A las 16 del miércoles pasado, y en la calle Saldías, a metros del centro administrativo comunal donde el río Luján se vuelve coqueto y está lleno de turistas, una mujer caminaba, despreocupada, con dos pequeños niños. Por detrás de ella, un cerco electrificado y varias cámaras instaladas por los vecinos vigilaban los movimientos del exterior.

La mayoría de las cuadras que circundan el centro cívico poseen seguridad privada. Un fenómeno que no es menor, ya que se estima que en el partido los agentes de vigilancia particular duplican a los uniformados dependientes de la policía provincial; sobre todo los que se dedican a cuidar al 35 por ciento de la población que reside en los barrios cerrados.

A varios kilómetros de ahí, sobre la ajetreada avenida Constituyentes, en la localidad de General Pacheco, buena parte de los comercios trabaja tras las rejas y los comerciantes se quejan por la insuficiencia del patrullaje y la falta de vigilancia en algunos barrios.

«LA TECNOLOGÍA ACOMPAÑA»

En El Talar, uno de los más populosos barrios de Tigre, Olga Piacentino, titular del foro de seguridad vecinal, destaca las virtudes del sistema instaurado por el municipio gobernado por Sergio Massa.

Según Piacentino, que fundó el foro en 1997 luego de una seguidilla de hechos delictivos que marcaron a fuego a su barrio, «la tecnología hace mucho más que varias personas. No todo está resuelto, pero nos sentimos más acompañados», resume.

Desde la Cámara Comercial e Industrial de Tigre consideran que «el proceso que está en marcha en materia de seguridad es muy valioso», tal como opina el responsable de prensa de la entidad, Daniel Chiliutti, quien destacó la colocación de cámaras, la descentralización de fiscalías y la instalación de 3000 botones antipánico para mujeres víctimas de violencia de género. «Obviamente, nunca alcanza, pero acá vemos un plan en marcha y eso es muy importante», apunta el directivo.

 

 

 
Centro de Operaciones Tigre (COT) donde trabajan 300 personas. Foto: LA NACION / Santiago Hafford

 

 

En el corazón de la cápsula hiperconectada del Centro de Operaciones de Tigre (COT), principal bastión de la política de seguridad de Massa, unos 60 operadores por turno observan durante las 24 horas las pantallas; reciben las alertas de botones de pánico o mensajes de texto y redes sociales, que vinculan el sitio con cerca de 15.000 entidades y vecinos adheridos.

El secretario de Protección Ciudadana, Diego Santillán, explica que el trabajo policial se articula con el de los bomberos, Defensa Civil y las ambulancias del servicio de urgencias. Además, el COT cuenta con centrales de Control de Tránsito y Meteorología y una oficina de crisis para el Comando de Emergencias Municipales. Todo el equipamiento se enlaza gracias al tendido de un anillo de fibra óptica que se instaló en el distrito mediante un convenio con una empresa de telefonía.

Consultados sobre los resultados obtenidos hasta ahora, Santillán fue claro: «Bueno, nosotros no hablamos de estadísticas, porque en rigor siempre va a haber una víctima, un familiar para los que los números no explican nada».

Lo cierto es que nadie en Tigre tiene datos globales sobre la evolución del delito. En el Concejo Deliberante, el edil Luis Alberto Cancelo (FAP) se queja porque asegura que hace por lo menos cuatro años que no se difunden guarismos oficiales sobre inseguridad. «Estamos prácticamente igual que antes. Nuestra realidad no dista de cualquier otro punto del conurbano. Acá hay lugares donde te matan, te roban y te violan sin que el Estado pueda impedirlo», afirmó Cancelo.

En algunos barrios de las localidades de Benavídez, Don Torcuato, Ricardo Rojas o Rincón de Milberg, los vecinos reclaman la colocación de cámaras. «Antes la gente te pedía ayudas de otro tipo, hoy te piden que le pongas cámaras, pero eso no es posible», reconoce Santillán.

«Hay una seguridad para la vitrina, para el Tigre turístico y otra para los barrios humildes», sostuvo Félix Britez, un comerciante del barrio Las Tunas.