Uno de los principales referentes del movimiento Justicia Legítima, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca, recomendó enfocar la persecución penal contra las organizaciones que falsifican elementos de comercialización como indumentaria de marca y discos y películas en DVD, en lugar de hacerlo contra los comúnmente llamados «manteros». Según un dictamen de tres contundentes páginas, «la acción de las autoridades se limita a la detección y represión de los ‘manteros’ o vendedores ambulantes de objetos falsificados, a sacarlos de circulación e incautarse de la mercadería, sin realizar el más mínimo esfuerzo perquisitivo para proseguir hacia arriba en la línea o pirámide delictiva». Traducido: los «perejiles». El eslabón más pobre de la cadena, los ejecutores –generalmente empujados por la necesidad– de una maniobra que beneficia a organizaciones delictivas que incluso llegan a explotar laboralmente a quienes fabrican los productos apócrifos. La justicia se ensaña con ellos, en lugar de «descubrir y desbaratar a las organizaciones que están detrás de la producción de estos productos imitados que, precisamente, emplean a personas de bajos recursos económicos, sociales y culturales para llevar adelante su comercialización ilegal», sostiene el documento.
De Luca avaló el sobreseimiento de los vendedores ambulantes Jorge Villanueva González y Luz Andrade, quienes se ganan la vida con la comercialización informal de elementos que simulan ser lo que no son. Esa conducta representa una «insignificante lesión al bien jurídico que ellos pretenden proteger». Es decir, no le causan a los dueños de las marcas, generalmente líderes, un perjuicio económico de gran magnitud.
«El fenómeno se refiere a personas que instalan puestos precarios, con mantas o aprovechando alguna comodidad en la vía pública, donde ofrecen a la venta diversos productos… No tengo otra opción que desistir del recurso, pues en este caso, la escasa cantidad de elementos secuestrados y la forma precaria en los que estos fueron confeccionados, me convencen que la conducta investigada no constituye un delito que infringe la ley federal de marcas», resumió.
El fiscal comparó la lógica de la persecución penal con la que se aplica en los casos de narcotráfico. «Todo se reduce a lo mismo que ha ocurrido con la llamada ‘lucha contra las drogas’, donde se ha teorizado inclusive que debe perseguirse a los consumidores porque, al ser los últimos eslabones de la cadena delictiva, con su represión se ‘atraerán’ (tirando de esa cadena, valga la redundancia) hacia nosotros a los productores y comercializadores». Los tribunales federales están abarrotados de expedientes en los que aparecen imputados consumidores o revendedores de pequeña monta, pero rara vez los grandes traficantes. «Si esto no fuese un asunto muy serio, realmente asombra por su candidez.»
Con todo, el dictamen no fogonea la despenalización de la venta de productos falsificados. Por el contrario, reconoce que es una práctica ilegal.  «

 

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