La visita oficial de Daniel Scioli a Bahía Blanca por el Día de la Industria tuvo ciertas peculiaridades. Por razones ajenas a su voluntad, no fue recibido por el intendente, Gustavo Bevilacqua. Sin embargo, el gobernador cumplió allí una variada agenda: entregó escrituras a lugareños, estuvo con los administradores del puerto local y firmó un convenio para reciclar líquidos cloacales, además de presidir un acto de la Unión Industrial. Allí sorprendió a los presentes –en su mayoría, empresarios– con un anuncio: “Los sujetos que no puedan justificar la portación de armas, quedarán presos”. En ese momento –era el mediodía del 3 de septiembre– su mente estaba atrapada en Lanús.
Es que dicho municipio se había convertido en el polvorín de su gestión. El día anterior, la muerte a tiros de la jubilada Alicia Dubau, de 64 años, había desatado una ola de indignación vecinal. Primero frente al hogar de la víctima; luego, ante el edificio comunal. Entre los más exaltados, resaltaba un tipo con un cartel que reclamaba: “¡Control de la natalidad!”. Había estrenado esa pancarta diez días antes, cuando la indignación vecinal se encendió por la muerte a tiros del jubilado Juan Bautista González, de 74 años. Pero nada había sido comparable al efecto ciudadano del asesinato de Daniel Capristo, en otoño de 2009. Aquella vez, una turba de vecinos golpeó con sumo salvajismo al fiscal Enrique Lazzari, debido a una desafortunada frase suya sobre el autor del hecho: “Es un menor, y no se puede hacer mucho”. Por aquel entonces, la respuesta más nitida del gobierno provincial consistió en impulsar la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes.
Ahora, mientras el superministro Ricardo Casal prometía el envío a la zona de una task force integrada por 300 efectivos policiales, Scioli insistía ante el empresariado de Bahía Blanca con su proyecto de limitar las excarcelaciones para usuarios de armas ilegales. Un santo remedio que, horas después, explicaría en detalle el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín. Al respecto: sus palabras fueron: “El proyecto se orienta a rescatar una legislación que ya está en el Código Penal desde 2004”. Se refería a la reforma ideada nada menos que por Juan Carlos Blumberg.

El regreso del disciplinador. Ese hombre pálido, con rictus doliente y dicción incierta llegó a ser, tras el asesinato de su hijo, Axel, la esperanza blanca de la mayoría silenciosa. Un verdadero fenómeno mediático que supo sumar multitudes en las cinco marchas que convocó entre 2004 y 2006. Rodeado de conspicuos dinosaurios como el ministro de la dictadura, Roberto Durrieu, y el duhaldista, Jorge Casanovas, cinceló su imagen con miras a un cargo electivo. Así fue como, en las elecciones de 2007, fue candidato a gobernador bonaerense en la lista del entonces mandatario de Neuquén, Jorge Sobisch. En una entrevista concedida el día anterior al comicio, Blumberg contó un diálogo con su hijo. “Yo una vez le decía a Axel que pienso que aquí debería haber un voto calificado. Que la gente debería votar según su nivel de educación y ese voto vale dos o tres.” Esto lo hizo blanco de críticas y burlas. Lo cierto es que su ensoñación política culminó con el 0,89 por ciento de los votos. En ello incidió la desilusión del espíritu público ante su falsa condición de ingeniero. Tras semejante fracaso, se corrió de la escena.
Su ostracismo se prolongaría por un lustro. Ahora Blumberg está nuevamente entre nosotros. La excusa: la participación –luego desmentida– de los hermanos José Jerónimo y Carlos Saúl Díaz, dos integrantes de la banda que secuestró y asesinó a Axel, en actividades promovidas por el Vatayón Militante en el penal de Ezeiza. Dicho rumor hizo que Blumberg volviera a fatigar micrófonos y estudios de televisión.
En una entrevista publicada por Miradas al Sur en su edición del 26 de agosto, sintetizó su parecer en tal sentido: “¡Que los presos se ganen el pan! ¡No bailando, tocando una murga, no sé si me entiende! Eso es un disparate, no me entra en la cabeza, ¡un jefe de un servicio penitenciario no puede estar tocando el tambor con ellos! ¡No les pagamos a los jubilados, no hay para remedios, y a los presos los mantenemos cobrando jornales! ¿Usted sabe que hay cárceles en Estados Unidos que a los presos les cobran? Por la comida, por todo. Les cobran.
–Aquí sería imposible. La mayoría de los presos son muy pobres.
–Bueno, por eso: ellos tienen que trabajar, trabajar.
Es curioso que el legado jurídico del autor de estas reflexiones siga incólumne.En resumidas cuentas, la reforma al Código Penal que propició a través de una increíble constelación de factores fue un despropósito hasta para la lógica pura. Por caso, un acusado de robar gallinas en reiteradas oportunidades era pasible de una pena más severa que un homicida primerizo. No obstante, en este modelo se basa justamente el proyecto de ley del gobierno bonaerense para malograr el poder de fuego del hampa.

La ley del revólver. En su anuncio sobre el nuevo régimen de excarcelaciones, el subsecretario Albarracín sostuvo: “Se apunta es a seguir potenciando todas las acciones tendientes a desarmar a quienes tienen armas para delinquir. No solamente se va a trabajar en un reempadronamiento, sino también en tener más firmeza con esas situaciones con las que nos encontramos, que son personas que están portando armas ilegítimamente, y la mayoría de las veces se trata de armas que han sido sustraídas, con la numeración limada”. Albarracín subrayó una y otra vez que “los cambios apuntan a castigar -tanto con la no excarcelación como en el aumento de las condenas- a las personas que sean sorprendidas en un robo con armas no genuinas”. Un cronista, entonces, le formuló la siguiente pregunta: “¿Si un delincuente comete un asalto con una pistola de la cual es legítimo portador recibirá, en consecuencia, una condena más leve?”. El funcionario optó por no responder.
A sólo días de haberse publicitado esa iniciativa del Poder Ejecutivo, muchas personalidades políticas y organismos de derechos humanos han expresado su repudio al respecto. Entre otros, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
En un comunicado difundido esta semana, se puntualiza:
“La iniciativa de ningún modo contribuirá a resolver los problemas de violencia o inseguridad. Este proyecto implica reinstalar las políticas que llevaron a una crisis penal, judicial, de hacinamiento carcelario y violaciones a los derechos humanos. Esta medida no contribuirá a mitigar los índices de la violencia urbana. Por el contrario, agravará aun más la crisis penitenciaria. Esta decisión redundará en el incremento de detenidos en un sistema ya colapsado, en especial por personas detenidas con prisión preventiva, es decir, legalmente inocentes hasta tanto no medie condena”.
Visto desde el sentido común, este proyecto de Scioli es otro de los anuncios sobre endurecimiento penal que suelen ser remitidos a la Legislatura en los momentos de máxima sensibilidad social. Una vieja costumbre bonaerense.

fuente http://sur.infonews.com/notas/scioli-apela-al-legado-de-blumberg