Algunos legisladores santafesinos han propuesto desfederalizar los delitos de tenencia y comercio al menudeo de estupefacientes para que sean investigados y juzgados por funcionarios del Poder Judicial santafesino en vez del Federal. Para sus propulsores, como actualmente no hay una pronta y adecuada respuesta estatal a este flagelo, con el simple dictado de una norma se multiplican los panes facultando a intervenir a la estructura judicial provincial, cuya composición y distribución territorial es superior a la federal y, de ese modo, superar la lejanía y, entre otras cosas, lograr la recuperación del adicto. En las siguientes líneas me permito un abordaje de la racionalidad de la propuesta (coherencia interna, eficiencia entre medios y fines y compatibilidad constitucional).

Primero, es intrínsecamente inconsistente. Por un lado, se dice que el fenómeno de consumo y tráfico de estupefacientes amenaza la estabilidad, seguridad y soberanía de un Estado (nuestro país suscribió numerosos tratados internacionales en tal sentido y la propia Corte Suprema de Justicia nacional avaló la competencia federal excepcional) y, por el otro, se propone que no sea el Estado nacional quien se ocupe del tema, sino el Estado provincial. Además, se pretende mayor intervención punitiva para recuperar al adicto, cuando tenemos jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la tenencia para consumo personal y dicha finalidad no podría jamás ser lograda por la actuación de un juez (cualquiera sabe que coactivamente no se tratan las cuestiones de salud) y mejor sería potenciar el acceso al sistema de salud pública.

No es adecuado hablar de flagelo, no se trata de una plaga divina. Si se cataloga al fenómeno así: ¿qué reglas no excepcionaríamos para enfrentar un azote que envía, nada más y nada menos, que el mismísimo Dios? La cuestión debe ser reconducida racionalmente: existe una demanda de consumo de sustancias nocivas que afectan la salud ante la cual se montó un comercio ilegal fruto de la prohibición de la oferta. Visto de un modo desmoralizado, se puede pensar en diversas estrategias verdaderamente efectivas que traten la demanda en el ámbito de la salud pública con la lógica de disminución de riesgos y encaren el comercio ilegal con la táctica de desbaratamiento de cualquier economía delictiva a gran escala.

Segundo. La solución que se propone no es eficiente porque hay un yerro de diagnóstico. Los magros resultados en la persecución penal del tráfico no obedece a que hay pocos jueces federales sino a cómo la policía provincial administra el fenómeno. El proyecto es funcional al discurso policial que pretende cambiar jueces federales por provinciales, de quienes esperan menos trabas para la obtención de órdenes de allanamiento y detenciones de sospechosos. Es necesario señalar que, sean los jueces federales o provinciales, todos son jueces de la Constitución y se espera de ellos el respeto a las garantías individuales de cada ciudadano (eufemísticamente llamadas «trabas»); que sean estos funcionarios judiciales pocos o muchos, no hace a la cuestión porque es la misma policía que actúa hoy en día la que está en cada rincón del territorio y ve, no ve o mira para un costado; nada impide a esa policía hacer investigaciones serias y conforme a la ley que den cuenta de los kioscos de droga y dealers menores para ser llevados ante la justicia; y que el fenómeno del tráfico de estupefacientes es una cadena de comercialización y no parece que beneficie la investigación penal (sino a quienes controlan en la calle el comercio ilícito) la bifurcación de la misma colocando algunos eslabones bajo contralor de jueces federales, y otros, de jueces provinciales (lo que generará problemas adicionales de competencia en detrimento de la rapidez que se espera de una investigación y juzgamiento).

Dicho ello, parece lógico concluir que el sólo cambio de competencias judiciales no aportará demasiado al resultado buscado (basta con ver el nulo cumplimiento del objetivo perseguido en provincia de Buenos Aires que provincializó la persecución del tráfico al menudeo en 2005) pero, eso sí, en un contexto en que el ex ministro de Seguridad (Leandro Corti) había reconocido lo que es público y notorio, la vinculación entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, mucho podría aportar a que la zorra se maneje más a gusto dentro del gallinero.

Digo también que se toma livianamente la cuestión de los recursos. Fácil y barato es dictar una ley, difícil y costoso es implementarla con los resultados esperados. El proyecto propone gestionar la transferencia de recursos nacionales y, en cualquier caso, atender la inyección de nuevos casos con los recursos humanos y materiales actuales. No parece prudente la medida en momentos en que el gobierno provincial no logra que la Nación le salde algunas deudas y la justicia provincial está colapsada y atravesando un proceso de reforma cuyos principales retenes son presupuestarios.

Tercero. La desfederalización al gusto de cada provincia es de dudosa constitucionalidad. Una reforma tal, altera y lesiona el deslinde de competencia consagrado en los artículos 121

y 116 de la CN (no puede

alterarse por acuerdos entra

Nación y Provincia aunque se dicte una ley infra-constitucional) y contraviene las características definitorias de la competencia de excepción (que quedaría supeditada a una suerte de autonomía de la voluntad), más allá que se pone en jaque el principio de igualdad y de juez natural (inclusive hay fallos en tal sentido de la justicia bonaerense).

En conclusión, destaco y alabo la preocupación de los representantes del pueblo en buscar la solución a los problemas que aquejan a la comunidad pero la propuesta formulada al seno de la Legislatura provincial, y analizada en esa nota de opinión, no tiene la potencialidad de hacerlo.

(*) Defensor Regional Rosario del Servicio Público Provincial de Defensa Penal

fuente http://www.lacapital.com.ar/opinion/Desfederalizar-no-es-lo-mejor-20120906-0013.html