Desde la suspensión de Baltasar Garzón como juez, se advirtió que el entramado destructivo era muy complejo y sólido. Los hilos del poder profundo de “una de las dos Españas que te hiela el corazón”, al decir de Antonio Machado, fueron tejiendo la red que daría caza al juez mediante la condena y destitución.
El argumento formal era cuestión secundaria. Escogieron tres motivaciones, y de ellas una para dar el zarpazo definitivo: la del llamado caso Gürtel, que tiene que ver con la investigación que llevaba Garzón por casos de corrupción del partido gobernante, el PP, en sus manejos de las comunidades autónomas de Valencia y Madrid por él gobernadas.
Pero el fundamento legal no resiste un análisis serio. Cualquier juez puede dictar medidas opinables que se modifican en instancias superiores. Sean allanamientos, intervenciones telefónicas o detenciones. Si así se analizara todo, tendríamos que acusar por prevaricación a jueces que deciden de un modo luego revisado. Además, el propio juez que remplaza a Garzón mantuvo la intervención telefónica objetada, y su testimonio no fue aceptado como prueba en su defensa.
Por eso no podemos detenernos en ello. Hay que descorrer el velo para saber qué hay detrás, como el juez Salvador María Lozada lo hacía hace tres décadas en relación al monopolio de Swift /Deltec.  Acá hay que ver más allá de lo aparente: qué tenemos detrás del juicio y destitución de Garzón.
Los jueces pueden ser burócratas a sueldo, que no hacen olas, no confrontan con el poder (económico, político, eclesiástico, militar, periodístico), o ser justos y aplicar la ley a cualquier poderoso. Sobradas muestras de esto dio Garzón en investigaciones contra el narcotráfico, mafias, terrorismo, monopolios, etcétera. Pero también avanzó en la aplicación de un principio vigente pero no utilizado: la jurisdicción universal. Si un crimen contra la humanidad no es juzgado en su país de comisión por existir impunidad o falta de ejercicio jurisdiccional, se puede juzgar en cualquier otro país del mundo. Así, frente a las leyes de impunidad e indultos de la Argentina, y cuando no se había habilitado la investigación en Chile, avanzó en la aplicación de aquel principio para conocer la verdad y aplicar justicia. Su prioridad fue siempre proporcionar justicia a las víctimas y sus familiares, sin importar a quién se afectaba. La detención de Pinochet, de Scilingo y las órdenes de captura contra represores argentinos marcaron un rumbo definitivo en el principio de jurisdicción universal, avalado por el pleno de la Audiencia Nacional en 1998.
Esa actividad tuvo sus complejidades y obstáculos, pero los pudo sortear. Y también abrió la investigación de los atentados del 11 M de 2004 en Madrid, mostrando al mundo que a diferencia de Estados Unidos, los casos como estos podían juzgarse dentro del Estado de Derecho y no con sistemas ilegales como las detenciones sin juicio y con torturas, como lo hacía y hace Estados Unidos. Precisamente sobre casos de Guantánamo abrió causas Garzón para esclarecer hechos denunciados.
La gran asignatura pendiente eran los crímenes del franquismo, que según el derecho internacional y de los Derechos Humanos son de lesa humanidad, y por tanto no pueden ser amnistiados. La desaparición forzada de personas, la apropiación de niños, los fusilamientos, las fosas comunes, todo ello como parte de un plan sistemático del franquismo por fuera de la guerra civil.
Esto desató la furia de los sepulcros blanqueados, y comenzó a tenderse la red que mencioné al principio. Diría García Lorca: “Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir”.
Allí está la razón de esta condena. Y es una voz de alerta que va más allá de Garzón. Se busca disciplinar a todos los jueces para que nadie se atreva a invadir terrenos garantizados de impunidad.
Baltasar Garzón es consultor académico de la Comisión Provincial por la Memoria. Los integrantes lo respaldamos al compañero y amigo con nuestra más plena y profunda solidaridad ante esta incalificable injusticia.