Desde el oficialismo vienen apretando fuertemente las marcas para poner en funcionamiento cuanto antes el nuevo Código Procesal Penal. El proyecto que circula hace unos meses buscando cierta adhesión de algunos jueces federales finalmente fue ingresado y puesto a tratamiento de una Comisión Bicameral especialmente conformada. El mayor de los problemas que trae consigo la iniciativa es que propone arrancar con su implementación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, punto que generó una inmediata reacción por parte de algunos funcionarios porteños.
En conversación con Infobae, el fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, anticipó que desde la Ciudad llevarán su reclamo al Congreso para que se dé marcha atrás con esta decisión que considera «una avanzada sobre la Ciudad», o de lo contrario sostiene que llevarán el tema a instancia judicial.
«Se trata de una decisión política y no jurídica: en síntesis decidieron que la Nación va a organizarle el sistema de administración de Justicia a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires», advirtió Ocampo y fue contundente al señalar que en cumplimiento de su rol en defensa de los intereses de los vecinos de la Ciudad, de ser necesario se «llevará el tema a instancia judicial».
«Vamos a agotar todas las vías posibles: en primera medida vamos a formalizar nuestro planteo en el Congreso de la Nación. Si nuestra voz no es escuchada, evaluaremos la posibilidad de presentar acciones judiciales. Como funcionarios de la Ciudad, debemos defender su autonomía». La frase de Ocampo no deja margen a dudas: se buscará instalar un debate profundo, y en caso de fracasar esta vía se dará participación a la justicia. «Hacen esto porque evidentemente cerraron acuerdos con algunos para no plantearlo a nivel federal», disparó al tiempo que advirtió que la «Ciudad tendrá tres Códigos, lo que es una locura».
La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich –integrante de la Comisión Bicameral- tampoco descartó llevar la problemática a manos de la Justicia y advirtió a este medio que junto a su equipo se encuentran analizando la iniciativa. «Vamos a pegarle muy duro a los proyectos. El de implementación demuestra un intento de Justicia paralela, creando una Comisión inamovible donde los que dejan de representar al poder, seguirán siendo miembros de esa Comisión por seis años». En este contexto, Bullrich anticipó que en paralelo se encuentran preparando proyectos propios «donde se detalle cómo se implementaría el Código y de qué manera se va a llevar adelante la transición de un Código al otro».
La diputada también destacó que se presentó una lista de oradores para que expongan y se dé lugar, de esta manera, a un debate amplio, pero también señaló que en caso de que se haga «un simulacro de debate, como suele suceder» se analizarán las estrategias a seguir para frenar el avance del proyecto.
Lo cierto es que el oficialismo busca la entrada en vigencia del proyecto el 1 de agosto, quedando de esta manera poco margen para las instancias de análisis que hoy plantean desde diferentes sectores. El kirchnerismo planea llegar al término de su mandato con la ansiada reforma Procesal Penal dando sus primeros pasos que serán sin dudas contundentes, esto quiere decir: intentando destrabar los 16 cargos de fiscales de Cámara que iban a ser designados mediante concurso por la Procuradora Alejandra Gils Carbó –con el famoso Anexo II- y que fueron frenados por dos amparos –uno de la Asociación de Magistrados y el otro del diputado Mauricio D’Alessandro-. Asimismo se busca con esta movida materializar el ingreso de 1700 cargos de empleados judiciales, que habían sido congelados por el amparo logrado por Julio Piumato, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Frente a esto, algunos cuestionan la posibilidad de designar a fiscales y empleados judiciales para cámaras federales en las que no se pondría en vigencia la reforma, al menos por este año.
Por su parte, desde la Asociación de Magistrados mantuvieron algunas reuniones y, según lo indican las fuentes consultadas, estarían preparando una acción que correría por el carril de la Justicia para echar por tierra la implementación del Código, si se pretende avanzar con el proyecto conforme hoy se lo conoce.
