necesarias para garantizar los derechos de los detenidos, jerarquizar la tarea del personal penitenciario y optimizar el aprovechamiento de la infraestructura.
Varios penitenciarios del penal de Roca también se encuentran cooperando para reorganizar el funcionamiento de la cárcel cipoleña.
Ayer, Sandoval aseguró que lo del viernes no fue un reclamo hacia la intervención. Dijo que en ningún momento se descuidaron las guardias internas y externas y describió la situación como una «serie de reuniones, de la que también participaron los gremios».
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