La Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el Ministerio Fiscal trabajan en la implementación de una prueba piloto en el Fuero Penal, en el marco de un «Plan de Profundización del Sistema Acusatorio» que, entre otros aspectos, incluirá la instalación de oficinas de las Fiscalías en ciudades cabeceras del Interior provincial.
Con el objetivo de avanzar con ese programa, que implicará una reforma del proceso penal vigente en la provincia, el Máximo Tribunal, el Poder Ejecutivo, en la persona del gobernador José Alperovich e intendentes de distintas localidades firmaron ayer un convenio.
El presidente de la Corte, Antonio Estofán, anticipó que el proyecto propone «un despliegue territorial de la Fiscalía, instalando oficinas descentralizadas atendidas por funcionarios y con sede en algunas ciudades cabeceras. Hoy (por ayer) hemos firmado sendos convenios con las Municipalidades de Aguilares, Juan B. Alberdi, la Cocha y Graneros», precisó.
El magistrado explicó que «esta reorganización tiene por objetivos más importantes: garantizar en forma real el acceso a justicia de las víctimas de delitos (denunciar, requerir información sobre el estado de sus trámites, etc.) acortando distancia y disminuyendo costos; interactuar las Fiscalías con los gobiernos municipales en materia de seguridad y controlar, supervisando directamente el accionar de la policía en su rol de auxiliar de la justicia».
Además, indicó que se apunta a «brindar soluciones alternativas a los conflictos penales en casos que no revistan gravedad ni tengan afectación al interés social».
Estofán informó que el Máximo Tribunal firmó un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) que «ya comenzó a las conferencias preparatorias a la ejecución del mencionado plan piloto, que se deberá desarrollar, a lo largo del próximo año 2013, en las jurisdicciones de Concepción y Monteros».
El programa, según precisó, abarca aspectos normativos de tipo reglamentario, conforme a facultades que el actual Código Procesal Penal otorga a la Corte. «Entendemos que durante el desarrollo de esta prueba piloto no será necesario el dictado de leyes, será suficiente la facultad reglamentaria de la Corte», aseguró.
No obstante, Estofán aclaró que «una vez realizada la prueba piloto, aprobada la misma por la Corte y el Ministro Fiscal, para avanzar en la correspondiente reforma del proceso penal en toda la provincia, será necesario llevar a cabo varias reuniones comprometiendo a instituciones y Facultades de Derecho de la provincia. En efecto será necesario que las Facultades referidas, se hagan eco de estas reformas proyectadas y trabajen en los claustros para hacer llegar a los estudiantes todas las particularidades de las nuevas normas legales y el procedimiento actualizado», explicó y agregó que «lo mismo ocurrirá con los Colegios de Abogados».
Estofán destacó el acompañamiento del Poder Ejecutivo «incluyendo ampliaciones de presupuesto necesarias para llevar a cabo esta prueba piloto; lo mismo ocurre con los señores legisladores, varios de los cuales incluso han asistido a algunas de las conferencias que dictaron los especialistas del INECIP», acotó.
El juez supremo sostuvo que «este nuevo desafío asumido por la Corte y el Ministerio Fiscal, forman parte de la política de estado desarrollada desde hace unos años. Otro ejemplo claro de la misma es el envío de los Defensores Oficiales civiles y laborales a las ciudades del Interior, a partir del 19 de octubre de 2009, y que ha significado un éxito rotundo en materia de acceso a Justicia».
Al respecto, apuntó que ese sistema «apura trámites y disminuye sustancialmente los costos para el justiciable, al punto que hoy está radicado en la Legislatura un proyecto creando la figura del defensor Oficial Itinerante, que reemplazará a los actuales en estas visitas y atención en localidades del Interior».
Para finalizar, Estofán destacó que «este proceso de Profundización del Sistema Acusatorio Penal que iniciamos con esta prueba piloto, tiene como último objetivo, contribuir a dar solución al problema de seguridad y a una mayor efectividad de la justicia penal en su respuesta al ciudadano».