En este momento de caldeado debate público el nombre de Alberto Binder aparece ubicado en un lugar interesante y algo exótico. Y es porque los sectores políticos enfrascados en una discusión frenética, caracterizada por abundancia de chicanas y el bajo nivel técnico, lo reconocen como un voz autorizada en sistemas jurídicos y de seguridad. Tanto es así que el jueves lo convocó el Centro de Estudios del Frente Progresista para disertar ante el gabinete de seguridad del gobierno de Antonio Bonfatti. Y hoy a las 10 hará lo mismo en la Sede de la UNR, en Maipú 1065, en un espacio afín al kirchnerismo, al que invita el diputado nacional Agustín Rossi. ¿Una paradoja? Binder dice que no, en tanto son espacios coyunturalmente enfrentados pero con una mirada sin divergencias mayores en los temas que alimentan esta perdurable polémica.
«Estos son los momentos en que se pone a prueba la capacidad para trascender la coyuntura. Hay algo común a ambos espacios que es el Acuerdo de Seguridad Democrática (ADS), que firmaron (Hermes) Binner y (Agustín) Rossi, para trascender diferencias en políticas de seguridad. Los del presente son los debates de la democracia. Pero tenemos que comenzar a bajarle tensión y neurosis y encontrar puntos de coincidencia y de disenso con más tranquilidad. Nosotros tenemos el compromiso de acompañar a los que firmaron el ADS y por eso acudo ante unos y otros. Ahora cómo terminen componiendo los políticos esta situación de crisis en Santa Fe les compete a ellos», descargó Binder.
—El gobernador Bonfatti denuncia un intento de destituirlo a partir de la detención del ex jefe de policía en una causa penal con pocos elementos de cargo. La oposición acusa al gobierno de no mirar para adentro los problemas entre policía y narcocriminalidad. ¿Cómo trascender esto?
—Reconociendo que estos problemas son comunes. En el nivel nacional hace 20 días tuvimos a la Gendarmería y Prefectura en la calle más que por problemas salariales. En Chubut estuvieron las comisarías tomadas un mes y medio. En Río Negro están en el medio de un intento de reforma para retomar el control de la policía. ¿Qué expresa esto? Que se han derrumbado los mecanismos anteriores de conducción y control policial mientras nos demoramos en construir los nuevos. El que no se de cuenta de que estamos frente a un proceso complejo y pretenda hacer de esto juegos dialécticos incurre en una tontería extrema. Esto lo dije el jueves y lo diré mañana (por hoy). Tenemos que apurar el paso en reformas policiales. Esto vale para el gobierno de Santa Fe y para el gobierno nacional. Aprovechar el momento de traspié para hacer trapisondas sólo lleva al desprestigio.
—¿Cómo trabajar una reforma policial?
—En Buenos Aires hubo una reforma trunca y diez años después seguimos con el problema. En Santa Fe pasó algo parecido. Tenemos un modelo verticalizado donde las cúpulas perdieron liderazgo y control sobre sus propios elementos. Donde la policía perdió profesionalismo y donde los gobiernos no toman en serio la planificación y el financiamiento de las fuerzas de seguridad. En este marco no hay un plan nacional claro para las distintas formas de control del narcotráfico. No aparece un plan en el gobierno federal y en eso tiene razón el gobernador Bonfatti. Pero al mismo tiempo esto afecta a los pueblos más pequeños de todo el país.
—Lo que dice Bonfatti es verdad. Pero Santa Fe controla un territorio con 18 mil hombres que deben saber lo que pasa en su jurisdicción. Seguimos tirando la pelota al campo contrario.
—Acá no hay que exculpar a nadie. El socialismo sabe que tendría que haber hecho reformas policiales y profundizado su reforma penal. ¿Por qué no lo hizo? Pasa lo mismo a nivel nacional y provincial: ni bien se recupera un poquito de control sobre las fuerzas de seguridad aparece un sector policial que ofrece pactos espurios y se cae en la tentación de dejar el proyecto bajo la alfombra. El gobierno de Santa Fe no ha tenido la lucidez de darse cuenta de que debió haber seguido a paso redoblado con la reforma policial, de seguridad y del sistema penal. El problema ahora le estalló en la cara. Pero seamos francos: lo que pasa en Santa Fe pasa en todos lados. Acá hay un patrón: las dirigencias políticas, oficialistas y de oposición, no se están tomando en serio las reformas de seguridad.
—Un problema común más allá de la coyuntura.
—Y un problema estructural además. Nuestro diseño judicial, de política policial, de relaciones entre los niveles de gobierno nacional hasta los municipios en esta materia hace agua. Los mercados del delitos se modernizan y se expanden de modos mucho más rápidos que las políticas públicas. La gran tentación es otra vez pretender que ante una crisis de esta magnitud otra vez podemos zafar. Hoy la tentación del gobierno nacional es que van a poder zafar ante todo este malestar radical que hay en las fuerzas de seguridad. Están ocultando problemas de profesionalismo, de la descomposición de la Policía Federal que la están ocultando. Este es el problema de fondo y debe ser hablado con absoluta claridad. Creer que esto se puede saldar diciendo que la responsabilidad la tiene el gobierno federal o la provincia . En términos generales las respuestas ofrecidas por los sectores políticos, y esto se ve en Santa Fe, están muy por debajo de lo esperable por lo complejo del momento. No hablamos de soluciones mágicas. Tampoco de ser chapuceros. Pertenezco al ADS y por eso estoy aquí. ¿De qué nos sirve firmar un acuerdo en un papel que en el momento de la crisis se desconoce? La médula es llamar la atención sobre la necesidad de pactos entre los sectores políticos. Cómo salga Santa Fe de esta coyuntura va a marcar hasta que punto la dirigencia tomó en serio el acuerdo que firmaron.
