Mediante una ley sancionada a instancias de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, a comienzos del 2011, se creó una comisión de verdad o esclarecimiento destinada a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de la dictadura cívico-militar que ocupó el poder entre 1964 y 1985. Días atrás, en Brasilia, dicha comisión fue puesta en funciones. Se trata de un organismo integrado por siete miembros, ninguno de ellos perteneciente a organismos de derechos humanos, dotado de facultades para citar testigos y sospechosos, solicitar archivos y esclarecer los delitos entonces perpetrados.
La ley en cuestión prohíbe expresamente presentar las investigaciones que pudiera llevar a cabo la comisión ante el Poder Judicial, pues reconoce la vigencia de la amnistía decretada en 1979 por el presidente de facto Joao Baptista Figueiredo. Sin embargo, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, viene afirmando su intención de hacer respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los delitos de lesa humanidad no pueden ser alcanzados por ninguna amnistía. De ese modo, aspira a superar los obstáculos legales que a la fecha impiden concretar cualquier iniciativa persecutoria.
Las comisiones de verdad o esclarecimiento suelen ser consecuencia de iniciativas gubernamentales destinadas a hacer frente a los crímenes cometidos en el pasado. A punto tal de ser percibidas como un paso indispensable para posibilitar la puesta en marcha de programas de reparación para con las víctimas.
Hasta comienzos del 2000 habían sido establecidas alrededor de 21 comisiones de la verdad. Las más trascendentes, sin embargo, teniendo en cuenta su impacto en el proceso de transición política, así como la atención nacional e internacional que recibieron, fueron las fundadas en la Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica.
Las razones por las cuales se instituyen difieren según el escenario social del que se trate. Algunas se basan en la necesidad de lograr las condiciones necesarias para una reconciliación nacional y, a base de ello, a cerrar el debate sobre un pasado conflictivo. Otras son ideadas como un paso previo a una futura persecución penal, permitiendo a los nuevos gobernantes tomar distancia del régimen anterior y fundar una nueva era en materia de respeto a los derechos fundamentales.
Pueden estar orientadas a descubrir, clarificar y reconocer formalmente los abusos cometidos en el pasado; a responder a alguna específica necesidad de las víctimas; a establecer condiciones de justicia y mecanismos de responsabilidad; a subrayar responsabilidades institucionales y recomendar reformas; y a promover la reconciliación y reducir los conflictos suscitados a partir de las lecturas de sucesos recientes.
No menos importante resulta su función relativa a establecer un adecuado registro de los hechos sucedidos, clarificar los eventos inciertos y dejar caer el manto de silencio y negación respecto de un período conflictivo y doloroso de la historia transcurrida. De tal modo, la distinción entre «conocimiento» y «reconocimiento oficial» constituye un punto de inflexión en la medida en que este último sea capaz de ofrecer una respuesta a los diversos modos del negacionismo.
En términos personales, las narrativas acerca del dolor transcurrido en un determinado contexto histórico nos acercan a los demás y nos permiten generar una cierta empatía con las víctimas y sobrevivientes. Los informes elaborados por las comisiones de verdad o esclarecimiento representan, en tal sentido, la emergencia de una pluralidad de voces hasta entonces no escuchadas ni tenidas en cuenta.
En ocasiones puede resultar difícil y controversial la búsqueda de un lenguaje afinado para representar el mal radical, en tanto solemos carecer de categorías semánticas o de un marco moral que permita expresar adecuadamente ciertas clases de maldad. Sin embargo, pese a las limitaciones narrativas, estas comisiones suelen dar lugar al relato de aquellos que han sufrido esas manifestaciones en carne propia, o en la de sus familiares y amigos. Lo cual confiere a quien escucha la posibilidad de recibir la carga emocional y la voz de los oprimidos por el dolor, potenciando así los efectos terapéuticos de la acción de dar testimonio.
Al poner en funciones a la comisión, la presidenta Rouseff afirmó que el «Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad factual aquellos que perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen siempre y cada día. Un país no merece tener hijos sin padres, padres sin tumbas, tumbas sin cuerpos».
(*) Juez Penal
