El tratamiento de la reforma del Código Procesal Penal que estamos abordando en el Senado se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destinadas a modernizar el sistema jurídico y ponerlo al servicio de todos los argentinos.
La decisión de avanzar en una nueva institucionalidad que dé cuenta de las transformaciones sociales y culturales que ocurrieron en los últimos años se ha materializado en distintas iniciativas, como la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, el Digesto Jurídico, la democratización del ingreso al Poder Judicial y el proyecto del Código Penal, entre otras.
El nuevo Código de Procedimientos Penal tiene como característica principal el paso de un sistema inquisitorio que dirige el juez a un sistema acusatorio mucho más democrático y moderno en el que la investigación es conducida por el fiscal, siendo el juez quien decide y juzga.
Por otro lado, la oralidad de todas las decisiones en audiencia pública, la publicidad de las mismas, la agilidad y celeridad de los procesos y la participación predominante de la víctima implican un avance y mayor transparencia frente al actual procedimiento escrito, lento, burocrático y sin el control de las partes.
La demanda por esta reforma ha sido casi unánime por parte de juristas y académicos, jueces federales, y también de la mayoría de los sectores políticos con representación parlamentaria que desde la recuperación democrática han presentados proyectos de reforma en el mismo sentido.
Pero además, y principalmente, es la sociedad la que reclama a quienes tenemos responsabilidades institucionales ante la insatisfacción y decepción que genera el sistema actual.
Por eso celebro el intenso debate que hemos dado en el Senado, que ha contado con la participación de especialistas y funcionarios judiciales que conocen el funcionamiento del sistema acusatorio actualmente vigente en 17 provincias. Hemos elaborado un dictamen que ha recogido muchas de las observaciones realizadas por los distintos sectores, logrando mejorar el proyecto original, por lo que estamos en condiciones de dar un salto de calidad en una verdadera política de Estado tendiente a democratizar el sistema judicial.
Con la sanción de esta reforma estaremos saldando una deuda con la democracia, acercando la justicia a los ciudadanos y cumpliendo con el mandato constitucional, en la convicción de seguir construyendo una sociedad más segura y cada vez más justa.
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