Aplicación escalonada, el mayor de los conflictos
El proyecto señala que el Código Procesal Penal empezará a aplicarse de manera escalonada en diferentes distritos de la Capital. La iniciativa prevé entonces la implementación para la Capital –donde aún no fue completada la transferencia de competencias-, pero nada dice llamativamente sobre el ámbito federal. La Ciudad será dividida en cuatro zonas que –más allá de no ser de igual magnitud- tendrán la misma cantidad de jueces y fiscales, otro de los puntos que sin dudas dará paso a ciertas controversias.
Uno de los aspectos más controvertidos, pero tal vez más seductores de esta ley, refiere a que a los cargos de jueces de garantías se les da rango de juez de cámara, lo que funcionaría –se rumorea en tribunales- como un incentivo para que los magistrados den su conformidad y se plieguen a este nuevo sistema. Cabe destacar que aquellos que no lo hagan quedarán bajo el paraguas del residual de casos que deban seguir avanzando bajo el manto del viejo Código, dado que el nuevo régimen se aplica hacia adelante. «Esto es ni más ni menos que el principio de una justicia paralela«, se quejó una fuente de la Cámara de Crimen.
Según la letra del proyecto: «Los jueces federales y nacionales de primera instancia que intervengan ante la justicia de instrucción en lo criminal y correccional serán promovidos para ser equiparados a Jueces de Cámara, en la medida en que ingresen dentro del régimen progresivo previsto en esta ley para desempeñarse como jueces con funciones de garantía de acuerdo al régimen de la Ley N° 27.063».
Ante los ojos de ciertos analistas, más delicado aún resulta el punto donde se detalla la creación de una Comisión de Implementación y Transición que se encargara de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema para la justicia nacional, pero no para la justicia penal federal. Este se instaló ya como uno de los ejes de mayor conflicto entre los legisladores, dado que la misma estará conformada por nueve miembros que tendrán una vigencia de seis años en su cargo y el mismo será de carácter inamovible.
El verdadero brete de esta cuestión refiere a todas luces a su integración: un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otro de la Cámara Federal de Casación Penal, un integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, un miembro que dispondrá la Procuración General de la Nación y otro la Defensoría General de la Nación. Para completar esta nómina llega el plato fuerte que genera algunos resquemores dado que los cuatro miembros restantes -que estarán ocupando sus cargos por la módica suma de seis años- provendrán del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo de la Nación y del Consejo de la Magistratura nacional, un punto que genera dudas dado que si se tiene en cuenta que en estos 4 organismos habrá cambios de autoridades en tan sólo unos meses.
En este contexto, la diputada Graciela Camaño explicó a Infobae que es llamativo que «los integrantes permanezcan en su cargo durante seis años y que esto se lo de un gobierno que tiene seis meses para irse. De los 9 miembros, quieren dejar implementado un organismo judicial con personajes afines. Asimismo, pretenden armar una megaestructura administrativa con la que se intentará sacar poder a la Corte. Si a esto se suma la idea de ampliar el número de integrantes del tribunal supremo, se trata de un asalto consumado».
Dentro de las funciones de la Comisión estará la de establecer el cronograma de entrada en vigencia del procedimiento previsto por el Código Procesal Penal de la Nación; proponer adecuaciones normativas en los asuntos inherentes a su función a través de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la Nación; diseñar y elevar propuestas de reorganización de los órganos, de readecuación edilicia, de recursos, de cargos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación de la Justicia Penal Federal y Nacional; proponer al Consejo de la Magistratura un plan de distribución del personal existente en el Poder Judicial de la Nación, a medida que finalicen las causas que tramitan de conformidad al régimen procesal penal previsto por la Ley N°23.984.
Así las cosas, a pesar de que el Gobierno llegue a contar en poco más de un mes con el paquete de leyes sancionadas, se plantea como probable que de allí a septiembre se encuentre con un campo minado de pedidos judiciales de amparos y medidas cautelares. Habrá que esperar novedades para una fecha cercana a la feria de invierno, que puede resultar convulsionada como sucedió en el receso de enero pasado.
