Asociación por los Derechos Civiles, CELS, Fundación Poder Ciudadano, FARN, INECIP y Unión de Usuarios y Consumidores.
A continuación se identifican algunos de los problemas más graves que afectan el funcionamiento de la Corte Suprema, las soluciones que esos problemas demandan y las responsabilidades concretas de quienes tienen el poder de llevar adelante estos cambios. Si bien estas medidas sólo se refieren a la Corte, ellas deben ser consideradas tan sólo como el punto de partida para un programa integral de reforma del sistema de justicia. Este programa debería contemplar, entre otras cuestiones, cambios profundos en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Cámara de Casación Penal y la justicia penal federal en su conjunto. Asimismo, debería examinar la pertinencia de nuevos órganos como una Cámara de Casación en materia civil y un Tribunal Constitucional y las posibles reformas en los sistemas procesales, en el mecanismo de selección y remoción de los jueces y en el régimen de administración y gestión del Poder Judicial.
Por eso las propuestas aquí sugeridas no suponen sustanciales cambios institucionales y mucho menos un mayor presupuesto. Unicamente requieren voluntad política, no sólo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también del propio Poder Judicial, y especialmente de la Corte Suprema de Justicia.
